COP26: ¿El planeta resiste diez años más de deforestación de bosques?

En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, más de 100 países firmaron un acuerdo para detener la deforestación para el 2030. Desde Greenpeace consideraron que la medida es insuficiente y solamente declarativa. Entre 1998 y 2018, en Argentina se arrasaron 6,5 millones de hectáreas, el 87 por ciento correspondió a la región chaqueña.

Por Nahuel Lag / Agencia Tierra Viva

“Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.” El presidente Alberto Fernández asumió ese compromiso en su discurso en la sesión plenaria de la COP26. Horas más tarde, el Gobierno puso la firma junto a más de 100 países —entre ellos el Brasil de Jair Bolsonaro— en una declaración de compromiso para detener la deforestación y la pérdida de bosques nativos en 2030. “Además de ser declarativo y no vinculante jurídicamente, el compromiso no resulta suficiente para enfrentar la grave crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, que denuncia que más del 50 por ciento de la deforestación en el país es ilegal.

El acuerdo para llegar a la “deforestación cero” en 2030 fue impulsado por el Reino Unido, país organizador de la COP26 en Glasgow, y el diseño reconoce la relación directa entre el avance de la frontera agropecuaria, la deforestación y el cambio de uso de suelo con en el calentamiento global. El gobierno británico destacó que las firmas de países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, Canadá, Argentina, Australia, Colombia, China y la mayoría de los países europeos, representa el 85 por ciento de los bosques del mundo y el 75 por ciento del comercio mundial de productos como el aceite de palma, el cacao y la soja.

La relación entre avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de la soja e impacto climático en la Argentina tiene sus cifras. Según un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018, se deforestaron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 87 por ciento correspondió a la región chaqueña, mientras que el 43 por ciento de ese desmonte para ampliar las zonas de cultivo o ganadería ocurrió en vigencia de la Ley de Bosques, sancionada en 2008. En tanto, según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el 37 por ciento de las emisiones del país provienen de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra.

En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) se adelantó que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5°C, más allá de lo pactado en el Acuerdo de París se señala la responsabilidad de la agroindustria y no descarta entre los puntos de inflexión del sistema climático el retroceso total de los bosques. Según un informe anterior del IPCC, entre el 21 y el 37 por ciento de las emisiones globales provienen de toda la cadena agroalimentaria mundial.

“Los compromisos de Argentina deben ser más ambiciosos y concretos”

“La penalización de la deforestación ilegal es algo que venimos reclamando desde hace varios años. Es bueno que, una vez más, el presidente vuelva a anunciarlo. Esperemos que esta vez se concrete y se presente rápidamente el proyecto de ley en el Congreso Nacional”, marcó el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, en diálogo con Tierra Viva. Este mismo año, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández habló de “movilizar recursos económicos” para la conservación de bosques, pero las denuncias sobre desmontes y los incendios forestales continuaron.

En la previa de la COP26, Greenpeace pidió al Gobierno que se pronunciara con un compromiso de deforestación cero para el corto plazo y denunció que el 50 por ciento del desmonte que ocurre en el país es ilegal. De hecho, en Chaco se habían arrasado 10.329 hectáreas de bosque hasta julio de este año, a pesar de un fallo judicial que suspendió los desmontes en noviembre de 2020 por la falta de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial, en el marco de la Ley de Bosques. La organización es amicus curae («amiga del tribunal») en la causa contra el Estado chaqueño, que sigue sin acordar una actualización del mapa de zonas boscosas.

Según el gobierno británico, el compromiso firmado esta semana por el Gobierno —que contó con una felicitación pública de la embajadora británica en la Argentina, Kirsty Hayes— estará respaldado por un fondo de 8750 millones de libras (alrededor de 12.000 millones de dólares) que aportarán 12 de los países firmantes del acuerdo, mientras que con fondos privados se espera alcanzar los 14.000 millones de libras (unos 19.000 millones de dólares), solo para los próximos cuatro años. El acuerdo sostiene que los fondos respaldarán actividades en los países en desarrollo: restauración de tierras degradadas, lucha contra los incendios forestales y apoyo a los derechos de las comunidades indígenas”.

“Es un compromiso que, además de ser declarativo y no vinculante jurídicamente, no resulta suficiente para enfrentar la grave crisis climática y de biodiversidad en la que estamos, ya que permitirá una década más de deforestación, la cual podría incluso aumentar en forma especulativa”, relativizó Giardini. El monitoreo de bosques realizado por la organización ambiental pudo corroborar que, incluso los meses más restrictivos de la pandemia de Covid-19, se arrasaron 50.000 hectáreas de bosque el norte argentino.

