Están las leyes, falta más Estado

Según un monitoreo social realizado por organizaciones feministas, en el centro-norte de la provincia sólo una de cada diez mujeres está en condiciones de acceder al derecho al aborto.

Una batería de leyes, en buena parte trabajadas, militadas y conseguidas por el movimiento de mujeres y el colectivo LGBTIQ+ de nuestro país, protegen y regulan el ejercicio de los derechos en salud sexual.

Desde el reconocimiento de estos derechos como derechos humanos por el Estado argentino en 1985 y su incorporación a la Constitución Nacional con la Reforma de 1994; pasando por la sanción de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002, la ley de Educación Sexual Integral en 2009, la de Identidad de Género en 2012 y llegando a la de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, nuestro país cuenta con gran cantidad de normativas -muchas de ellas de avanzada- para que su población tenga acceso a las prácticas necesarias para ejercer su derecho a la salud. 

Pero una ley no garantiza de una vez y para siempre su cumplimiento, ni los Estados están siempre haciendo todo lo necesario para que eso suceda, lo sabemos. Para tener una evaluación y un conocimiento más concreto de esta realidad, MultiPalabras (una alianza de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras) realizó, entre 2021 y 2022, el Monitoreo social santafesino de acceso a los cuidados en Salud Sexual.

Este relevamiento, que tomó el centro-norte del territorio provincial para su estudio, se hizo con el objetivo de indagar de qué manera el Estado, en tanto garante de los derechos humanos, estaba proporcionando los cuidados en materia de salud sexual en el marco de las leyes vigentes. 

Las encuestas anónimas, realizadas en los 11 departamentos del centro-norte por más de 70 militantes feministas de unas 18 organizaciones civiles, abarcaron un universo de 712 usuarias y 164 efectores (centros de salud y hospitales) del sistema público de salud. Se indagó sobre el uso de métodos anticonceptivos y el acceso al misoprostol, también por la información que poseen quienes asisten a los efectores sobre las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) y la línea 0800-222-3444 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación.

Resultados que alertan

Acerca del asesoramiento en métodos anticonceptivos el 81,3% informó que sí fue asesorada y un 18,7% afirmó que no, un porcentaje que desde MultiPalabras identifican como “significativo”. “Nosotras pensamos que ese porcentaje iba a estar en cuatro o cinco”, comenta Silvia Ferrero, integrante de MultiPalabras. “Acá creemos que puede haber una naturalización por parte del sistema de salud de creer que las mujeres ya tienen esta información y por eso no la ofrecen”, hipotetiza.

Respecto al uso de métodos anticonceptivos, un 14,7% afirmó no usar ninguno. Entre los más utilizados se registran: anticonceptivos orales 35,2%, inyectables mensuales 12,5%, ligadura de trompas 11%, chips 9,7%, dispositivos intrauterinos (DIU) 3,4%, preservativos 4,8% y -en porcentajes menores- se usan métodos combinados. “Estos porcentajes dan cuenta de que la responsabilidad en el cuidado de la salud sexual recae fundamentalmente en las mujeres y, por otra parte, preocupa el escaso uso de preservativos ya que daría cuenta del precario cuidado respecto a enfermedades de transmisión sexual”, indica el informe.

Desde las organizaciones que trabajaron en el monitoreo señalan que los datos más preocupantes los encontraron al consultar el conocimiento que las usuarias tienen sobre el acceso al aborto y la entrega de misoprostol: el 81% contestó que no dispone de esa información, el 11% informa que no se entrega y solo el 8% afirma que sí se entrega.

“Este dato nos sorprendió mucho, no pensábamos que era tanto”, señala Ferrero. “Y esto es clave porque las usuarias del sistema público no tienen otro sistema al cual recurrir, por lo tanto, lo que no se da en el sistema público, no se da”.

