Colectivos en las provincias: los kelpers del transporte público

La Nación solo aparece para dictar conciliaciones obligatorias, pero no suelta recursos a las provincias. Empresarios, choferes y usuarios coinciden: fuera del AMBA, todos somos ciudadanos de segunda.

El problema no es nuevo y está recrudeciendo con firmeza: el transporte público de pasajeros del interior del país no puede sustentarse sin una importante suba de subsidios por parte de Nación, que solo parece poner el foco –y el dinero-- en el principal distrito electoral de la Argentina: el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese contexto, los choferes del AMBA ya están cobrando un aumento que los trabajadores de las provincias no consiguieron y lo pelean con medidas de fuerza que el Gobierno central frena una y otra vez con conciliaciones obligatorias.

Mientras tanto, las tarifas que pagan los usuarios reproducen esa inequidad: en Capital Federal y su conurbano el boleto cuesta $18, y en las jurisdicciones del interior se parte de los $59.

Lo que acordó el AMBA

La paritaria de transporte es nacional y participan, por la patronal, dos cámaras: la del AMBA y la del interior del país (FATAP). Por los trabajadores asiste UTA central y por las distintas áreas de gobierno –cuando concurren, que no siempre sucede—el Ministerio de Transporte de la Nación y Cofetra (Confederación Federal del Transporte, que reúne a funcionarios del área de las 23 provincias). También la cartera de Trabajo, que es la anfitriona.

En las negociaciones efectuadas en abril, AMBA consiguió cerrar un acuerdo consistente en un monto de 69 mil pesos retroactivo y no remunerativo ($26 mil para enero y febrero, $21 mil para marzo, $6 mil para abril, $6 mil para mayo y $10 mil para junio); más un incremento salarial escalonado del 50 por ciento hasta agosto. Ese mes, el básico de un chofer llegará a los 150.000 pesos. Además, habrá revisión en septiembre, y en el caso de que se demoren las discusiones, se cobrarán 15 mil pesos más.

Usualmente, poco después de que Buenos Aires logra su convenio, sucede lo propio en el interior. Pero en esta oportunidad no ha sido así hasta el momento, y FATAP es tajante: sin una inyección mayor de recursos por parte del Estado no hay posibilidad de afrontar ese aumento. Por su parte, los trabajadores exigen lo que consideran justo: “A igual trabajo, igual remuneración”, esgrime Sebastián Alen, secretario de Prensa de UTA Santa Fe.

“Nosotros el reclamo se lo hacemos a los empresarios. Ellos son los que tienen que conseguir el dinero o solventar lo que estamos pidiendo”, aduce. Pero también admite: “La distribución de subsidios no es federal”, y esa inequidad afecta a las firmas de transporte.

Ante la falta de respuestas, UTA declaró un paro para el martes 26 y miércoles 27 de abril pasados; y luego otro por 72 horas desde el 10 de mayo. Ninguno de los dos llegó a concretarse, pero no porque se haya arribado a una solución del conflicto: como única herramienta para desactivar el plan de lucha, la Nación apeló en ambos casos a dictar la conciliación obligatoria. Al cierre de esta edición, ese “parche” estaría vigente por cinco días hábiles, es decir, hasta el lunes 16 de mayo inclusive.

“Esperemos que haya respuesta”, se esperanza Alen. “Nosotros queremos ganar lo mismo que ellos –por los choferes del AMBA--. No queremos hacer medidas. Queremos solucionar el problema. Lo que pasa es que se está dilatando y el sueldo del trabajador no tiene por qué pagar todo esto”.

Lo que demanda FATAP

“En el interior no nos atiende nadie y estamos en una situación compleja”. La queja es del presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, Gerardo Ingaramo. El dato que avala su queja: el Ministerio de Transporte de la Nación lleva tres audiencias consecutivas sin presentarse, con lo que deja a los empresarios y los choferes discutiendo en el aire, con la tímida mediación de Trabajo.

Porque el verdadero debate, coinciden la patronal, los conductores e incluso las provincias, es por los subsidios que otorga el Gobierno central, y por la inequidad en su reparto con respecto a la Capital Federal y el conurbano.

