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Durante febrero, el Congreso debatirá la iniciativa que quiere alentar el crecimiento de una cadena productiva atada a los distintos usos de la planta de cannabis.
Por Agustín Aranda (*)
Esta semana se conoció el listado de proyectos para tratar en las sesiones extraordinarias de febrero, donde el Congreso definirá, entre otros destinos, el de una posible industria del cannabis y el cáñamo de Argentina. Luego de una media sanción en 2021, el proyecto volverá a la discusión parlamentaria con el apoyo del oficialismo. Buscan que la normativa aliente la creación de nuevos empleos, controle la calidad de los productos derivados de la planta y favorezca a las exportaciones.
En camino
Entre los 18 proyectos de ley para tratar en sesiones extraordinarias el Congreso deberá votar acerca de modificaciones en el régimen fiscal, el Consejo de la Magistratura, la creación parques nacionales en Córdoba y Río y un sistema de respuesta integral a quienes tienen VIH, entre otras iniciativas. En el puesto número 6 de ese listado está la normativa que podría regular a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.
El proyecto anunciado por el oficialismo a mitad del 2021 había tenido media sanción en la cámara baja durante septiembre, pero no alcanzó las voluntades antes del recambio de bancas de diciembre.
De qué va
El proyecto busca establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y derivados afectados al uso medicinal incluyendo la investigación científica. Pretende alentar propuestas de inversión pública, privada o mixta en toda la cadena, desde el cultivo, la cosecha, el procesamiento y la venta. No reemplaza la actual ley de cannabis medicinal y su nueva reglamentación.
La iniciativa del Frente de Todos pretende sacar de la ilegalidad al cáñamo, una variedad del cannabis que con bajas concentraciones de los componentes más conocidos (CBD y THC) y que tiene desde hace siglos usos en las industrias textiles, calzado, cosmética, alimentos y la construcción.
Entre los principales objetivos de la ley está poder controlar los productos en busca de mejores calidades y seguridad para las personas, evitar desvíos al mercado ilegal y fomentar nuevos empleos. Al respecto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas había señalado que para 2025 se podrían tener 10 mil nuevos puestos en Argentina.
La normativa también persigue abastecer al mercado interno y exportar, aunque todavía existen restricciones internacionales a productos con alto contenido de THC. “Calculamos que serán 500 millones de dólares en ventas al mercado interno al año y 50 millones de dólares de exportaciones al año. Sería un escenario de inicio con fuerte impacto económico federal”, había pronosticado Kulfas en 2021.
La agencia
Para lograr los objetivos de la ley se crearía la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), un organismo descentralizado dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Estaría a cargo de fiscalizar toda la cadena productiva de la planta, otorgar autorizaciones para importar, cultivar, producir, comercializar, exportar y adquirir semillas de cannabis, cannabis y sus productos derivados con fines medicinales. También debería coordinar acciones de gobierno y dictar normativa conjunta con otros organismos reguladores del sector de tecnología, salud, el agropecuario, las finanzas y el mercado de capitales, al igual que impedir el lavado de dinero, entre otras responsabilidades.
La prioridad, siempre según se desprende de los artículos del proyecto, es fomentar economías provinciales, cooperativas y pymes. Incluso sería privilegiados aquellos desarrollos que partan de una perspectiva de género y diversidad.
Si el tema es la plata
El proyecto impulsado por Nación surgió como una de las respuestas para mejorar la economía del país. En ese tren de ideas, y no muy lejano a otros usos de la planta, se puede pensar en cuánto ahorraría el Estado (y quienes pagan impuestos para sostenerlo) si la Policía y la Justicia dejasen de perseguir a quienes consumen cannabis en todas sus formas.
En 2019 la organización Reset calculó que cada causa judicial contra una persona a la que le encontraron poca cantidad de marihuana cuesta unos 2 mil dólares. Entre 2016 y 2018 –años donde el gobierno de Cambiemos aumentó la persecución en casi todos los distritos– la Justicia federal inició más de 30 mil causas y usó 122 millones de dólares en personas lejanas al crimen organizado y el prefijo “narco”.
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Cerca
“Hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial. Está alentando un crecimiento exponencial de la producción”, había señalado Kulfas y completado: “Una producción global proyectada para dentro de tres años en 42.700 millones de dólares, es decir, 14 veces más que hace diez años”.
De acuerdo con el ministro, Israel, Canadá y Estados Unidos lideran la industria y existen mercados emergentes en Colombia y Uruguay. En este último país, referencia cercana, las licencias para explotación no medicinal son pocas. De las más de 50 licencias en vigencia para producción e investigación solo 4 corresponden a productos no vinculados directamente a la salud. Dos son para producir yerba mate y otras dos para usar las semillas en cosméticos.
Más lejos, Canadá legalizó en 2015 y desde entonces intenta arrebatarle una tajada más grande al mercado negro. Según Imer Flores escribió en su libro “4 20 Momento de regular la cannabis y rever la política de droga en México y en el Mundo”, eso significó también crear nuevos empleos.
En 2020 había más de 300 nuevas empresas con 900 personas produciendo en Canadá. En el Estado de Alberta, uno de los que tienen más personas consumiendo, 2019 cerró con ventas cercanas a los 30 millones de dólares. Ahí controlan el proceso, la distribución y la venta, como cualquier otro producto. Entre las restricciones, no pueden llegar a menores de edad. Con los impuestos de las ventas, el Estado canadiense elige qué hacer. Una buena parte, siempre según Flores señala en su libro, va a políticas de salud en general. Otra parte, y definido por ley, va a tareas de prevención y evitar consumo en menores de edad. Y también para tratar a quienes tienen consumos problemáticos, algo que las autoridades estudian para confirmar si aumentaron o no después de la regulación.
Las sesiones extraordinarias de debate y tratamiento para la posible ley argentina se realizarán entre el 1º y el 28 de febrero.
Fuente: El Ciudadano