En cuanto a otros efectores, el 74% no sabe si hay alguno cercano que realice abortos y el 14% afirma directamente que no los hay. Según estos datos, las investigadoras infieren que sólo una de cada diez mujeres del centro-norte provincial está en condiciones de acceder a una IVE/ILE ya que conoce fehacientemente dónde solicitarla.

Frente a la pregunta sobre si se brindó información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en el efector, sólo un 20% respondió afirmativamente. El 21% indicó que no se ofrece información y el 59% no lo sabe. Un 81,3%, además, desconoce la existencia de la línea de atención gratuita en salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-3444).

Las fallas del sistema

Algunos de los datos más relevantes que se desprenden de las encuestas en los efectores de salud tienen, a su vez, importantes rasgos de género. “Hay una diferencia entre la ligadura tubaria y la vasectomía, donde estas últimas prácticamente no se indican, pero cuando un varón la pide tiene acceso rápidamente”, describe Ferrero. “En cambio con la ligadura las mujeres tienen que deambular un poco por el sistema y, dependiendo del lugar de la provincia en el que vivas, vas a tener esta indicación o no”.

En las regiones A y C (Reconquista y Santa Fe), la vasectomía es indicada por la mitad de los efectores que indican/realizan la ligadura tubaria. Esta relación se invierte en la región B (Rafaela), donde es más fácil acceder a la indicación de una vasectomía que a una ligadura tubaria.

En cuanto a la disposición y entrega de misoprostol, el fármaco para la práctica de IVE/ILE en el primer trimestre, el monitoreo reveló que en todas las regiones es muy alto el porcentaje de efectores que no lo suministran. “Si consideramos los porcentajes que no saben y no contestan sumados a los que no proveen el fármaco, el acceso a este insumo es nulo o irregular en aproximadamente la mitad de los efectores relevados”, indican desde MultiPalabras. “Ello sugiere que, en la mayoría de los efectores del sistema público, las mujeres y personas gestantes no encontrarán una respuesta inmediata ante la consulta espontánea, a pesar de que la IVE constituye un derecho que debería estar garantizado”.

Finalmente, el análisis de los datos correspondientes a los tratamientos de hormonización para personas trans, arroja un resultado similar a la provisión de misoprostol: la mitad de los efectores, o aún menos, proveen este insumo, situación aún más compleja en las localidades más pequeñas. 

El Estado es responsable

“El rol del Estado provincial como promotor de derechos es escaso”, indica Silvia Ferrero. “Nos sorprendió mucho el porcentaje altísimo de efectores públicos que no proveen misoprostol, esto no puede ser porque en la provincia el medicamento está en el sistema público desde 2013 y desde 2018 lo fabricamos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)”.

El informe, que será presentado a los ministerios de Salud, Género y Educación, propone además algunas líneas de trabajo que el Estado podría abordar de cara al futuro inmediato. “Por un lado tiene que haber una política pública comunicacional hacia la sociedad respecto de estos derechos, sobre todo de la IVE y de los tipos de anticoncepción. Y también tiene que haber una comunicación hacia adentro de los efectores mucho más efectiva, para que llegue a las usuarias”, indica Ferrero.

La militante también señala que el Ministerio de Salud debe formar en derechos sexuales a todos los efectores y en todo el circuito de atención. “El otro punto es la objeción de práctica. Si hay objeciones de práctica eso tiene que estar relevado y explicitado”. Respecto a la escasa entrega de misoprostol, “lo que pedimos es que el sistema de Farmacia, en el Ministerio de Salud, mire hacia adentro como es la distribución y el pedido de este fármaco”. 

Las recomendaciones alcanzan también al Ministerio de Educación, con el cumplimiento de una ley clave: “Todo esto también podría estar, en términos de información, trabajado desde la educación sexual integral”, afirma Ferrero. “Nosotras hacemos talleres, el movimiento de mujeres informa, pero la magnitud no tiene nada que ver con las herramientas que tiene el Estado para llegar a la población y que por otro lado es su deber hacerlo, no el nuestro”.