Agroquímicos, otra vez en debate

El diputado Carlos Del Frade presentó un proyecto de ley provincial, avalado por la Multisectorial Paren de Fumigarnos, para prohibir las fumigaciones aéreas y aumentar las zonas de resguardo de las terrestres.

Para proteger a la población de las fumigaciones con agrotóxicos, la provincia de Santa Fe cuenta una ley de 1995. En ese año, en el país se aplicaba la sexta parte del volumen de venenos que se rocían en la actualidad. Y ni siquiera se había aprobado la primera soja transgénica resistente al glifosato. La ley, que en teoría tiene como objetivo proteger la salud y el ambiente, no fija ninguna distancia mínima desde los pueblos y ciudades para la aplicación terrestre de agroquímicos, sino que deja a criterio de los municipios y comunas establecer ese límite.

Ante esta situación, el diputado provincial Carlos Del Frade (Ciudad Futura) junto a la Multisectorial Paren de Fumigarnos -que agrupa a asambleas vecinales y organizaciones de toda la provincia- presentaron por sexta vez en la Legislatura -el pasado 5 de mayo- un proyecto para modificar la actual Ley Nº 11.273, llamada de Fitosanitarios. Entre los principales cambios, el proyecto prohíbe la aplicación aérea de agrotóxicos; además establece una distancia mínima de 1500 metros desde los ejidos urbanos y escuelas rurales para la aplicación terrestre. Y lo dispone para todo el territorio provincial. Si un municipio o comuna quisiera, además, establecer su propia normativa, podría hacerlo, pero para ampliar la protección, no para reducirla.

Desde la sanción de la actual ley provincial, en Argentina se aprobaron 65 cultivos transgénicos, la mayoría de ellos resistentes a herbicidas como el glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, que se usan para combatir las malezas. Durante las últimas dos décadas, el aumento del uso de venenos creció no sólo por el incremento de la superficie cultivada sino también porque las malezas se volvieron resistentes a los herbicidas. La ONG Naturaleza de Derechos, en base a datos de cámaras empresariales del sector, estimó que a principios de los 2000 se utilizaban unos 100 millones de litros de agrotóxicos por año y hoy la cifra se acerca a los 600 millones.

La evidencia sobre el daño que producen los agrotóxicos en la salud y el ambiente es uno de los principales fundamentos del proyecto de Del Frade. Al mismo tiempo, se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente y en fallos judiciales que ratificaron 1000 metros libres de agrotóxicos desde las viviendas.

Evidencias

En cuanto a los impactos en la salud, entre los estudios más recientes el proyecto de ley cita el informe Efectos de los Agrotóxicos en la Salud Infantil, publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en junio del año pasado. “Los niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicidas (…) lo cual, sumado a lo restringido de su dieta, hace que en los primeros cinco años acumulen el 50 por ciento de la exposición a plaguicidas que recibirán en toda su vida”, advierte el estudio de la SAP.

El documento elaborado por médicos de todo el país remarca que los daños en la salud de los chicos se dan tanto por intoxicaciones agudas como por la exposición crónica a bajas dosis de venenos. “Diferentes estudios en niños han demostrado que la exposición prenatal a pesticidas a bajas dosis ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo. Trastornos como déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, autismo y trastornos de conducta, han sido asociados a exposición a plaguicidas”, señalan. También advierten sobre la evidencia de asociación entre exposición a agrotóxicos y tumores sólidos, y cánceres hematológicos como linfoma de Hodgkin y leucemia.

Sumado a este informe, el proyecto de ley cita los trabajos sobre los efectos del glifosato realizados por el equipo de Andrés Carrasco, del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), el dossier Impactos de los agrotóxicos en la salud, de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva (ABRASCO), artículos y pronunciamientos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), el documento Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina, elaborado en 2019 por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el informe Plaguicidas altamente peligrosos en el ambiente, del ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho.

Remarcan también que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó al glifosato como probable cancerígeno en los seres humanos.

Fallos judiciales

El proyecto de ley también destaca en sus fundamentos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, de diciembre pasado, que ratificó la decisión de un tribunal de establecer 1000 metros de resguardo en Zenón Pereyra, localidad del departamento Castellanos.

El fallo del máximo tribunal rechazó una queja presentada por la Comuna, que pedía revisar una decisión de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Santa Fe. Los jueces de esa Cámara, en junio de 2020, habían establecido 1000 metros libres de agrotóxicos desde la vivienda de la familia Bassi (ubicada en una calle lindera a los campos) hacia todos los puntos cardinales. La Corte no sólo rechazó la queja de la Comuna, sino que sostuvo que la decisión de la Cámara era constitucional. La ordenanza local establecía sólo 100 metros de protección, que incluso podían reducirse a cero con autorización del gobierno comunal.

Una particularidad del fallo de los camaristas Roberto Sodero y Luciano Pagliano, luego avalados por la Corte, es que llamaron la atención a la Legislatura provincial, a la que le reprocharon la demora en ampliar las zonas de resguardo. “La demora en la actualización de los cánones en la ley provincial vigente ya se ha tornado objetivamente injusta”, advirtieron.

Los principales cambios

Además de prohibir las fumigaciones aéreas y de ampliar a 1500 metros las zonas de resguardo de las aplicaciones terrestres, el proyecto propone:

= Prohibir la aplicación de agroquímicos en las banquinas.

= Prohibir la venta libre de agroquímicos.

= Que los depósitos se ubiquen fuera de los ejidos urbanos, a no menos de 1500 metros de las casas.

= Un esquema más riguroso para la disposición final de los envases.

= Llevar a cabo programas de difusión para estudiantes y docentes acerca de la nueva ley.

= Cambiar la autoridad de aplicación. Hasta ahora, es el Ministerio de la Producción. Se propone que sean, en cambio, los ministerios de Ambiente y de Salud.

= Reemplazar la palabra “fitosanitarios” por “agroquímicos” en el título y en todo el articulado de la ley.

Silos y agroecología

La Multisectorial Paren de Fumigarnos adelantó que además de este proyecto, en los próximos meses volverán a presentar los proyectos de ley de silos y de promoción de la agroecología. “Las tres iniciativas forman parte del paquete de leyes para proteger la salud y la alimentación de los pueblos fumigados”, explicó Carlos Manessi, referente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), que integra la Multisectorial.

En cuanto a los silos, la iniciativa busca retirarlos de los pueblos. “En la gran mayoría de los casos, los silos están en el medio del pueblo y son uno de los factores más importantes de contaminación ambiental”, señaló Manessi. “Es un infierno el polvillo y la cascarilla que vuela. Y hay que tener en cuenta que se trata de granos de campos que han sido fumigados, que tienen restos de agrotóxicos”. Advierten que esto genera múltiples enfermedades en las personas que viven en las cuadras linderas, entre ellas, afecciones respiratorias. “La propuesta es llevar los silos fuera de la zona de resguardo de 1500 metros que se propone con la modificación de la ley de agroquímicos”, explicó Manessi.

Al mismo tiempo, la Multisectorial propone que en la zona de resguardo se promueva la producción agroecológica de alimentos. Como entienden que se trata de un proceso de transición que necesita, entre otros factores, capacitación de agricultores en las nuevas técnicas agroecológicas, la iniciativa apunta a que el Estado provincial cumpla un rol activo en ese proceso.