El establishment santafesino desafía a Alberto Fernández

Parece que el presidente otra vez avanza sobre Vicentín, buscando crear una empresa testigo. Rafael Gutiérrez llevó la causa a la Corte, en un claro gesto al poder concentrado local. Tras la reculada hace dos años, cuáles fueron los costos para Fernández y el Frente de Todos.

Alberto sabe que la fallida expropiación de Vicentín fue el principio de una fractura profunda y sin solución con buena parte de su electorado. El establishment rosarino sabía que, expuesta la estafa, el Estado planeaba alternativas para enjuagar ese error. Scaglione y Mariano Grassi activaron contactos con la Corte santafesina para que la lapicera de Alberto llegue -una vez más- demasiado tarde.

El episodio Vicentín fue, pueden postear sus diferencias, el primer gran error del Frente de Todos a escala nacional, fracturando hacia adentro y devaluando su potencia política hacia afuera, y desgastó a dos de sus principales referentes: Alberto Fernández y Omar Perotti.

Fernández –mal asesorado, es información–al momento de sorprender con el anuncio de expropiación (aquí no corre lo de Advierto Fernández, es una de las pocas sino la única medida sin aviso previo) no conocía el tamaño real de una empresa que tenía una estructura offshore que –en deudas y activos– duplicaba la que oficiaba de fachada.

Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti realizaron una investigación a pedido del Banco Nación para subsanar éste error, que se denominó “Análisis de la evolución reciente del Grupo Vicentín en relación a la fuga de capitales y precios de transferencia”, que entregó un esquema más claro de la estructura del holding, del tipo de operaciones realizadas para fugar activos estafando a entidades públicas y privadas, vaciarla y posteriormente venderla/rematarla.

En una nota publicada en Pausa (Junio 2020), Gustavo García Zanotti decía que “para tener muy claro lo que hizo Vicentín hay que decir que conformó dos holdings, uno en Uruguay como decía Alejandro y otro acá en Argentina que es Vicentín SAIC. Este último le fue vendiendo a Vicentín Family Group participaciones de empresas, lo que denominamos transferencia de activos. El problema fue que, con la intervención y posible expropiación, ese holding con sede en Uruguay con la gran cantidad de empresas que tiene, quedaría afuera de lo que el Estado se propone recuperar, porque básicamente se intervino la empresa sin saber la magnitud de su estructura real, que estaba dividida en dos desde hacía algún tiempo. Así se estaría interviniendo y expropiando sólo una parte”.

Fuga y empresas fantasmas: los economistas que desnudaron el vaciamiento de Vicentín

No fueron solamente las absurdamente amplificadas manifestaciones en Avellaneda y Reconquista (“banderazos en defensa de la propiedad privada” y de la libertad de estafar a 47 millones de personas sin pagar las consecuencias) los que produjeron el costoso retroceso del presidente. Alberto es Alberto y no tiene vocación expropiadora, aunque el peronismo de los años felices tenga una riquísima historia en la materia. Pero para rematar el asunto y mucho antes de la nota a Radio Con Vos donde desiste de subir retenciones porque la oposición no quiere, comete un grave error y –nada menos que a Página 12, diario clave en el menú de su electorado kirchnerista– justifica su arrepentimiento con una frase que fue título además: “pensé que iban a salir todos a festejar”.

Absurdo por varias razones: porque estábamos en pleno ASPO y la excelente gestión presidencial de la pandemia para salvar vidas como prioridad era respetada sin matices ni fracturas internas; porque se trata de una empresa emblemática del sector agroindustrial y exportador, la propuesta era desafiante y costosa, poner un pie en IMPSA fue muchísimo más sencillo; porque los que no lo votaron y no lo van a votar jamás salieron a repudiarlo como salían a militar contagios y muertes. Esperar otra cosa era de una ingenuidad asombrosa para un analista y operador político avezado como Alberto Fernández.

También en Pausa, pero en enero 2021, con más perspectiva y con los memes revolucionarios flotando a la deriva, Ricardo Forster (uno de sus asesores más fieles y preclaros) dejaba en claro que el presidente “es consciente de que el problema Vicentín tuvo sus costos y aún se están pagando. El efecto negativo “Vicentín” irradió varios meses y debilitó la capacidad de interpelación de Alberto en relación a la base propia, ese mundo indispensable a la hora de imaginar la estabilidad del gobierno y el triunfo en las elecciones de medio término. Fue un impacto negativo nacido de un error político, si vos tomaste una decisión porque lo creíste conveniente, retroceder sobre esa decisión iba a tener un costo político muy grande”.

Y así es, desde entonces, y motivados por la inflación imparable de alimentos, la guerra entre los principales productores de trigo, cereales y petróleo, el avance de una causa donde queda claro el vaciamiento fraudulento con fines de venta y la necesidad de encontrar un hecho épico y refundacional que los enamore de un peronismo que no desafía correlaciones de fuerzas, algunos sectores del FDT vienen barajando otras alternativas.

Didascalia acerca de lo que le costó el amague a Omar Perotti

Para cumplir con el primer párrafo, diremos que así como nadie le avisó al Directorio del Banco que es el principal acreedor público de Vicentín, tampoco hubo avisos tempranos al gobierno santafesino y que, mientras se festejaba en las redes y algunos portales de noticias, en la Casa Gris se masticaba bronca recordando la promesa de “gobernar con todos los mandatarios provinciales peronistas” y el Ministro de Producción Daniel Costamagna presentaba su renuncia.

