"El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral"

Hoy se cumple un año de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde entonces se realizaron 32.758 abortos en condiciones seguras en el sistema público de salud, según información del observatorio ImplementAR IVE/ILE. "Es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad", señalan desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

A un año de la sanción de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, las políticas sanitarias para garantizar el acceso a la interrupción se encuentran entre los avances más significativos en salud sexual y reproductiva.

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 30 de diciembre de 2020 lleva adelante "una construcción federal y continua con cada provincia para avanzar en su implementación, difundiendo los derechos asociados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y desarrollando políticas para garantizar su cumplimiento".

La ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo: hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (IVE). Y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.

Al 30 de noviembre fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público, según información remitida por el monitoreo ImplementAR IVE/ILE. Esto se debe a que durante 2021 se amplió la capacidad de respuesta y en la actualidad un total de 1.243 centros de salud y hospitales públicos de todo el país garantizan el acceso a la IVE/ILE. A diciembre de 2020, garantizaban interrupciones legales un total de 903 hospitales y centros de salud.

Entre enero y el 30 de noviembre de 2021 la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación recibió 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo. Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos, ya que entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.

"El incremento de llamados está directamente relacionado con la definición de la política pública implementada desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud, que fortaleció la línea de Salud Sexual como vía de ingreso de la demanda. De este modo, se apunta a mantener una comunicación directa con la población para brindar información y remover obstáculos en el acceso a interrupción del embarazo", explican desde el Ministerio de Salud nacional.

La cartera sanitaria, además, incrementó cinco veces la compra de misoprostol, que es el medicamento indicado para garantizar la interrupción del embarazo en forma segura, y se incrementó un 150 por ciento su distribución. Mientras en 2020 se distribuyeron 18.590 tratamientos (12 comprimidos) de misoprostol 200 mcg, en 2021 se llevan distribuidos 46.283 a todo el país.

También se gestionó la donación de 250 equipos para la aspiración manual endouterina (AMEU) que se remitieron a las provincias en el segundo semestre 2021. La AMEU es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la evacuación uterina en forma quirúrgica, en contraposición al legrado uterino evacuador, desaconsejado por tener un mayor índice de complicaciones como sangrado y perforación, entre otras.

Acompañamiento a profesionales de la salud

Las y los profesionales de todo el país cuentan con tres herramientas editadas durante 2021 por el Ministerio de Salud de la Nación para una atención de calidad: el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y el Protocolo de atención posaborto y el Protocolo de atención a víctimas de violaciones sexuales.

A partir de la sanción de la ley, un total de 904 profesionales de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales: se formaron en la ley 27.610, en las edades y el consentimiento para el acceso a la IVE/ILE, consejerías, en el tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU), y en la atención posaborto.

Estas cifras dan cuenta de las demandas de la población en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y de las respuestas que desde el sistema sanitario se vienen implementando para garantizar derechos en este primer año de sanción de la ley 27.610.

Se concretó el financiamiento de las prestaciones de interrupción del embarazo y atención posaborto a todas las jurisdicciones del país mediante el programa SUMAR.
Se realizó el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes.

Abuso sexual y embarazo forzado

Según cifras del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) ocho de cada diez niñas menores de 15 años transitan un embarazo no intencional. Muchos de ellos son producto de abuso sexual y otras violencias. Por este motivo se creó una línea específica de trabajo asociada a la garantía de la IVE/ILE es la detección temprana y prevención de abusos sexuales y embarazos forzados.

Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desarrolló un modelo de abordaje en red para la atención de salud a niñas y adolescentes embarazadas víctimas de abusos sexuales, que durante 2021 estuvo dirigido a equipos de salud de Jujuy, Misiones y Entre Ríos.

El proceso incluye talleres teórico prácticos, conferencias sobre temas específicos, pasantías virtuales, supervisiones de casos en tiempo real con material bibliográfico específico y conformación del Equipo Asistencial de Referencia, para una modalidad de trabajo en red interdisciplinaria e inter regional.

0800 222 3444: Una puerta de acceso a la IVE/ILE

La línea 0800-222-3444 es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial sobre salud sexual y reproductiva, que brinda información de forma integral a toda la población.

