La Masacre de Napalpí: hacia la verdad histórica del genocidio contra los pueblos originarios

Casi un siglo después de la matanza cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos de las comunidades mocoví, qom y vilela, se lleva adelante un juicio por la verdad histórica para esclarecer lo ocurrido y establecer una reparación.

Por Julia Colla*

En 1924 en la actual localidad de Colonia Aborigen, al sur de Chaco, fueron asesinados cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos pertenecientes a los pueblos originarios, principalmente mocoví, qom y vilela. Casi un siglo después, comenzó un juicio de la verdad para esclarecer lo ocurrido y establecer una reparación hacia las comunidades. Un paso más hacia la verdad histórica del genocidio perpetuado a los pueblos originarios de nuestro país y un momento oportuno para visibilizar su situación actual.

Un plan estatal sistemático para someter, explotar y destruir a los pueblos indígenas

En el norte santafesino desde 1872 ya funcionaba La Forestal S.A. para la producción de postes de quebracho colorado y durmientes para el ferrocarril. También en el Chaco, se encontraban importantes ingenios azucareros y se expandían las plantaciones algodoneras. Estas actividades requerían de una gran cantidad de obreros, por lo que se empezó a pensar en la mano de obra que podían ofrecer los indígenas vencidos y sobrevivientes a las Campañas militares.

Es por esta razón que se creó una institución estatal inédita: las reducciones civiles para indígenas. En Chaco, Napalpí (creada en 1911, en la actual localidad de Colonia Aborigen) y en Formosa, la de Bartolomé de las Casas (1914), Francisco Javier Muñiz y Florentino Ameghino (1935). Fueron un sistema de concentración de personas implementado por el Ministerio del Interior a cargo del Estado nacional. Los indígenas que ingresaban a estos espacios habían sido desposeídos de sus tierras y perseguidos por las campañas militares de la región.

En el caso de la Reducción de Napalpí se trataba de un predio militarizado. Las personas que allí se sometían, principalmente de los pueblos mocoví, qom y vilela, debían respetar un reglamento riguroso. Los niños eran separados de sus familias y alojados en un internado. Se les inculcaba el culto católico, el idioma castellano y las pautas de una cultura “civilizada”. Los adultos eran marcados con un pañuelo blanco en su brazo –que diferenciaba al “indio manso” del considerado “peligroso”–, se les entregaba tierra para cultivo y eran llevados a trabajar en obras públicas o en la cosecha de algodón. Todo lo que se producía dentro de la Reducción se le adjudicaba un impuesto y era comprado por el administrador de la reducción a precio vil. Además, se les daba un crédito para cubrir las necesidades inmediatas. Estas “deudas” nunca podían ser saldadas, sobre todo, por las continuas situaciones de aprovechamiento por parte de los administradores.

La “Masacre de Napalpí” ocurrió justamente en una sublevación indígena por las pésimas condiciones de vida y trabajo que soportaban en la Reducción. Todo esto sucedió en el marco de las denominadas “Campañas del desierto” que, en los territorios nacionales del norte, tuvieron como objetivo la apropiación militar de extensos territorios, la expansión de las fronteras del Estado-Nación y de las actividades económicas junto con el consecuente sometimiento, explotación y destrucción de las poblaciones preexistentes.

Napalpí, el epicentro del horror

El 19 de julio de 1924, 130 oficiales montados con la ayuda de colonos algodoneros armados y guiados por un avión biplano, asesinaron y masacraron a cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos pertenecientes a los pueblos originarios que se encontraban en la Reducción. La cifra de víctimas se estimó en 500 personas; muchos fueron fusilados, empalados y mostrados como trofeo en la plaza de Quitilipi, una ciudad cercana. Otros, incinerados y enterrados en fosas comunes. Pocos lograron escapar, entre ellos, las niñas Melitona Enrique y Rosa Grilo; testimonios claves en el Juicio que se está llevando a cabo.

El supuesto detonante que “justificó” la acción del Estado fue una huelga y concentración de indígenas debido a los injustos precios por el pago del algodón, las pésimas condiciones de alimentación, la explotación recibida por los terratenientes y colonos algodoneros y la prohibición de migrar a las provincias de Salta y Jujuy en búsqueda de mejores ofertas laborales.

