El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le había otorgado en enero la excarcelación al genocida de Laguna Paiva, Eduardo Riuli. Por segunda vez, la Cámara de Casación Penal le ordena que mande a la cárcel al represor.
Por segunda vez, la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) que mande a la cárcel al represor Eduardo Riuli, sentenciado por delitos de lesa humanidad en el marco de la Causa Laguna Paiva y posteriormente beneficiado con la libertad condicional.
Al ex policía se lo penó con seis años de prisión en julio pasado, por privar ilegítimamente de la libertad y ejercer tormentos sobre once militantes sindicales oriundos de Laguna Paiva, en el marco del terrorismo de Estado implementado durante la última dictadura.
Poco después del fallo condenatorio, el TOF de Santa Fe otorgó al represor la libertad condicional, alegando que el genocida ya había cumplido dos tercios de la pena durante el proceso.
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Sin embargo, por un recurso presentado por los sobrevivientes de los hechos investigados en la causa Laguna Paiva, acompañados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, en diciembre Casación Penal le ordenó al TOF que el genocida Riuli vaya a la cárcel. Pero el tribunal federal de Santa Fe desobedeció: el 30 de ese mes otorgó nuevamente la excarcelación del ex policía. No sólo desoyó el mandato de un tribunal superior, sino que agregó que el represor debía presentarse una vez por semana en la Comisaría de Laguna Paiva, que queda a menos de 200 metros de la casa de la familia Páez-Medina, una de las que Riuli secuestró y torturó en 1980.
El 2 junio pasado, por segunda vez, la la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, como Presidente, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- resolvió nuevamente a favor de una segunda presentación de la APDH Rosario y ordenó revocar el beneficio de excarcelación del que goza Riuli. Desde el organismo querellante reclaman "que el TOF de Santa Fe rápidamente haga efectivo el fallo de su superior y ordene cumplimentar la condena del genocida Riuli".
El 7 de julio del año pasado, por unanimidad, el TOF sentenció a seis represores por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, entre ellos Riuli. Las penas, dijo el TOF en su fallo, debían cumplirse en cárcel común. Durante la dictadura, los culpables prestaron servicios al Departamento de Investigaciones de la Policía de Santa Fe, que tenía sede en la capital provincial y en ese marco cometieron sus crímenes.
La Causa Laguna Paiva investigó delitos de lesa humanidad ocurridos a partir de febrero de 1980. Los genocidas sentenciados secuestraron y torturaron a personas oriundas de Laguna Paiva por su actividad en el Partido Revolucionario de los Trabajadores durante la década del 70. Con ellos secuestraron además a sus parejas e hijos. Los militantes permanecieron privados ilegítimamente de su libertad en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe y luego fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo y trasladados a cárceles federales. Recuperaron su libertad desde 1984.
Hoy los sobrevivientes de los hechos expuestos en el tribunal exigen la apertura del segundo tramo del juicio, para que se investiguen las torturas y secuestros que sufrieron 16 niñas y niños -hijos e hijas de los trabajadores perseguidos- y para que se convoque a indagatoria al genocida Víctor Brusa, quien -pese a aparecer en varios testimonios- aún no fue citado por el TOF en el marco de esta causa.
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