El 5 de mayo, probablemente para cubrir su ausencia en las mesas de negociación, la Nación anunció con bombos y platillos una asistencia de 10.500 millones de pesos para el transporte del interior del país durante el segundo trimestre de 2022, que formarán parte de un total de 46.000 millones de pesos asignados a este año. Según Ingaramo, son fondos que ya estaban comprometidos previamente a la paritaria, por lo cual solamente servirían para cubrir el 50 por ciento del incremento solicitado ahora por los trabajadores.

De todas formas, la demanda de los dueños de los coches no es por una suba de esos montos, sino por una distribución distinta. “En vez de 3.500 millones por mes estamos pidiendo 3.800 millones”. A ello, agrega, debería sumarse un aporte de las provincias de $600 millones. “Con eso estaríamos destrabando el conflicto”, garantiza.

Las cifras parecen siderales, pero la perspectiva cambia si se evalúan los números finales: “Todo el transporte del interior va a recibir subsidios este año por 65 mil millones para 12 mil colectivos, y el AMBA, 240 mil millones para 18 mil colectivos”. Es decir, casi tres veces más en favor de Buenos Aires.

“Me parece que no es desproporcionado, lo desproporcionado es lo del AMBA y lo nuestro es algo lógico. No lo estamos pidiendo para los empresarios. Es para cerrar la paritaria y que los trabajadores del interior se equiparen a los del AMBA, y que no haya trabajadores de primera y de segunda”, remarca Ingaramo.

Cuestiones de fondo

Los actores locales involucrados lo reconocen sin dudarlo: en las provincias el sistema de transporte es absoluta y críticamente subsidio-dependiente. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, en cambio, la coyuntura es distinta. Según Ingaramo, en el AMBA el 92 por ciento del servicio se cubre con subsidios y solo el 8 por ciento con la tarifa; mientras que en el interior el 40 por ciento corresponde a subsidios y el 60 por ciento a tarifas. Por eso en Capital Federal y conurbano pagan un boleto de 18 pesos (aun con distancias mucho mayores) y en nuestra ciudad abonamos $59,35.

A ello se suman dos factores: una inflación que ocasiona una suba brutal de los gastos operativos del sistema y una merma muy significativa en el corte de boleto. Una investigación reciente de la UTN explica elocuentemente esto último: en Santa Fe el 40% de los usuarios se bajó del colectivo desde el comienzo de la pandemia a esta parte, y se volcó a otros medios de movilidad (motos, bicicletas y automóviles). La información no es menor: si a un servicio que ya viene castigado se le restan clientes, el servicio va cayendo cada vez en una mayor decadencia.

Pero, además, en esta capital se añade otra circunstancia: desde la crisis de 2001 el Municipio concede los servicios por contratación directa, con prórrogas anuales. Es decir: se trata de una prestación en estado de precariedad desde hace 20 años. Con respecto a esto, el intendente Emilio Jatón anunció durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo, el 3 de marzo pasado, el envío de los pliegos a ese Cuerpo Deliberante para la pronta licitación de los colectivos.

Federalismo o cortejo fúnebre

A fines de abril se realizó el primer plenario del Cofetra en Córdoba. Su principal conclusión fue “la necesidad de lograr una discusión de colaboración con el Gobierno nacional, fundamentalmente con el Ministerio de Transporte, para que la distribución de subsidios sea igualitaria”, según destacó Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del organismo.

“Tenemos que empezar a acortar esa brecha entre el AMBA y el interior del país y que sea un trato justo, igualitario y equitativo para todos”, agregó Alcira Brizuela, titular de esa área en La Rioja.

Desde el sector empresario, Ingaramo valora esos esfuerzos, pero también plantea que “falta un poco de fuerza”.

“Mientras cada uno se maneje independientemente y las provincias por los medios digan que tienen que dar más subsidios, pero no se planten en serio a través de los legisladores y no saquemos una Ley Federal del Transporte, esto no se va a modificar.  Yo creo que se puede hacer siempre y cuando levantemos la voz y nos hagamos escuchar para que digan ‘el transporte existe en el interior’. Si no, vamos camino al cementerio”, sentenció.