El horror de aquellas jornadas fuera relatado por la prensa local y nacional como una respuesta eficaz para persuadir a un “malón” de indios revoltosos. Los terratenientes y colonos algodoneros de la zona celebraron lo que consideraron un proceso de pacificación. Y los informes oficiales presentados en el Congreso Nacional se permitieron hablar de una “extralimitación” por parte de las fuerzas militares que habían arribado ese día, aunque investigaciones recientes dieran con que hubo una planificación previa. Finalmente, como las denuncias no prosperaron, los sobrevivientes se ocultaron en el monte y nunca más hablaron de lo ocurrido. Napalpí, “el lugar de los muertos” en idioma mocoví, se convirtió en una historia de dolor, silencio e injusticia; pasó al olvido en la historiografía regional y quedó en el recuerdo trágico y la memoria oral de quienes sobrevivieron y de sus descendientes, por casi 100 años.

El terrorismo de Estado y un juicio por la verdad

El juicio por la verdad por la masacre de Napalpí que comenzó el pasado martes 19 de abril de 2022 –en coincidencia con el Día del Aborigen Americano– fue posible por la investigación realizada por el historiador qom, Juan Chico –precursor de la Fundación Napalpí– quien logró recuperar los testimonios de los descendientes y dar con las sobrevivientes. También por trabajos llevados a cabo por la universidad pública y el CONICET para reconstruir archivos estatales dispersos y la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense en el lugar de los hechos.

El juicio oral tiene como objetivo esclarecer lo sucedido y, aunque los responsables políticos están fallecidos –como el exgobernador Fernando Centeno–, el Estado debe reparar lo que se considera un crimen de lesa humanidad. Este hito en la Justicia argentina tiene como antecedente la lucha por los derechos humanos sobre los crímenes de lesa humanidad perpetuados en la última dictadura cívico-militar (1976-1983), ya que han generado la posibilidad de reflexionar sobre el terrorismo de Estado y el genocidio indígena.

Efectivamente, no debe pensarse que Napalpí fue un hecho aislado; un acontecimiento trágico y circunscripto a un hecho abominable. El genocidio perpetuado a los pueblos indígenas no fue algo particular o un exceso en la política del Estado-Nación que deba estudiarse como un capítulo de la historia denominado “Campaña del desierto”. En realidad, es necesario reflexionar que este tipo de acontecimientos son constitutivos del Estado moderno y siempre existe el campo de posibilidades para que vuelvan a ocurrir, tal como sucedió con el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Si bien hablamos de contextos y momentos políticos e históricos diferentes, en ambos acontecimientos existe una analogía en el discurso estatal respecto a dar una “solución final” a algo que se consideraba un “problema interno” de la sociedad argentina.

Por este motivo la importancia de estos Juicios por la Verdad radica en poder sentar precedentes y esclarecer el accionar del Estado y así reflexionar, visibilizar y prevenir la repetición de este tipo de hechos abominables cometidos sobre la humanidad. Y, sobre todo, para avanzar en una reparación histórica, tan postergada para los pueblos originarios.

La continuidad de un genocidio silencioso

La violencia estatal hacia los pueblos indígenas que se instaló durante el proceso genocida de las campañas militares continúa inscribiéndose con distintas magnitudes y efectos bajo otras formas de violencia.

Según el último Censo Nacional de Hogares y Viviendas del año 2010, en Chaco existen 41.304 personas que se autoperciben como parte de los pueblos indígenas. De ellas, el 81% vive en viviendas deficitarias, con situaciones de hacinamiento crítico (26%) y el 38% no cuenta con agua potable. Ya en el 2007, la Corte Suprema de la Nación había indicado que las poblaciones indígenas en Chaco se encontraban en un “exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”. Y, en 2021, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas advirtió que tan solo el 23% de las comunidades fueron relevadas en lo estipulado por la Ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de la tierra indígena y denunció, también, el continuo atropello que recibían en desalojos judiciales ilegales.

Entonces, este momento histórico que inaugura el Juicio por Napalpí es una oportunidad para continuar reclamando un verdadero resarcimiento histórico que permita recuperar la tierra y que mejore las condiciones de vida de estos pueblos, en continuidad al reclamo de sus antepasados tristemente asesinados en aquella masacre.

* IHUCSO Litoral, UNL-CONICET.