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Evalúan una presunta evasión multimillonaria estimada en alrededor de 10.000 millones de dólares sólo en la última década, lo que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.
Por Luciano Couso (*)
Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur, enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80% de los envíos al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de 10.000 millones de dólares en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.
Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.
La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un depósito de Campana, con destino a Uruguay.
Ayer, en operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor.
“La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir”, dijo a Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.
En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de operatorias, afirmó que “se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas” ya que la actividad del sector se basa en “declaraciones juradas de las propias empresas”.
“No hay manera de saber bien qué es lo que realmente se exporta”, advirtió el legislador.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.
Un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) estimó que “cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”.
Para ello, comparó los registros de exportaciones “de productos del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur”, con el valor declarado por las aduanas de destino.
“Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020) según los datos del Indec es de 39.434 millones de dólares, mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos, el valor total declarado asciende a 49.220 millones de dólares, lo que implica una diferencia de 9.780 millones de dólares”, sostiene el informe del IADE.
El mismo trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider, dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas (ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas transnacionales.
“Cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”, sintetiza el informe del IADE.
Peretti, en diálogo con Télam, sostuvo que “el comercio ilegal de granos abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances de las grandes compañías exportadoras”.
“Por eso es tan importante medir y pesar todo lo que entra y todo lo que sale”, remarcó Peretti, quien propone la creación de una Agencia de Pesos y Medidas, a las que considera como “cuestiones centrales para una política fiscal”.
Las 16 principales compañías del sector explicaron el año pasado, de acuerdo al ranking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del 89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.
En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22 kilómetros al sur de Rosario.
“El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio”, denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores.
Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación el funcionario fue trasladado a un destino de “castigo”, relató el propio inspector del Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita regularmente un podcast para el ciclo “Conocer Nacional”.
El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años.
Además del tema granos, el diputado Del Frade advirtió que los acuerdos internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera extranjera impiden que en la Argentina se controle “la carga de un barco en movimiento”, lo que explica “los cargamentos grandes de cocaína” que en los últimos años “se han detectado en Europa”.
Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90% de la producción exportable se embarca en flota paraguaya y solo el 2% por la marina mercante argentina.
El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833 expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia, comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera).
En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero, según un operador judicial consultado por Télam, “son causas menores que no involucran a la actividad de los puertos”, sino el envío de narcóticos por correo desde otros países.
Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el del contrabando y la evasión impositiva “es un tema que no está abordado en esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una vergüenza, porque están los puertos más importantes del país”.
Del Frade, por su parte, aseguró que las sospechas sobre un tráfico sistemático de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los años 90.
“El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la DEA (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de EEUU) hace el primer informe sobre narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirma que la mayor cantidad de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre ellos el de Rosario, el de San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos Aires”, detalló el diputado, que escribió el libro “Ciudad blanca, crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe”, en el que aborda el tema.
Para el legislador, el contrabando “es una matriz que la democracia recicla” y en la que “se suma cualquier tipo de cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de 40 años”.
Voceros judiciales dijeron a Télam que han sido pocas las causas por ese delito en los últimos años, y recordaron la llamada “Narco Arroz”, que en 2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito fiscal de Rosario y con destino al Exterior.
Del Frade planteó que “lo que es fundamental es tener el control, administración y planificación del comercio exterior argentino, a través del Paraná”.
“Eso es lo que nos falta, hacer un ejercicio de descolonización mental, porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos (concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de juego”, concluyó el legislador.
(*) Fuente: Télam
