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De Sain a Lagna, de las purgas policiales al espionaje ilegal: los conflictos políticos demoran las soluciones ante la escalada de la violencia criminal que se ciñe sobre la provincia de Santa Fe.
Al inicio de su gestión, cuando se produjeron las primeras protestas en Santa Fe, Rafaela y Rosario para exigir seguridad, el gobernador Omar Perotti las alentó al señalar que entendía el “hartazgo” de la gente ante un problema creciente. En octubre de este año el mandatario santafesino se sumó a una marcha masiva en el Monumento a la Bandera convocada por vecinales y otros sectores de la sociedad civil luego del salvaje crimen de Joaquín Pérez: la gente lo echó apenas se encendieron las cámaras de televisión.
En el inicio de 2020 y en el final de 2021 la demanda es la misma: seguridad y justicia. En el medio, el gobierno de Perotti abusó del diagnóstico y la descripción, perdió tiempo disputando cuestiones reglamentarias con los otros poderes del Estado, quedó entrampado en un debate estéril sobre reformas legislativas que no van a resolver el problema de la violencia urbana y consumió casi todo el capital político con el que asumió dos años atrás.
Decíamos en estas páginas en marzo de 2020: al gobierno le están pidiendo soluciones, no empatía. Perotti ganó las elecciones con una consigna efectiva: “Ahora la paz y el orden”. Ya en la Casa Gris, esa promesa se le volvió en contra.
Conflicto entre poderes
Al asumir el gobierno, Perotti designó a Marcelo Sain como ministro de Seguridad. Llegó a ese puesto luego de haber sido asesor de la gestión del Frente Progresista y después de haber ganado, en 2018, el concurso de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La gestión de Sain consistió básicamente en diagnósticos sobre la inseguridad –certeros pero estériles– y en enfrentamientos con los otros poderes del Estado: desafió a la cúpula del MPA, a los senadores, a los intendentes y a la oposición. Se trenzó con la Policía, promovió purgas, renovó las jefaturas a un ritmo propio de una situación de crisis y tuvo que dejar el cargo en marzo de 2021, a solo 15 meses de haber asumido, jaqueado por los conflictos que, lejos de apaciguar, fomentó durante su breve y ruidoso mandato.
Jorge Lagna tomó la posta en el Ministerio de Seguridad bajo la condición de conservar el mismo gabinete que llegó con Sain. Fue una bocanada de aire fresco en cuestiones de estilo: Lagna ensayó una apertura dialoguista con aquellos actores que habían sido atacados por Sain, pero no logró resultados. Ni en el campo político –las reformas sobre seguridad siguen trabadas en la Legislatura– ni en la calle, donde cada episodio de violencia reaviva el clamor popular y devuelve a Santa Fe a las primeras planas nacionales.
La escalada criminal con epicentro en Rosario apuró la intervención nacional. El gobierno de Alberto Fernández, que había minimizado el problema, envió 575 gendarmes en septiembre y prometió otros mil agentes federales para marzo de 2022. Mientras tanto, la provincia se apresta a poner en funciones a casi 900 nuevos policías egresados del Instituto de Seguridad Pública.
La complejidad del problema requiere de soluciones más profundas. El gobierno avanza en forma espasmódica en la incorporación de nuevas tecnologías para tratar de doblegar el poderío de las grandes organizaciones criminales. Al mismo tiempo, satura de policías algunas zonas puntuales. Son respuestas tardías a un problema que requiere –antes que nada– de políticas efectivas de prevención. Eso mismo que resultó el talón de Aquiles del socialismo y que llevó a Perotti al gobierno, ahora se le volvió en contra.
Violencia impune
Con muchas dificultades, Lagna intentó abordar el problema de la violencia urbana que asola a Santa Fe y a Rosario y que se expresa en balaceras, atentados intimidatorios, crímenes por encargo o por revancha, robos violentos y salideras bancarias. Hay sobrada evidencia de que buena parte de los hechos criminales que conmocionan sobre todo a Rosario son organizados desde las cárceles donde cumplen condenas los líderes de Los Monos. Sin embargo, eso no alcanza a explicar la totalidad de un tema que incluye, entre otras aristas, una Policía de brazos cruzados y sin mando claro y una marcada desconfianza mutua entre la Justicia federal, la provincial y las fuerzas de seguridad.
