Se cumplen 20 años de la masacre de Avellaneda, el asesinato de dos militantes piqueteros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón por parte de la Policía bonaerense. El suceso es un hito que desencadenó inesperadas consecuencias políticas.
Una transformación en la relación entre la ciudadanía, la política y los medios de comunicación. El adelantamiento de las elecciones que devinieron en el la llegada de Néstor Kirchner al poder y el nacimiento, luego, del kirchnerismo. El ocaso del gobierno de Eduardo Duhalde. La implosión de un modelo de relación entre el Estado y los movimientos sociales mediado casi exclusivamente por la represión y la violencia policial.
El asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán es el signo de una época marcada por el mayor pozo de pobreza en el que Argentina fue hundida por las políticas neoliberales de ajuste. El movimiento piquetero, organizaciones surgidas de un nuevo sujeto social, los desocupados de los 90, crecía imponiendo su agenda y, a la vez, poniendo una y otra vez el cuerpo ante la represión estatal de la protesta, que se encontraba normalizada en la vida pública.
El descaro con el que fueron matados por la Policía de Buenos Aires dos jóvenes como Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (22 y 21 años), era coherente con las órdenes y la posterior cobertura del poder político de la época, personalizado entre otros por el presidente, Eduardo Duhalde, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, el secretario de la presidencia, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia de Buenos Aires, Jorge Vanossi. Haciendo oficialismo a toda costa, y con las pruebas fotográficas de su mal oficio en la mano, el diario Clarín publicó una de las tapas más vergonzosas del periodismo argentino.
En el interior un texto de Julio Blanck, uno de los jefes del diario e inventor del "periodismo de guerra" contra el kirchnerismo, tenía entre otras perlas siniestras este tipo de mensajes: "Las organizaciones que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario".
En un tiempo donde ni siquiera existían las máquinas fotográficas digitales para uso masivo, el mismo día en que Clarín publicó esa tapa, la ciudadanía encontró otra versión, ajustada en a la realidad, en Página 12.
A la larga, la masacre de Avellaneda devino en un inédito pacto social de reconocimiento de –al menos– la legitimidad de las demandas y protestas populares de los abandonados por el neoliberalismo. Un largo período de protestas sin represión se abrió desde ese momento. El asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por parte de una patota sindical de la Unión Ferroviaria, marcó un quiebre. La represión abierta y a la vista desatada en las elecciones provinciales de 2015 en Tucumán también resquebrajó ese consenso. La llegada del macrismo al poder terminó de disolverlo.