“Cabe recordar que durante 2007, mientras se discutía la sanción de la Ley Nacional de Bosques, la deforestación se triplicó. Sólo ese año, según datos oficiales, se perdieron más de 728.000 hectáreas de bosques. Y perdimos cerca de ocho millones de hectáreas en los últimas tres décadas, lo que pone a la Argentina entre los diez países con tasas más altas de deforestación mundial”, sintetiza el integrante de Greenpeace y sentencia: “Los compromisos de Argentina deben ser más ambiciosos y concretos”.

Por último, Giardini agrega otro punto central que el acuerdo también promete abordar: “Más deforestación es más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”.

Uno de los países firmantes del compromiso es el Brasil de Jair Bolsonaro. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) brasileño, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de selva tropical, lo que significó la tercera pérdida de selva más grande desde 2008 en los territorios de los pueblos indígenas. De todas las hectáreas arrasadas en la Amazonía entre 1988 y 2014, el 63 por ciento fueron para ampliar la frontera ganadera, con doble impacto que tiene para el cambio climático.

¿Deuda con los bosques o con el FMI?

A pesar de las cifras de deforestación que arrastra la Argentina —400 mil hectáreas solo en 2020, de las cuales unas 300 mil fueron las arrasadas por los incendios, según el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT)—, en el mensaje que el presidente argentino dio para la firma del acuerdo en la COP26 sostuvo que “la protección y el uso sostenible de los bosques constituyen una prioridad para la Argentina y el cuidado de nuestra casa común” e insistió en lo que fue la cruzada diplomática del Gobierno en la gira que comenzó con la cumbre del G20 en Roma: el canje de deuda externa por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, también fue muy claro en la propuesta que el país sostendría durante la COP26: «Argentina va a proponer la creación de un comité de financiamiento climático, integrado por los países ricos y los países en desarrollo, para que definamos la arquitectura financiera para contar con los fondos necesarios e incrementar el porcentaje de energías renovables en nuestro país”.

"Canje de deuda por acción climática" y "financiamiento para la transición ecológica" fueron otras frases más directas que usó Cabandié para explicar el objetivo de la delegación argentina. En marzo, en una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el Ministro adelantó una proyección sobre el ritmo de deforestación en el país: “Si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos”.

Más allá de la preocupación mostrada por el “canje de deuda por acción climática” y el compromiso de frenar la deforestación en 2030, Greenpeace ya había advertido sobre la propuesta que la delegación argentina llevaba la COP26: “La Contribución Nacional Determinada (NDC) presentada por la Argentina aún no está en línea con el límite de 1,5°C acordado internacionalmente”.

El NDC es el compromiso oficial que realizan los Estados frente al cambio climático. A finales de 2020, la Argentina presentó sus planes de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. Como analizó en una columna para Tierra Viva la licenciada en Gestión Ambiental y maestranda en Derecho, Economía y Cambio Climático, Antonella Risso, el documento adelantaba el compromiso con un aumento de la superficie forestada —sin precisar si se trata de monocultivo forestales o reforestación— para regenerar bosque nativo, manejo sostenible de bosques y medidas para evitar la propagación de incendios forestales. “No hay más información ni planes oficiales disponibles que estos para el sector (agroindustrial) en cuanto a reducción de emisiones, y no se observa la implementación de un proceso participativo que promueva la innovación y la generación de nuevas recetas para la producción de alimentos en la Argentina”, precisaba Risso.

Ese documento se compromete con la disminución del 26 por ciento de las emisiones para 2030, aunque no precisa cómo. “El compromiso continúa siendo débil e insuficiente”, sostuvo Greenpeace en la previa de la COP26 y recordó que la Argentina está entre los 30 países que más emisiones de gases de efecto invernadero generan.

Entre las problemáticas ambientales que los expertos del IPCC plasmaron en el sexto informe publicado en agosto pasado está el aumento “sin precedentes” de la probabilidad y de la gravedad del calor extremo, las precipitaciones, las sequías y los ciclones tropicales. “En términos de adaptación al cambio climático, es clave proteger los bosques, para evitar inundaciones. Un estudio del INTA reveló que una hectárea de bosque chaqueño en una hora puede absorber hasta diez veces más lluvias que una hectárea con soja. Por ende, menos bosques es más cambio climático y más inundaciones”, concluyó Giardini en diálogo con Tierra Viva.