La discriminación del presupuesto

Apuntes para el 12 de octubre santafesino.

Por Carlos del Frade (*)

El presupuesto de la provincia de Santa Fe para el año 2022 tiene destinados recursos para “Comunidades Originarias” por 27.587.000 pesos.

El Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 identificó que 48.265 personas se reconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena en la provincia, de éstas, 24.751 son varones y 23.514 son mujeres, indicando pertenecer a los pueblos Corondá, Qom (o Toba), Mocoví (o Moqoit), Kolla, Mapuche, Diaguita Olongasta, Quechua, Comechingón, Calchaquí y Guaraní.

Aunque ese número de personas no está actualizado, si se dividiera los 27 millones de pesos y chirolas adjudicados en aquella partida para “Comunidades Originarias”, representaría solamente 571,57 pesos para cada una de ellas durante todo el año 2022.

Una vergüenza.

Una discriminación que continúa.

Por otro lado, a través del proyecto de comunicación 42.904, presentado el 16 de abril de este año, preguntamos si se han restituido, tal como lo dice el texto de la ley provincial 12.086, bajo la forma jurídica de adjudicación que corresponda a las comunidades aborígenes nucleadas por la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe y otras comunidades de la provincia, lotes fiscales y parcelas de islas fiscales, propiedad del superior gobierno de la provincia, sancionada el 28 de noviembre de 2002 y ratificada por el decreto 813 del 11 de mayo de 2007.

Queríamos saber entonces y ahora, información de lotes fiscales y parcelas restituidos a las comunidades originarias desde 2002 a la fecha. Ubicación de las mismas.

Cantidad de lotes fiscales y parcelas que todavía no fueron restituidos a las comunidades originarias de la provincia de Santa Fe. Motivos de la demora en cumplir con la ley 12.086.

Si existe en el gobierno algún organismo que controle el cumplimiento de la ley mencionada y la cantidad de personas que, en 2021, componen las comunidades originarias en el territorio de la provincia de Santa Fe.

Por ahora no tuvimos respuestas.

Aquella ley 12.086 autorizaba al Poder Ejecutivo “a restituir, bajo la forma jurídica de adjudicación que corresponda, a las Comunidades Aborígenes nucleadas por la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE) y otras comunidades de la Provincia, lotes fiscales y parcelas de islas fiscales, propiedad del Superior Gobierno de la Provincia”, de acuerdo a lo establecido en artículo primero de aquella norma sancionada el 28 de noviembre de 2002 y ratificada por el decreto 813 del 11 de mayo de 2007.

Por otro lado, “las adjudicaciones a las Comunidades Aborígenes de los lotes y parcelas de islas fiscales a que se refiere el Artículo 1º de la presente ley, se realizarán en el marco de la Ley Provincial Nº 11.078, con carácter de reparación histórica como Pueblos originarios y preexistentes a la Nación”.

También decía la ley que “las adjudicaciones autorizadas por el Artículo 1º de la presente ley, se realizarán de manera gratuita y libre de ocupantes, en forma comunitaria o individual, según el interés de cada grupo o comunidad. Se propenderá a que dichas tierras estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad o zona más próxima, siempre con el consentimiento libre y expreso de la comunidad”.

Más tarde fue creada la Comisión de Adjudicación, integrada y coordinada de conformidad a las disposiciones del artículo 6° del Decreto N° 2876/05. Y todo fue ratificado por el decreto 813 del 11 de mayo de 2007.

A partir de ese momento, esta banca no tiene datos certeros sobre la restitución efectiva a todas las comunidades originarias de la provincia de Santa Fe.

Es necesario reparar en que no menos del 56 por ciento de los argentinos es de origen amerindio, según un estudio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, realizado con muestras de ADN tomadas al azar a 12.000 personas de diferentes provincias argentinas.

Este nuevo 12 de octubre, a la luz de las partidas asignadas específicamente en el presupuesto 2022, las personas de las comunidades originarias que viven en Santa Fe volverán a sufrir el peso de la discriminación.

(*) Periodista, historiador y diputado provincial por el Frente Social y Popular.