Agrupaciones feministas rechazan un convenio de la provincia con la Fundación Padre Ignacio

Se trata de un acuerdo de cooperación entre el gobierno provincial y la Fundación Padre Ignacio para la implementación de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. "¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos?", cuestionan desde las organizaciones.

Organizaciones feministas de la provincia emitieron un comunicado repudiando un convenio que el Gobierno de Santa Fe firmó con la Fundación Padre Ignacio, para que ésta implemente la ley nacional 27.611 de "Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia", conocida como la "Ley de los 1000 días".

La información oficial, difundida a través de la web de gobierno, indica que el acuerdo tiene una vigencia de 12 meses y que con el mismo "tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la Ley de los 1000 días".

Esta ley fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 -en la misma sesión en la que se legalizó el aborto voluntario- y tiene como objetivos proteger y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, y a niñas y niños en sus primeros 3 años de vida. La normativa establece ciertas prácticas para proteger los entornos de crianza en los primeros años de vida, adoptando una perspectiva de ampliación de derechos y asegurando un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, género y cultura.

"¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos?", señala el comunicado difundido por un grupo de organización feministas de la provincia. "Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos".

"¿Por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, convoca a un sector particular religioso?", continúa el texto de rechazo al acuerdo de cooperación. "De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?".

Desde las organización señalan, además, que este convenio firmado con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales, "contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional que obliga al cumplimiento de los derechos garantizados en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)".

El comunicado finaliza: "Rechazamos el convenio firmado con un sector religioso que, históricamente se opuso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y a reconocer y respetar la diversidad sexual. Exigimos que se deje sin efecto y que se cumpla con las leyes vigentes en la materia y se convoque a las instancias estatales correspondiente para darles cumplimiento. Iglesia y Estado, asuntos separados".

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: CLADEM; INSGENAR; CEFEJUS (FDer/UNR); COAD; Programa Género y Sexualidades (FDer/UNR); CEIDH (FDer/UNR), Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, regional Rosario; Doulas feministas de Santa Fe; Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario; Asociación Civil Lesbofemenista Lxs Safinas; Asociación para las políticas públicas lgbt+; Separación iglesia y estado Santa Fe; Nanas socorristas en red; Mujeres en Ronda Totoras, y Mujeres de La Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre otras.