A ser invisibles no volvemos nunca más

En la antesala de una nueva marcha por el 8M, la diputada provincial Lucila de Ponti reflexiona sobre el salto de calidad que significó la "jerarquización institucional" de la lucha feminista en distintas áreas de gobierno, incluyendo áreas especializadas y ministerios.

Por Lucila de Ponti (*)

Llegamos a la antesala de un nuevo 8 de marzo una vez más con el país conmocionado por un delito de violencia de género que pone en debate en qué medida nuestra sociedad ha ido incorporando valores e ideas vinculados a fortalecer el respeto en la construcción de los vínculos, a conseguir mayores niveles de igualdad y en fin, a erradicar las violencias por razones de género. Se ha cuestionado también la pertinencia y efectividad de las áreas estatales creadas con estos objetivos y la pertinencia de las políticas públicas que desde allí se desarrollan. Si bien estas opiniones emanan de referentes que se inscriben en una línea de cuestionamientos generales a la acción del Estado, quisiera ensayar una defensa de los espacios que el movimiento de mujeres y diversidades han conquistado en los tiempos recientes.

Antes de eso me parece clave resaltar que por ser la violencia de género una problemática social que tiene que ser analizada desde una perspectiva multicausal, también el conjunto de políticas diseñadas y ejecutadas para dar respuesta a este problema son construidas desde una mirada integral que podemos clasificar en dos grandes campos, unas de intervención inmediata y otras de impacto a mediano plazo. En este último campo se ubican aquellas acciones que buscan acompañar y promover el proceso de transformación cultural, donde se intenta prevenir las conductas violentas mediante la cancelación social e individual de las prácticas entendidas como discriminatorias y violentas. Aquí sobresale la importancia que revisten los contenidos del proceso educativo, escenario igualitario por excelencia que habilita la posibilidad de cimentar otros valores e ideas que vayan en el sentido de la igualdad. El reclamo por la efectiva y correcta implementación de la E.S.I. es la piedra basal para transitar el camino hacia la erradicación de delitos como los que se vivieron en Palermo y que, como hemos dicho, no constituye un hecho aislado, así lo demuestran por ejemplo delitos similares que tuvieron lugar en las localidades de Helvecia y Reconquista en los dos años previos. Necesitamos imperiosamente que los contenidos de la educación sexual integral formen parte de la formación transversal y permanente que se imparte desde las escuelas como principal medida de prevención de la violencia promoviendo el desarrollo de conciencias respetuosas e igualitarias.

Es innegable la masificación que el movimiento de mujeres y diversidades ha ganado desde 2015 a esta parte y la centralidad que su agenda ha tomado en la discusión pública. Expresión de esto son la creación de áreas jerarquizadas y especializadas en el diseño y desarrollo de estas políticas, como la creación de los Ministerios tanto a nivel nacional como provincial, o la reciente conformación de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados/as de Santa Fe. Aparece, por supuesto, la pregunta por la efectividad de las acciones que desde allí se desarrollan, actitud, manifestación necesaria en la medida en que siga existiendo la violencia y la desigualdad. Al fin, ese es el rol de la militancia y el activismo, y es importante que esa demanda exista. Sin embargo también es necesario ponderar los avances que se obtienen. Es de por sí evidente que la creación de estas áreas ejecutivas implica una jerarquización institucional que se expresa en una mayor participación presupuestaria, en más recursos humanos puestos a disposición de estas políticas expandiendo su alcance territorial y social. Del conjunto de políticas que allí se desarrollan se recortan por su importancia las que buscan metas de intervención directa en la prevención de las violencias.

El Ministerio de las Mujeres de Nación destina el 92% de su presupuesto al desarrollo de las mismas destacándose entre ellas el Programa Acompañar, que busca garantizar la autonomía económica de las personas víctimas de violencia de género una vez que denuncian una situación concreta por la cual atraviesan. Hoy 130.000 personas reciben este programa en todo el país, fundamental para acompañar a las víctimas que atraviesan un proceso de denuncia, momento clave en el cual el Estado debe intervenir para prevenir que se produzca una violencia mayor. Es necesario resaltar que en este proceso es también fundamental la intervención del Poder Judicial. Lo que llamamos “ruta crítica” de la denuncia es uno de los nudos fundamentales sobre el que el Estado debe trabajar para diseñar una herramienta más eficiente. En mi opinión, el otro aspecto clave es la territorialidad de las políticas, es decir que las mismas puedan ganar un nivel de capilaridad que habilite su acceso para cualquier mujer en cualquier espacio geográfico y social. Con este objetivo es central la política de construcción de Puntos Violeta del gobierno provincial, espacios de acceso a las políticas contra la violencia que serán 40 en una primera etapa.

Si bien es difícil evaluar estadísticas, porque no existe todavía una política de centralización y publicación de datos oficiales a nivel nacional, y porque además desde hace poco tiempo se registran los femicidios como tales por lo cual existen niveles de subregistro; hay un número de femicidios que se mantiene relativamente estable con una considerable tendencia a la baja. En Santa Fe los datos, en este caso sí oficiales, verifican una situación de estabilidad similar con un importante descenso entre 2020 y 2021 que veremos si comienza a consolidarse como una tendencia. Es evidente que resulta necesario fortalecer y mejorar las políticas públicas y que la acción del Estado sola no alcanza. Por lo cual es clave promover mecanismos de articulación y cogestión que le den una participación jerarquizada a las organizaciones de mujeres que durante tanto tiempo ocuparon el lugar que el Estado dejaba vacante, y que aún hoy lo hacen. Pero sin dudas el sentido debe ser hacia una mayor presencia y mejor desempeño de las áreas estatales creadas con estos fines que definitivamente representan un avance y mejoran la situación de las mujeres. No vamos a abandonar ni a retroceder sobre la presencia institucional que hemos conquistado con nuestra lucha, a ser invisibles no volvemos nunca más.

* Diputado provincial del Bloque Justicialista - PJ