Cuando se identifica un incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva, se vulneran derechos o las consultas corresponden a interrupción voluntaria y legal del embarazo, se genera una secuencia que se remite a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). En algunos casos la DNSSR da respuesta a través de sus equipos técnicos; en otros se requiere de la participación de los programas provinciales, otros organismos y/o programas gubernamentales.

La DNSSR realiza un abordaje cualitativo de cada situación recibida con un equipo profesional interdisciplinario para el acceso a la IVE-ILE.

Un año de conquista

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que durante tda la jornada tendrá actividades y pañuelazos en el país, emitió un comunicado donde hace un balance a un año de la conquista de este derecho. Allí señalan: "Reivindicamos haber sacado el aborto de la clandestinidad: lo instalamos en la agenda pública como un problema de derechos humanos, justicia social y de salud pública. Por nuestra militancia en favor de los derechos humanos hicimos que el Estado Argentino salde de una vez por todas la deuda que esta democracia tenía con las personas con posibilidad de gestar y con la decisión de abortar. La 27.610 es nuestra lucha convertida en ley".

Este es el texto completo:

"Hace un año en Argentina tenemos derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a un año de la sanción de la Ley 27.610, reivindicamos haber sacado el aborto de la clandestinidad: lo instalamos en la agenda pública como un problema de derechos humanos, justicia social y de salud pública. Por nuestra militancia en favor de los derechos humanos hicimos que el Estado Argentino salde de una vez por todas la deuda que esta democracia tenía con las personas con posibilidad de gestar y con la decisión de abortar. La 27.610 es nuestra lucha convertida en ley.

Durante años estuvimos en las calles, en las escuelas y en los hospitales, acompañando a personas a abortar de forma segura, realizando tareas de incidencia política, redactando colectivamente proyecto tras proyecto de ley, organizándonos de forma horizontal y plural en todo el país. Constituimos una experiencia política sin precedentes. Nuestra marea verde, el feminismo organizado, nuestra acción colectiva y popular logró la despenalización social del aborto y llevar la discusión al Congreso de la Nación.

La ley 27.610 es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos que estaban vigentes hasta entonces en nuestro país. Es una ley que cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado. Es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos.

Esta es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral.

Hoy Argentina cuenta con una ley que permite interrumpir voluntariamente una gestación hasta la semana 14 inclusive y luego de la semana 15 hacerlo en situaciones de perjuicio para la salud o la vida de la mujer o persona gestante o en caso de que el embarazo sea producto de violencia sexual.

A un año de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se abre una nueva etapa de lucha. Nuestra Campaña es federal, vive en cada rincón del país con los pañuelos verdes en alto.

Por eso, en toda Argentina exigimos la efectiva implementación de la ley. Según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran esta Campaña, el acceso al derecho al aborto es desigual en todo el territorio nacional. En muchas ocasiones se realizan derivaciones que demoran el acceso a la práctica, contradiciendo el plazo de 10 días que establece la ley. Resaltamos la falta del acceso a la mifepristona, un medicamento que garantizaría mejor atención a quienes deciden interrumpir un embarazo. ¡Abortar sin dolor también es político!

Exigimos la efectiva implementación de la educación sexual integral en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir. ¡Separación ya de la iglesia y el Estado!

Exigimos la libertad de las más de 1500 presas por abortos o eventos obstétricos.
Exigimos el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal. También el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos. ¡Garantizar derechos no es delito, es obligación del Estado!

Exigimos al Estado una campaña nacional de difusión de la ley en los hospitales y centros de salud, para que todas las personas que requieran interrumpir un embarazo puedan acceder a la información necesaria para decidir.

Reclamamos también capacitación y sensibilización en perspectiva de género a los equipos de salud en su totalidad: personal médico, de enfermería, de salud mental, de servicios sociales y de admisión.

Seguimos atentas y movilizadas. Si nuestra lucha conquistó una ley, allí donde haya una injusticia en relación a nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, seguiremos en alerta. Abrazamos nuestra lucha y una vez más volvemos a gritar: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir".