Tus libertades siembran el odio

El derecho de expresión es un argumento que suele utilizarse para realizar actos discriminatorios.

Mirás a la cámara y decís cualquier cosa, pero cualquier cosa. Desinformás. Lastimás. Hablás para una tribuna específica que se regodea en lo que quiere escuchar. Juntás tus votos, relojeás encuestas. Repetís algún chiste que sonó bien en una reunión de amigos, afirmás como si nada que una nena violada debe parir.

Decís que una persona trans no tiene ningún impedimento para pagar sus tratamientos de hormonización. Desconocés estadísticas, como las de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) que en 2014 dieron a conocer que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. También, que 6 de cada 10 personas trans viven alguna situación de discriminación social.

Ignorás que la primera Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans, elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) de Santa Fe, arrojó que la mayoría de las personas travestis, transexuales y transgéneros son víctimas de la exclusión y discriminación escolar. El 42,5% posee un nivel medio-bajo de estudios (primaria completa, secundaria incompleta), el 46% cuenta con un nivel medio-alto (secundario completo, universidad incompleta) y sólo el 5% pudo completar una carrera universitaria o terciaria.

Pasás por alto que, según el mismo relevamiento, el 47% de la población travesti, transexual y transgénero comienza a comprender su identidad de género y a expresarla socialmente a partir de los 13 años. Ese proceso se da en simultáneo con la edad escolar y la violencia sufrida genera deserción escolar y trabas para acceder al mercado laboral.

Olvidás que muchas nenas están mirando la pantalla en la que te expresás libremente, nenas sobre las cuales pesa el secreto de un abuso, o de un embarazo producto de ese abuso. Olvidás que muchas pibas que no se animan a contar su orientación sexual te están escuchando. Olvidás al pibe trans que da sus primeros pasos para ser quien es, quien siente ser, y que mientras le ceba mates a la abuela recibe tus dichos como patadas en la panza.

O quizás no. No olvidás nada: a tus palabras le sobran odio.

Los discursos que definen a la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, suelen instalarla en el sitio de la polémica, de quien se sale de los moldes de lo políticamente correcto. Pero lo que dice la legisladora puede ser un delito.

Tu opinión es un ilícito

La Ley Antidiscriminatoria N° 23.592 define al acto discriminatorio como aquel que “menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”. Prescribe que quien realice alguna de estas acciones será obligado, a pedido del damnificado o damnificada, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

Lo que las Amalias no saben (ni quieren escuchar)

Según esta normativa, serán reprimidos con prisión de un mes a tres años quienes participen en una organización o realicen propaganda basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes alienten o inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Ir al INADI

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo técnico que brinda asesoramiento y recomendaciones en situaciones de discriminación.

A principios de mazo, durante una entrevista que Carmen Barbieri realizó a Amalia Granata en su programa Mañanísima, la legisladora dijo que las personas trans tienen que estudiar, salir a trabajar y hacer vida “normal” porque no se las discrimina y están en igualdad de condiciones que el resto de las personas. También habló de que las mujeres reclaman "privilegios" que los varones "no tienen". Su entrevistadora asintió en todo momento, e incluso llegó a afirmar que a las personas trans "se les paga" por su identidad de género.

Tras estos dichos, el Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), Varones Trans de Santa Fe y la Asamblea Trans No Binarie de Santa Fe realizaron una presentación ante el INADI Santa Fe. "Ninguna agresión sin respuesta", afirmaron luego en redes sociales.

No fue la única denuncia que el INADI Santa Fe recibió por estos dichos. Por otra parte, en la Defensoría del Público, las presentaciones suman 700.

Una vez que se formaliza la denuncia ante la delegación correspondiente del INADI y se pide la carátula en Buenos Aires, hay dos vías. Una es realizar una conciliación, si la denuncia es admisible, y tratar de hacer llegar a las partes a través del diálogo si es que las partes así lo desean. Si así no lo manifiestan, se corre traslado por el término de diez días para que se realice un descargo y se reúnan las pruebas. Tras esta instancia, INADI central dictamina si esos dichos son o no discriminatorios. El dictamen puede estar acompañado con alguna recomendación en relación a conductas a seguir. Pero la entidad no tiene facultad de sanción ni de multa. Esa es tarea de la Justicia.

