Por la memoria del horror de la dictadura en Laguna Paiva

ANUARIO 2021 | Un juicio de lesa humanidad por secuestros en 1980 mostró el entramado policial y militar en la región.

Este año se llevó adelante la primera parte del juicio de lesa humanidad conocido como Chartier o Laguna Paiva. Seis ex policías imputados, 11 militantes sindicales y 16 niñas y niños secuestrados y torturados en 1980 -cuando comúnmente se cree que el aparato represivo ya estaba en su ocaso- son las cifras de la causa que se tramitó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF).

Los militantes que hace 41 años buscan memoria, verdad y justicia son Catalino Páez (fallecido en 2016), Daniel Acosta, Juan Miranda, Pedro Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Silva, Ricardo Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Soria. Todos eran obreros y durante los años 70 militaron en el brazo sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Para dar con ellos, la policía de Santa Fe y fuerzas militares realizaron tareas de inteligencia y secuestraron además a sus familias: a sus esposas, hijas e hijos.

Mario Páez, hijo de Catalino, cumplió 15 años secuestrado en el Departamento de Investigaciones D2, que entonces funcionaba en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert de nuestra ciudad. Se trata de una de las características salientes del caso: la cantidad de niñas y niños que fueron privados de su libertad en el marco de la represión y la persecución política a sus familias.

En julio, el TOF condenó a 16 años de prisión e inhabilitación perpetua a los ex policías Germán Chartier; a Fernando Sebastián Mendoza a cinco años e inhabilitación perpetua; a Eduardo Riuli a seis años y seis meses e inhabilitación perpetua; a Rubén Oscar Insaurralde a seis años de prisión e inhabilitación perpetua; a Antonio González a cinco años e inhabilitación perpetua; a Omar Molina a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua. Todos fueron encontrados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y del delito internacional de genocidio.

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El Tribunal dispuso que las penas se cumplan en cárceles comunes. Sin embargo, meses después les otorgó la libertad condicional, alegando que parte de la pena ya había sido cumplida durante el proceso. El represor Germán Chartier murió libre en septiembre.

En el juicio llevaron adelante la querella los abogados Anabel Marconi y Federico Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. El tribunal estuvo conformado por José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. El fiscal a cargo fue Martín Suárez Faisal.

De la primera parte de esta causa se desprendieron testimonios que llevaron a los organismos de derechos humanos y a las y los sobrevivientes a pedir la apertura de la segunda etapa. Reclamaron que se llame a indagatoria nuevamente a los genocidas juzgados y también a Víctor Brusa, quien pese a aparecer en numerosos relatos de las víctimas, ni siquiera fue llamado para testificar.

En esta historia de familias enteras secuestradas y torturadas, de niñas y niños detenidos, hay un rostro que sintetiza la impunidad de los genocidas. Eduardo Riuli no solo hacía mandados para el D2, también tenía su programa de radio y animaba las fiestas paivenses. Las víctimas, sus vecinos, lo reconocieron por su voz mientras estuvieron secuestradas.

“Riuli es paradigmático en esta causa porque también es oriundo de Laguna Paiva. Los sobrevivientes tuvieron que convivir con esta persona en la total impunidad, en una ciudad de 13 mil habitantes”, argumentó el abogado Pagliero.

Sobrevivientes de los secuestros de Laguna Paiva: “No nos merecemos el olvido”

En diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de libertad condicional del TOF, gracias a un recurso que interpuso la APDH en soledad, ya que no tuvo el acompañamiento de la Fiscalía. Casación Penal destacó la “ineficacia de la restricción impuesta a Riuli”, en referencia a su libertad condicional con el impedimento de acercarse a los domicilios de sus víctimas, “dadas las concretas características de la ciudad santafesina de Laguna Paiva”. También conminó al tribunal a “evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción” en delitos de lesa humanidad.

“Esto fue obviamente gracias a toda la movilización de todos los organismos de Derechos Humanos de la región”, señaló Pagliero, hoy a la espera del inicio de la segunda etapa del juicio. En una entrevista con este medio, Mario Páez destacó: “Nosotros no nos merecemos el olvido”.

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