Dos episodios recientes ilustran el punto. El domingo 21 de noviembre a la noche, víspera de feriado, un sicario baleó las vidrieras de la parrilla El Establo en pleno macrocentro de Rosario, repleta de comensales; después se subió a su moto y huyó a contramano por Avenida Pellegrini, sin que nadie lo persiga ni se monte ningún operativo policial. Un mes antes, el 26 de octubre, a las 5 de la tarde, dos sicarios en moto balearon a un hombre en Blas Parera y Florencio Fernández, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, ante decenas de testigos. En total cuatro personas resultaron heridas y de milagro ninguna murió. Nadie persiguió a los atacantes y a más de un mes del hecho no hay detenidos, ni pistas firmes, ni ninguna otra información que ayude a explicar el suceso.
Sin una política férrea de prevención y sin cortar de cuajo los vínculos entre las bandas criminales y las fuerzas de seguridad, una mayor presencia policial en las calles no resuelve el profundo problema de la violencia urbana. Le pasó al Frente Progresista y le está pasando al gobierno de Perotti.
Dos causas graves
En noviembre de 2020, tras un acuerdo político entre el Frente Progresista y los senadores que responden a Armando Traferri, la Legislatura sancionó dos leyes que apuntaban a recortar el poder del entonces ministro Sain. Una de ellas establecía una serie de incompatibilidades para que los funcionarios del Poder Ejecutivo no puedan ocupar luego cargos jerárquicos en el MPA; la otra fijaba controles estrictos –y externos– sobre los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.
Perotti vetó las dos normas, pero el tema volvió a la Legislatura donde esos vetos debían ser ratificados. Quedó firme la ley de incompatibilidades, que luego le aplicaron a Sain para correrlo de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA. En cambio, fue ratificado el veto sobre la ley de los fondos reservados, que hoy se siguen usando a discreción del Poder Ejecutivo y con controles muy laxos.
En el MPA se tramitan dos denuncias de fuerte impacto político. Una fue presentada por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y se refiere a una frustrada licitación para una compra millonaria de armas en las épocas en que Sain era ministro. La impulsó la empresa Bersa con sobradas sospechas de que esa licitación –que nunca se concretó– había sido armada “a medida” de una empresa israelí. La otra denuncia es sobre supuestas tareas de espionaje ilegal contra políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas, que había llevado adelante el ex ministro de Seguridad utilizando los fondos reservados.
Por esas dos causas, el viernes 26 y el lunes 29 de noviembre la Justicia allanó las oficinas del Ministerio de Seguridad de la provincia, secuestró teléfonos, computadoras y documentación oficial. El escándalo derivó en la salida apresurada de 12 funcionarios de las segundas y terceras líneas que habían llegado de la mano de Sain y que ahora volverán a Buenos Aires, donde el ex ministro se apresta a sumarse al gabinete del ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández.
Como señaló Germán De los Santos en un artículo publicado en Aire de Santa Fe: “Los allanamientos ordenados por fiscales de Santa Fe a las dos sedes del Ministerio de Seguridad configuran un escándalo que aún no tiene dimensión ni límites definidos hasta dónde puede escalar si se confirma, con la evidencia secuestrada, que funcionarios de esa cartera, que llegaron con Marcelo Sain a la provincia, realizaron tareas de espionaje ilegal”.
Las causas tienen un impacto judicial incierto, pero ya generaron consecuencias políticas. Perotti debió acelerar el recambio en el Ministerio de Seguridad y ahora se enfrenta a un problema severo. Si se comprueba el espionaje ilegal, se abren dos escenarios, uno peor que el otro: si Perotti estaba al tanto de las tareas ilegales realizadas por Sain, quedará involucrado en forma directa; y si no estaba al tanto, quedará expuesto políticamente por desconocer lo que hacía un ministro a su mando.
Un gobierno sin rumbo, sin paz y sin orden.