La propuesta alternativa del gobernador para encauzar una intervención estatal desdibujada fue desestimada por el impresentable juez del concurso, quedó presa de la interna, fue calificada de claudicante y le valió el mote –acuñado por periodistas del palo nacional y popular– de Omar “tengo una propuesta superadora” Perotti.

Digamos finalmente que el establishment nacional y santafesino en particular tomaron nota de la improvisación e impotencia, de que Alberto era capaz de fracturar su base electoral antes de que enfrentarlos. Hasta aquí, todo pérdida, hasta que pasó lo que sigue.

¿El que avisa no tracciona?

Como es un tema sobre el que hemos escrito copiosamente, haremos la última auto referencia, una nota con el Director del Banco Nación, Claudio Lozano, fechada en diciembre del año pasado y también publicada en PAUSA. Cuando nadie estaba hablando públicamente de reflotar absolutamente nada (excepto Carlos Del Frade y algunos miembros de la Comisión de Seguimiento de la HCD de Santa Fe), el principal referente de Unidad Popular anunciaba que “evaluamos con Julián Domínguez una salida diferente para Vicentín”.

Nosotros sí, pero muches no le creyeron. ¡Justo con Julián Domínguez! Tan afín a la Mesa de Enlace y poco proclive a pelearse con el pool de empresas agroexportadoras. También Matías Kulfas estaba al tanto y avalaba encontrar alternativas para conformar una empresa testigo en la cosecha e industrialización de granos, pero digamos otra cosa sobre el Ministro que no quiere subir retenciones al agro: fue uno de los pocos (el otro fue Ginés en Salud) que al asumir y presentándose en el hall del Ministerio, reconoció el trabajo y la resistencia de les trabajadores que enfrentaron y sobrevivieron a los despidos y las persecuciones macristas. Para les estatales no fue un gesto menor.

Lozano: “Evaluamos con Julián Domínguez una salida diferente para Vicentín”

El hecho es que Rafael Gutiérrez, el primo de la ex esposa de Carlos Reutemann, amigo personal de Armando Traferri, ese “al que todo el mundo le debe algo”, varias veces tentado como candidato a gobernador de Santa Fe, presidente de la Corte que aseguró la impunidad del Lole por las muertes y perjuicios generados por las inundaciones de 2003, echó mano de un recurso que se utilizó apenas tres veces en 50 años, excepcional y a demanda de intereses muy poderosos: un Per Saltum para quedarse con la causa Vicentín y favorecer a un grupo económico liderado por corredor de cereales Mariano Grassi (uno de los 2600 damnificados por la estafa) y que posee como brazo comunicacional al multimedios La Capital de Rosario, liderado por Gustavo Scaglione.

Hay quienes dicen –con cierta justicia– que en la provincia de Santa Fe hay dos “círculos rojos” con menos visibilidad y prensa como “corpo antiperonista” que los de Buenos Aires: uno en el centro norte y otro en el sur, con sedes administrativas en Santa Fe y Rosario.

Y así es, la Corte Suprema de Justicia no es más que –al igual que la que preside el también santafesino Horacio Rosatti– garante de la propiedad y los negocios de un selecto grupos de empresarios que conforman el poder que queda mientras los gobernadores pasan, y que participan de grupos mediáticos –Leandro Salvatierra es uno de los abogados del Estudio que patrocina a Grassi y a la vez accionista de La Capital– no para ganar plata (hace rato que está claro que los medios de comunicación no sirven para ganar dinero) sino para potenciar las posibilidades de ganarlo, para multiplicar negocios.

Cuando decimos que los gobiernos que desafían los negocios ilegales o reñidos con la honestidad de ésos grupos son escollos de coyuntura, no es una bravata pesimista. Y cuando afirmamos que ésos grupos son los que “nos prestan la provincia para vivir como santafesinos” no lo decimos superlativa o figurativamente, de momento es así. Omar Perotti amenazó ir a fondo contra parte de ese dispositivo desde su discurso de asunción e incluyó a un puñado de dirigentes (socialistas, radicales y peronistas) complicados por ésa cofradía de negocios. Fue una declaración sonora que le costó caro, tan caro como al presidente dejar correr la “solución privada” y apañada por un concurso vergonzoso que hoy Rafael Gutiérrez clausura a pedido del grupo del que participa uno de los multimedios. Multimedio que se apresta a seguir concentrando poder para condicionar –como en el caso de Clarín, La Nación o Infobae, la pauta no te salva de la metralla– a quien sea que pretenda revitalizar ese “cargo menor” que se ejerce desde la Casa Gris.

Se trata de marcarle la cancha a quien proponga recuperar la política como herramienta para modificar las correlaciones de fuerzas y mejorar la calidad de vida de sus electores, ese que fue el principal mérito de Néstor Kirchner, y forzarlo a operar como CEO y custodio de los intereses de las 100 empresas más poderosas de la Argentina.

Otra vez en una exclusiva a Página 12 (apuntando al mismo público que necesita recuperar de cara a 2023) el presidente dice textualmente “seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”. Dice tal vez, no dice que esté seguro. Pues bien: no hay tiempo ni margen emocional para otra decepción, los plazos para una intervención estatal vencen en pocos días y la lapicera que Cristina le pidió usar en defensa y beneficio de los intereses populares sigue en el aire, amenazando aterrizar en algún papel.