A once años de su sanción, aún queda un camino por delante para que la legislación que contempla los derechos de las personas en relación a la salud mental sea plenamente efectiva.
El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, una jornada para reflexionar qué entendemos por salud, cómo nos paramos ante el sufrimiento ajeno, cuáles son las herramientas colectivas que generamos para acompañar situaciones de angustia. Hace 11 años, nuestro país cuenta con una ley –la 26.657– que reconoce los derechos que nos asisten en relación a nuestra salud mental.
Dopados, histéricas, desequilibrados, chiflados, insanas, incapaces: las palabras adjetivan ese borde de la norma. El manicomio no son solo cuatro paredes, también está en el lenguaje y en los criterios que durante muchos años hegemonizaron la medicina y el derecho. Hacia principios de siglo, los hospitales psiquiátricos se construyeron como reductos para las personas que debían ser encerradas, disciplinadas, ocultadas. ¿Quién no sintió un escalofrío con aquel cuento de García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono, donde una joven queda por error y para siempre encerrada en un psiquiátrico?
De la década del 40 data la construcción del Hospital Mira y López en Santa Fe. Su ubicación extramuros, en tiempos en que el norte de la ciudad eran puras quintas, y la cercanía con la cárcel de Las Flores son un indicio del criterio expulsivo de una sociedad que veía en la locura una amenaza. Fue gracias a la lucha de quienes trabajan en ese tipo de nosocomios -llamados monovalentes- y de diversas organizaciones de la sociedad civil, que desde 2010 Argentina cuenta con una ley que reconoce el marco de derechos que asisten a quienes sufren alguna crisis en relación a su salud mental.
Juan Pablo Hetzer es psicólogo (Mat. 655). Trabaja en el Mira y López desde 2005, en el Servicio de Psicología Infantojuvenil. Se desempeña en consultorios externos, en internación y en la ludoteca que funciona hace diez años en el hospital y en el centro de salud Las Lomas. También es militante sindical en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus). “Entre la sanción de una ley y su efectivo cumplimiento, suele haber un abismo”, afirma en diálogo con Pausa. El profesional recuerda que la ley puso de manifiesto “la enorme vulneración de los derechos humanos de las personas internadas por sufrimiento psíquico”.
«Una crisis en salud mental no es un rótulo para toda la vida»
En efecto, la ley 26.657 propone otro paradigma respecto a la asistencia y el cuidado de las y los usuarios del sistema de salud mental. Por ejemplo, el derecho a recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; también a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
“Para que esta ley pueda cumplirse de modo efectivo, de máxima lo que tiene que haber es un país con pleno empleo”, define Hetzer. “Si la ley pone en el centro que la salud mental está ligada a ejercer el derecho a un trabajo, a una vivienda y otros derechos sociales, económicos y culturales, lo que pone en el centro es que la salud tiene otros determinantes”, explica. Los límites del hospital como institución se ensanchan ante ese desafío, más aún en un país donde el 40,6% de la población es pobre. “Eso no se resuelve desde un hospital: no podemos pensar a la salud mental desde una única institución. Tiene que ver con cómo se arma un sujeto en comunidad, qué relaciones establece, a qué se afilia un ciudadano”, completa el entrevistado.
Contra la lógica del manicomio
La ley de salud mental prohíbe expresamente la apertura de instituciones de confinamiento y encierro para las personas con padecimientos psíquicos. Pero, además, insta a la creación de las llamadas “políticas sustitutivas”: dispositivos comunitarios como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo o centros de capacitación socio-laboral. El manicomio es la cuestión a desterrar en las lógicas de atención.
En ese sentido, Hetzer afirma: “Lo manicomial no existe solo en la institución, lo manicomial es la política de exclusión, el desempleo crónico; tiene que ver con llegar tarde”. En sus palabras, “es una lógica que apunta a la destitución subjetiva”. Para el profesional, pensar en la aplicación efectiva de la ley implica “un posicionamiento ético y político, ligado a cómo concebimos los derechos humanos”. El terapeuta cuenta que “como trabajadores muchas veces nos encontramos discutiendo con las diferentes gestiones de turno” porque “hay decisiones políticas que se encuentran alejadas de las personas usuarias del sistema de salud”.
