Tras un recurso de la APDH, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe que había beneficiado a Riuli con la libertad condicional. El represor había sido condenado a seis años en el marco de la Causa Laguna Paiva.
Tras haber sido liberado por el mismo tribunal que lo condenó, el genocida Eduardo Riuli deberá cumplir su pena. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, gracias a un recurso que interpuso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en soledad, ya que no tuvo el acompañamiento de la Fiscalía. Junto a otros tres represores condenados en el marco de la Causa Laguna Paiva, Riuli gozaba de libertad condicional y circulaba orondo por la misma localidad donde viven sus víctimas sobrevivientes, Laguna Paiva.
Rubén Insaurralde, Sebastián Mendoza, Antonio González y Riuli fueron condenados el 7 de julio por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en septiembre ya tenían la libertad condicional. El argumento del tribunal fue que los condenados ya habían cumplido parte del proceso en prisión. Se trató de prisiones domiciliarias, que incluso fueron violentadas por los entonces acusados. Por ejemplo, en el caso de Riuli, todavía vecino de Laguna Paiva, la APDH denunció oportunamente la violación de la domiciliaria mientras estuvo imputado.
Ahora Riuli va a tener que cumplir toda su condena. "Estamos muy, pero muy contentos. Vamos a insistir para que sea en cárcel común. Esto fue obviamente gracias a toda la movilización de todos los organismos de Derechos Humanos de la región, que en una jornada histórica nos hicimos presentes en el Tribunal protestando por las libertades condicionales", señala el abogado de la APDH Rosario, Federico Pagliero, que acompañó a la querella durante el juicio, haciendo referencia a la movilización realizada el viernes 10 de septiembre. "Nos hicieron lugar, atendiendo a las obligaciones internacionales que tiene Argentina en relación a la reparación, a la sanción y al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad".
Casación Penal destacó la "ineficacia de la restricción impuesta a Riuli", en referencia a su libertad condicional con el impedimento de acercarse a los domicilios de sus víctimas, "dadas las concretas características de la ciudad santafesina de Laguna Paiva". También conminó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe a "evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción" en delitos de lesa humanidad establecidos en el derecho internacional vinculante para nuestro país.
El horror en el pago chico
La causa Laguna Paiva mostró el entramado policial, militar y judicial que sostuvo las redes del circuito represivo en la dictadura. Los condenados fueron el ex oficial ayudante del Departamento de Informaciones D2, Eduardo Riuli; el ex responsable de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex sargento del Departamento de Informaciones D2, Rubén Insaurralde; el ex cabo de la División Robos y Hurtos de Unidad Regional I, Antonio González; el cabo del Departamento de Investigaciones, Omar Molina y el ex jefe del Departamento de Investigaciones e Informaciones de la URI, Germán Chartier. Los ex policías son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, y por el delito internacional de genocidio.
Sobrevivientes de los secuestros de Laguna Paiva: “No nos merecemos el olvido”
El 7 de julio de este año culminó la primera etapa de la causa, que juzgó el secuestro y tortura de once militantes del brazo sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la mayoría oriundos de Laguna Paiva, y de sus familiares durante la última dictadura.
Los hechos ocurrieron a principios de 1980 y los sobrevivientes estuvieron privados de su libertad en el Departamento de Informaciones D2 y en la Guardia de Infantería Reforzada. Los secuestros también tuvieron como víctimas a niñas y niños que pertenecían a las familias de los militantes perseguidos.
Hoy los sobrevivientes piden que inicie el segundo tramo del juicio. Esto implica que se llame a indagatoria a los ex policías por nuevos hechos que se desprendieron de las testimoniales del primer caso. Además, piden que se convoque al represor Víctor Brusa, quien aparece reiteradamente en los testimonios pero nunca fue citado por el TOF.
La clave del segundo tramo de este juicio es que se trate el secuestro y abandono de 16 niñas y niños y el abuso sexual que sufrió una de ellas a manos de la patota del D2.