Silvia Suppo, 12 años sin justicia

A Silvia Suppo la mataron en Rafaela el 29 de marzo de 2010. El caso, que expone la continuidad del aparato represivo del terrorismo de Estado en la actualidad, sigue impune.

Quienes mandaron a matar a Silvia Suppo siguen impunes desde hace 12 años. La familia, junto con organizaciones sociales y políticas, sostiene el reclamo de justicia ante fiscales y jueces federales de Santa Fe. Y en paralelo, lleva más de una década de acciones en espacios públicos para mantener viva la lucha y la memoria de Silvia. “Más allá de que judicialmente la impunidad continúa, es gracias al trabajo y el compromiso colectivo de organizaciones, partidos, sindicatos y la sociedad en general que se pudo instalar el nombre de Silvia como un símbolo de la necesidad de seguir pensando y reconstruyendo el pasado reciente desde las preguntas del presente”, sostuvo Marina Destéfani, hija de Suppo.

La bandera con el rostro de Silvia fue sostenida por su familia y compañeros durante la marcha por el Día de la memoria por la verdad y la justicia, el pasado 24 de marzo, en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela. A cinco cuadras de esa plaza, en pleno centro de esa ciudad del centro-oeste santafesino, fue donde asesinaron a puñaladas a Suppo la mañana del 29 de marzo de 2010. El intendente de la ciudad en ese momento era el actual gobernador Omar Perotti. Quien gobernaba la provincia en ese entonces era Hermes Binner.

Silvia era querellante y testigo en causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en las ciudades de Rafaela y Santa Fe. Había sido víctima del terrorismo de Estado y luchaba por justicia, en especial por el esclarecimiento de la desaparición de su compañero Reinaldo Hattemert, ocurrida en Rafaela en 1977. Silvia sobrevivió a la cárcel y torturas -que incluyeron violación y un aborto forzado-, crímenes por los cuales fueron condenados en 2018 Juan Calixto Perizzotti y otros tres expolicías de la provincia.

La causa judicial que investiga el asesinato de Suppo quedó en una encerrona luego de que el juez federal Reinaldo Rodríguez la dividiera en dos. Por un lado, en 2014 mandó a juicio a dos jóvenes que lavaban y cuidaban autos frente al negocio de Suppo, acusados de ser los autores materiales. Por otro lado, dejó abierta la causa que investiga el móvil político, que ahora se encuentra en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe a cargo de Marcelo Bailaque.

Los acusados de ser los autores materiales -Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres- fueron condenados a prisión perpetua en abril de 2015 por haber matado a Suppo en una supuesta situación de robo. Durante todo el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe -formado por María Ivone Vella, Luciano Lauría y José María Escobar Cello- se concentró en las pruebas del fiscal Martín Suarez Faisal que buscaron demostrar que a Silvia la habían matado luego de robarle dinero y unos objetos de bijouteri.

Ni el fiscal ni los jueces tuvieron en cuenta los testimonios de testigos y familiares que señalaron que Silvia había sufrido amenazas antes de su muerte por su condición de testigo y querellante, que momentos después del asesinato el lugar de los hechos no fue preservado por la Policía sino alterado, que desaparecieron pruebas, que el relato de los jóvenes que se autoincriminaron no coincidía con la escena del crimen, que testigos denunciaron que policías obtuvieron declaraciones mediante torturas o con detenciones ilegales. La investigación de esas y otras irregularidades podrían cambiar el curso de la causa.

En ese sentido, lo único que hizo el tribunal presidido por Vella en 2015 fue ordenar que se investiguen las denuncias contra la Policía hechas por los testigos Juan Ramón Vázquez y Marcela Cóceres. Vázquez, detenido el día del crimen, denunció que policías le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y lo golpearon para que se hiciera cargo del asesinato de Silvia. Marcela Cóceres, concubina de uno de los condenados, denunció irregularidades en el allanamiento en su casa y durante su detención.

Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y abogada de la familia Suppo explicó a Pausa que los responsables de continuar con la investigación son el fiscal Walter Rodríguez, de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, y el juez Bailaque.

“Silvia Suppo es una herida abierta, una muerte dolorosa. Su asesinato sin resolución es un manto de impunidad que se va extendiendo cada año que pasa sin justicia”, sostuvo Puyol. “Sus autores materiales, dos cuidacoches sin antecedentes, fueron apresados, juzgados y condenados. Pero los autores ideológicos no. Nunca se hizo lugar a ninguno de los planteos de investigación propuestos por la querella. Sabemos que su muerte fue por encargo”, advirtió. Y reiteró que Silvia fue víctima, testigo y denunciante en importantes causas por delitos de lesa humanidad y que para acallar su voz la mataron.

Militancia por la memoria, verdad y justicia

El Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, de Rafaela, acompañado por organizaciones locales y de todo el país, mantiene hace 12 años acciones en las calles, plazas, escuelas y otros espacios para mantener viva la memoria. También, para denunciar las continuidades del aparato represivo del Estado desde la última dictadura hasta la actualidad. Participan de actividades y redes contra la violencia institucional y por los derechos humanos.

En la ciudad hay murales con el rostro de Silvia y una plaza lleva su nombre. El año pasado, se realizó un mapa interactivo de la ciudad donde se ubicaron los sitios de la memoria. También se puede ver una película realizada por la cineasta local Paula Kuschnir.

Al mismo tiempo, los hijos de Suppo continuan con las causas judiciales que llevaba su madre. Fueron querellantes en al Megacausa Rafaela, donde se condenó a represores por los crímenes cometidos contra Silvia y otros militantes rafaelinos durante la última dictadura. Y mantienen el pedido de justicia por la desaparición de Reinaldo Hattemert.