Actualmente, en la sala de internación del Mira y López hay 40 usuarios que viven en el hospital. La normativa señala que el hospital no es un lugar para vivir: la respuesta desde el Estado debe ser garantizar el derecho a la vivienda, al trabajo, a la inserción de la persona en su comunidad. “Hay una lucha constante ente lo manicomial y lo que viene a liquidar esa lógica. Es una pelea con final abierto”, dice Hetzer. “La transformación del manicomio depende de decisiones políticas y del posicionamiento ético, político y clínico de los trabajadores”, insiste.
Para Hetzer, la falta de datos epidemiológicos sobre las problemáticas actuales en salud mental en la provincia, genera respuestas “a demanda y desde lo farmacológico”. En ese sentido, entiende que “si la única oferta del Estado es el centro de salud, la policía y la medicación, ahí hay un problema más macro”. Ese problema macro es la falta de otras políticas contra la exclusión.
“Como trabajadores de salud tenemos esa tarea: poner en agenda a las gestiones aquello que tiene que ver con la vulneración de los derechos”, dice Hetzer. El profesional advierte que “la mayor parte del presupuesto del hospital está destinado a medicación”. Y agrega: “Esa lectura de solo responder con medicación al sufrimiento de la población es el recrudecimiento del manicomio”.
Hoy el hospital Mira y López, creado en sus orígenes para la atención específica de las problemáticas de salud mental, se encuentra en el proceso de desterrar el manicomio, algo que se revela como un desafío complejo. “La clave es no tornarse indiferente ante el sufrimiento del usuario del sistema de salud mental”, dice Hetzer. “Si te atiendo cinco minutos, no te miro a la cara y te doy una receta para que te vayas, eso hace a una asistencia manicomial destituyente de la subjetividad de quien viene a atenderse. La ley viene a establecer esto: cuál es la dimensión ética de la práctica”, enfatiza.
Desde la provincia
“Es política de esta Dirección la implementación de la ley: generar las políticas públicas para la transformación del modelo de salud mental hacia un modelo de salud comunitaria e integral”, afirma Celina Pochettino, directora provincial de Salud Mental. La entrevistada recuerda que Santa Fe es pionera en la materia: en 1991, la Ley Provincial 10.772 ya planteaba la transformación de los hospitales monovalentes en un sistema de servicios de atención con base comunitaria.
El pasado 30 de septiembre, se presentó una plataforma para avanzar en un plan de salud mental provincial. “Hay experiencias valiosas en la provincia respecto de una política sustitutiva de lo manicomial, pero no tenemos un plan que enmarque la reorganización de los servicios con base comunitaria”, explica Pochettino. El plan -dicen desde la provincia- se va a construir participativamente, en rondas de trabajo regionales, con trabajadores y usuarias, sindicatos, universidades y otros ministerios.
Desde el Siprus y el Colegio de Psicólogos piden por el cumplimiento de la Ley de Salud Mental
La funcionaria sostiene que, para avanzar en la puesta en práctica de la ley, hay que derribar mitos: “Hay que entender que la ley prevé la internación para las situaciones de urgencia, de ninguna manera implica el abandono de las personas; y que su implementación no va a producir pérdida de fuentes de trabajo”. Añade que “la cultura tiende a patologizar y a medicalizar y eso también es un obstáculo”.
Consultada sobre la existencia de un mapeo de padecimientos en salud mental a nivel provincial, la directora reconoce que “es una vacancia histórica la evaluación epidemiológica”. Al respecto, cuenta que hoy se trabaja en ese sentido. Los registros existentes son parciales: angustia ante la amenaza de la pandemia, ante la pérdida de trabajo o de un ser querido por el coronavirus. También se cuentan problemáticas en las infancias y en las juventudes: desde el Mira y López puntualizan que muchas se asocian al consumo problemático de sustancias y a intentos de suicidio.
Respecto al presupuesto, la gestión provincial responde que se busca avanzar “en algunas líneas de financiamiento para llevar adelante el fortalecimiento de los equipos de salud mental”. Pero para garantizar un abordaje integral no alcanza solo con el presupuesto del Ministerio de Salud. Por eso –indica Prochettino– se está trabajando a nivel interministerial, con el objetivo de “desconcentrar hacia el territorio los recursos presupuestarios”.
“Estamos en un momento de transición, porque coexiste el modelo hospitalocéntrico que concentra recursos con experiencias sustitutivas culturales, laborales, muchas de ellos concentradas en Santa Fe y Rosario. Por eso estamos trabajando en desplegarlas en el territorio”, finaliza la funcionaria.