El transporte público, en crisis estructural

ANUARIO 2021 | El sistema de colectivos depende casi exclusivamente de unos subsidios nacionales cada vez más escasos.

“El transporte público está en crisis”. La frase es repetida hasta el cansancio por funcionarios y empresarios del interior del país, que hace años reclaman que el Gobierno central destine más recursos al sector. El sistema es absolutamente subsidiodependiente; y, paralelamente, Nación retacea cada vez más los montos. En 2019 esa brecha entre la necesidad y su cobertura se hizo muy visible, con la decisión de la gestión de Mauricio Macri de quitar brutalmente subsidios a las provincias. Luego, la pandemia se ocupó de dejar el servicio en agonía.

En el caso de nuestra ciudad, se suma a lo anterior la precariedad normativa: en diciembre de 2001, cuando la economía estalló por el aire en el país, la prestación de colectivos de línea se hizo insustentable. Entonces, “el otorgamiento de los servicios fue por contratación directa, con un contrato que se viene prorrogando anualmente hace infinidad de años”, reconoce Lucas Fernández, gerente de Autobuses Santa Fe, una de las tres empresas que operan en esta capital -además de ERSA y Recreo S.R.L. Lo dicho por Fernández se mantiene hasta hoy. Hace 20 años que el transporte público no se licita en Santa Fe.

El transporte público por colectivos en Santa Fe, un sistema en estado precario

La única regulación al respecto es la ordenanza N° 11.580, que data de abril de 2009.  En ella se crea el Órgano de Control del Transporte, que hasta el día de hoy tiene “facultades de fiscalización, supervisión y auditoría”. Por lo demás, el texto contiene una serie incontable de anacronismos. Por ejemplo, en su artículo 12 prohíbe “efectuar propaganda electoral en el reverso del boleto”, siendo que desde noviembre de 2011 se opera con tarjeta SUBE.

Inequidades estructurales

“El financiamiento del sistema es quizás el punto de análisis más crítico”, sostiene el subsecretario de Movilidad y Transporte local, Lucas Crivelli. Y todos los actores involucrados coinciden. Como también coinciden en las flagrantes inequidades entre los recursos que Nación destina al transporte del interior y los que da al Área Metropolitana de Buenos Aires. Esas inequidades las pagan los usuarios: por eso en Santa Fe la tarifa plana es de $42,35 y en el AMBA, pese a que las distancias son muy superiores, la más cara asciende a $23.

En cualquier caso, a fin de año vence la emergencia del servicio declarada por el Concejo en junio pasado, aunque no se descarta que sea prorrogada. Además, hasta el 30 de noviembre rigió el congelamiento del boleto, que en la práctica sigue en vigor. El Ejecutivo local no tiene en sus planes habilitar nuevos incrementos en las tarifas hasta tanto se produzca “una readecuación de los servicios”. Ésta constará de una primera etapa de diagnóstico y una segunda fase de elaboración del pliego de licitación. El proyecto –es la idea– surgirá de una visión holística, que integre la totalidad de los medios de transporte y sectores (peatones, ciclistas, conductores públicos y particulares). “Refundar el sistema de colectivos es el eje central”, dicen. A por ello, en 2022.