Brusa vuelve a cárcel común

Después de tres años de gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, el genocida y ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa volverá a una cárcel común para cumplir su condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. 

Lo dictaminó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) después de que, a fines del año pasado, la Corte Suprema anuló la concesión de la domiciliaria a Brusa y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Fue con un fallo unipersonal firmado por la jueza de Ejecución Penal Lilia Canero, quien ordenó su "traslado y alojamiento definitivo" a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, después de que recayera sobre Brusa la cuarta condena por delitos cometidos durante la última dictadura, en esta oportunidad a ocho años de prisión en un caso por torturas contra tres detenidos ilegalmente.

La decisión se basó sobre un reporte médico que sostiene que el ex juez padece "afecciones que podrían ser tratadas adecuadamente en un establecimiento penitenciario que cuente con equipo de salud mental o extramuros, si su situación procesal lo permite". Brusa había conseguido la prisión domiciliaria en 2018, por una resolución de la Cámara de Casación, con votos a favor  de la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. No tenía otro fundamento que haber cumplido 70 años: el genocida había solicitado el beneficio por motivos de salud que supuestamente no eran posibles de atender en el penal de Las Flores, hecho que su defensa nunca pudo probar.

El actual presidente de la Cámara, Alejandro Slokar, había marcado en su momento que el límite etario no significaba la concesión automática del arresto domiciliario.“El fallo de la burla”, lo llamó la abogada de Hijos y hoy secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol.

Brusa salió del penal en diciembre de 2018. A pedido del fiscal federal Martín Suárez Faisal, la jueza Carnero ordenó la vigilancia electrónica, pero fuentes judiciales dijeron a Rosario/12 que el ex juez nunca tuvo asignado un dispositivo de sujeción electrónica monitoreado por el Programa de Asistencia de Personas bajo Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En septiembre del año pasado, víctimas del terrorismo de Estado reclamaron que Brusa sea llamado a indagatoria por los hechos acontecidos en 1980, investigados en la causa Chartier. Durante el primer tramo del juicio, que se tramitó en la primera mitad del 2021 en el TOF de Santa Fe, el genocida fue reconocido como integrante de la patota del D2 en numerosos testimonios, pero no fue indagado. El equipo jurídico conformado por Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Anabel Marconi y Federico Pagliero, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Juana Medina, Mario Páez, Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos Oliver, Roberto Manuel Soria, Hugo Silva y Ricardo Galván solicitaron el llamado a declaración indagatoria con prisión preventiva.

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