Pausa dialogó sobre lo acontecido con María Paula Saini, abogada y actual delegada del INADI Santa Fe. Sin adelantarse a determinar si los dichos son o no discriminatorios la entrevistada contextualizó los dichos de Granata.

—¿Cree que hay un discurso que convalida o posibilita que ciertas personas salgan a hacer estas aseveraciones?

—Bajo el pretexto de la libertad de expresión muchas personas, que pueden ser funcionarias públicas o no, creen que tienen la libertad de opinar y expresarse de cualquier manera. La realidad es que esta libertad tiene límites. A la libertad de expresión se la utiliza para decir que sin ella no hay democracia. Pero ese derecho ligado a la protección de la democracia se da siempre y cuando quienes estén ejerciendo ese derecho estén emitiendo una opinión sobre el Estado, no cuando es el propio Estado el que emite un comentario. En este caso Amalia Granata forma parte del Estado, de uno de sus Poderes, que es el Legislativo.

—¿Qué pasa con la libertad de expresión en relación a alguien que no es funcionario o funcionaria?

—Funciona de la misma manera. Todos, todas, todes tenemos la libertad de expresarnos. Pero si esa expresión se convierte en un ilícito o en un delito, no importa si sos funcionario o no. La libertad de expresión tiene un límite y consecuencias. Pero cuando uno ejerce un cargo la responsabilidad es mayor, porque cuando uno habla frente a cámaras y multitudes, ese discurso se replica y se multiplica. Eso es lo complicado.

—¿Cuál es el origen de los actos de discriminación?

—Es no poder ponerse en el lugar del otro o de la otra. O de entender al otro como un Otro y no como algo igual pero distinto. Esa pretendida normalidad hegemónica deja afuera a muchas personas. Todo lo que queda por fuera de esa norma, que incluye al varón blanco, propietario, heterosexual, sin discapacidad y no mucho más, forma parte de la discriminación de un otro. Lo que fundamenta los discursos de odio es la construcción del otro como un enemigo, no como alguien que tiene distintos intereses o que es distinto, pero tiene los mismos derechos que yo, sino de un otro que nunca va a formar parte de lo que yo formo parte.

—¿Considera que con el crecimiento de la derecha hay un contexto para estas situaciones?

—Hay determinadas personas que han irrumpido en la política y que bajo el manto del liberalismo y que "mi libertad termina donde empieza la tuya", creen que pueden decir cualquier cosa. En el paraguas de la libertad de expresión se amparan estos sectores políticos.

—¿Cuáles son las consecuencias de estos discursos?

—Generan violencia y odio en la sociedad. En cada una de las notas en las que he hablado siempre hay comentarios debajo donde dicen “está bien que no les paguen a estos que son unos vagos, unos planeros”. Esto refuerza el discurso de la meritocracia, de que el colectivo trans es cercano al gobierno, de que “los trans son planeros”, que son la parte de la sociedad que nadie quiere soportar o pagar. Todos estos discursos terminan generando, en la práctica, violencia, odio y situaciones de discriminación concretas. Más allá de lo peligroso que es que lo que se menciona o los discursos que se elaboran se basan en falacias o en cosas que son falsas.

¿Qué hacer?

En caso de un hecho de discriminación, hay que contactarse con la delegación correspondiente del INADI para recibir asesoramiento. En Santa Fe, el teléfono es 4563295.  Además, el organismo lleva adelante jornadas y talleres de diversas temáticas para concientizar sobre el acceso igualitario a los derechos. En el verano impulsó la campaña Verano sin discriminación. Además, trabaja con gremios, clubes y escuelas para la prevención de este tipo de hechos.