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Una deuda que lleva décadas: vecinos de Playa Norte reclaman que se acelere el proceso iniciado el año pasado, para que el barrio acceda a servicios públicos básicos, como el agua potable y la luz segura.
En calle Riobamba al 8400, un muro separa dos realidades diferentes. Por Playa Norte, la brecha de la desigualdad se plasma en una imagen obscena. De un lado del gran paredón, en el sector este, el club Luz y Fuerza ostenta una gran pileta, una serie de construcciones ordenadas y prolijas y un gran parque con canchas de fútbol y tenis. Luego, la línea simbólica que constituye ese muro continúa y se levantan muros individuales, de dominio privado. De este lado se lucen casas grandes de más de un piso, de techos altos y piletas con vistas a la Laguna Setúbal. Por supuesto, casi todas, con grandes muros altos. Del lado oeste de la pared, resisten amontonados ranchitos de chapas, casas de techos bajos y servicios básicos inexistentes o deficientes: de un lado se llenan piletas, del otro juntan agua potable en tachos de 20 litros de un tanque que no da abasto para todos.
Las 124 familias que viven al otro lado del muro han aguantado muchos intentos de desalojo desde el año 2005. Las topadoras no han podido con el espíritu inquebrantable de vecinos y vecinas, que les pusieron el cuerpo a los intentos municipales (primero de Martín Balbarrey, después de Mario Barletta y finalmente de José Corral) de transformar Playa Norte en un polo inmobiliario de la ciudad. “Nos decían que el lugar donde vivíamos no correspondía con nuestro estatus social”, reflexiona una vecina que nunca bajó los brazos.
Es así que en octubre del año pasado se conoció la noticia que tanto deseaban vecinos y vecinas de Playa Norte: la urbanización y el derecho a la tierra. En un acuerdo conjunto entre organizaciones y el Estado, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia y la Municipalidad de Santa Fe rubricaron un convenio para urbanizar los barrios Playa Norte, enmarcados en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Pero, como es costumbre en los asuntos de emergencia social, los acuerdos políticos y las burocracias estatales demoran derechos que no pueden esperar. Para Liliana Berraz, referenta de la organización Manzanas Solidarias y símbolo de resistencia y esperanza en Playa Norte, la principal preocupación hoy es que se están demorando las acciones que le competen al Estado nacional y provincial, para hacer efectiva la urbanización conquistada, a través del Renabap. “Estamos preocupados porque algunas decisiones políticas hay que tomarlas ahora y son en relación a la tenencia segura de la tierra. Es lo que más nos preocupa porque es lo que no se define, ni a nivel nacional ni provincial, cómo se va hacer”, asegura Berraz. Hasta ahora, solo se avanzó en el trazado de lo que serán las calles del barrio y las mejoras se prometen para fin de año.
Por otro lado, la Ley 27.453, que le da marco jurídico al Renabap, en su Artículo 15 suspendió por cuatro años el desalojo de los barrios comprendidos por este relevamiento y dispuso que esas tierras debían ser expropiadas. Ese plazo vence el año que viene. ¿Qué pasará al finalizar este período de tiempo? ¿Qué riesgos corren los habitantes de Playa Norte? Sobre estas preguntas, Pausa entrevistó a Nicolás Taverna, abogado miembro de la organización Tramas, que tuvo un rol central en la lucha por el territorio en este barrio.
—La suspensión tiene un plazo que es de cuatro años. Que en este caso en Playa Norte, finaliza en octubre del año que viene según la Ley. Ahora nos quedaría una lucha para prorrogarla. Pero bueno, eso lo tiene que votar el Congreso de la Nación. Si esa suspensión cae, el Estado puede de nuevo avanzar con posibilidades de desalojo que en este barrio siempre fueron intentos de desalojo forzosos y cuando le agregamos forzosos, significa que no son en marcos de legalidades. No se puede pensar la integración sociourbana solamente a través de servicios, infraestructura y dejando la pata de seguridad en la tenencia descolgada. Como tampoco podría ser como otros procesos que han sucedido, que solamente se hace titulación sin integración sociourbana. Acá hay que tener una mirada compleja.
—¿Qué grados de responsabilidad tienen las distintas jurisdicciones estatales?
—A través de la ley del Renabap, a la declaración de utilidad pública sujeto a expropiación, la hace como sujeto expropiante la Administración de Bienes del Estado (ABE). De esta manera, la responsabilidad sería del Estado Nacional. Pero nuestro convenio específico dice que la provincia es la unidad ejecutora. Entonces ahí habría dos patas responsables de la seguridad en la tenencia. A su vez el municipio también tiene herramientas, sacando lo presupuestario, que es el argumento que tienen siempre los municipios para no actuar. La Municipalidad tiene herramientas para garantizar la seguridad en la tenencia. Acá se vincula otro tema, que es que el Concejo Municipal acaba de aprobar un Código de Habitabilidad, que viene a sustituir el reglamento de edificaciones privadas. El código anterior a través del artículo 2.5.5, servía de soporte para los desalojos en barrios populares. El nuevo Código de Habitabilidad, a través de los artículos 37 y 280, también podría cumplir esa misma función. Entonces, la Municipalidad no sólo es responsable por nuestro convenio, sino por otras normas que se están aprobando que podrían permitir que el día de mañana se hagan nuevos desalojos, en este y otros barrios.
Derechos vulnerados
Además de la lucha por el territorio, vecinos y vecinas de Playa Norte sufren la escasa accesibilidad a servicios básicos como la luz y el agua. La vecina Nidia Aranda relata que el agua sale con muy baja presión y de color turbio. “Somos muchos vecinos conectados a una manguera precaria, que abastece a 60 familias. A veces este agua no se puede tomar y tenemos que hervirla. Y con el calor, se empieza a hacer cada vez más difícil”, asegura. En este sentido, cerca del tanque de agua que abastece a Playa Norte, es común ver cómo vecinos se bañan afuera de sus casas, a baldazos.
Playa Norte, la resistencia y el derecho a la tierra y el techo
Liliana Berraz asegura que la red de agua no llega directamente. Y no es que están afuera de la ciudad o no haya acceso en la zona: del otro lado de la calle Riobamba se llenan piscinas. “Desde hace más de diez años que presentamos el pedido al Ministerio de Infraestructura, y ya hay un expediente iniciado, que va con un adjunto con todas las actuaciones que hicimos durante estos años para que llegue el agua. Han intervenido la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), Aguas Santafesinas, los ministros en su momento. Tenemos todo documentado, pero hasta el día de hoy no lo hemos logrado”.
En Playa Norte consideran posible que ahora, con la ampliación de las estaciones potabilizadoras de la planta, se pueda ampliar la red. “Pero amén de eso, el consumo de 60 familias no es determinante. Este es un derecho que no ha sido reconocido durante muchas gestiones y esperemos que próximamente se haga”, matiza Berraz.
Lo que sí han decidido en el barrio es que no van a bajar los brazos. “Hasta que no llegue el agua no paramos más”, asegura Berraz, y agrega: “Lo mismo pasa con la electricidad”.
Durante todo este tiempo de lucha se ha pedido la regularización del servicio. “Inclusive los vecinos siempre estuvieron dispuestos a pagar una cuota social, para tener luz segura”, dice Liliana. “Pero jamás hubo un proyecto que los tenga en cuenta y que les dé la energía segura. Por supuesto que todo el mundo está enganchado de la forma más precaria y peligrosa”.
Hasta que reconozcan sus derechos, en Playa Norte la lucha sigue.
