Casación dio marcha atrás y Brusa no vuelve a la cárcel

Los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Carlos Mahiques revocaron lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal, que había ordenado al ex juez volver a la cárcel. Tiene cuatro condenas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Casación Penal le devolvió el beneficio del arresto domiciliario al genocida cuatro veces condenado, Víctor Hermes Brusa. Se trata de la segunda vez en cuatro años que se le concede este privilegio al genocida, al mismo momento que anulan la última sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe del 8 de abril, que ordenaba su vuelta a cárcel común, el mismo día que se lo condenó por cuarta vez por delitos de lesa humanidad.

La resolución volvió a salir de la Sala 2, la misma que le había dado el privilegio al ex juez Brusa en 2018,  decisión luego anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2021. Los que firman, son los mismos jueces de aquella oportunidad: Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, a quienes se sumó su colega Carlos Mahiques.

En diciembre de 2018, la entonces la abogada de Hijos y hoy secretaria de Derechos de la provincia Lucila Puyol, había calificado aquel episodio como el “fallo de la burla”. Brusa había conseguido la prisión domiciliaria en 2018, por una resolución de la Cámara de Casación, con votos a favor de la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. No tenía otro fundamento que haber cumplido 70 años: el genocida había solicitado el beneficio por motivos de salud que supuestamente no eran posibles de atender en el penal de Las Flores, hecho que su defensa nunca pudo probar.

No obstante, tras la apelación de la defensa oficial, la Sala 2 de Casación –integrada por Ledesma, Yacobucci y Mahiques- anuló la resolución de la jueza Carnero y le ratificó el “arresto domiciliario” a Brusa.

Yacobucci recordó que en su “primera intervención”, en el fallo de diciembre de 2018, la Sala 2 le concedió el beneficio a su ex colega de Santa Fe por mayoría: “En esa oportunidad, consideré que por la edad” de Brusa -que había festejado 70 años cuatro meses antes- la “expresión de impunidad que podría significar” cumplir la pena en su casa “se encontraba neutralizada por el tiempo de detención”.

Hoy, cuando Brusa está por cumplir 74, las “circunstancias procesales, no hacen más que reforzar la tesitura de que la expresión de impunidad -que podría implicar sostener la medida- se encuentra neutralizada por completo”, según Yacobucci. Y recordó que su ex colega está “privado de su libertad desde el 2 de febrero de 2005”, y desde que él y Ledesma le otorgaron la “detención morigerada” en 2018, “no ha incumplido con ninguno de los condicionamientos impuestos al efecto”. Por lo tanto, “corresponde” admitir el recurso de la defensa, “anular” la resolución de la jueza Carnero y “otorgar el arresto domiciliario a Brusa”.

El juez Mahiques coincidió con Yacobucci. “Adhiero al voto del colega”, dijo. “Brusa tiene 74 años”. “Se encuentra en detención morigerada desde 2018 sin que exista, hasta la fecha, incumplimiento alguno”. En consecuencia, “corresponde” (sic) que el ex juez federal de Santa Fe siga en su casa, que está a media cuadra del Juzgado, donde operaba durante la dictadura.

En el primer voto, Ledesma también había propuesto “anular” la resolución de la jueza Carnero -que revocó la domicilaria-, y mandarle de vuelta el incidente para que “dicte un nuevo fallo”, aunque antes debía informarse si Brusa podía tratar sus “dolencias” en la cárcel. Yacobucci y Mahiques fueron más directos: revocaron el fallo del Tribunal de Santa Fe y ratificaron que el ex juez cumpla su condena en la casa, a pesar de lo que Corte Suprema de la Nación dijo hace menos de un año, en octubre de 2021, cuando anuló la resolución de Yacobucci y Ledesma de 2018 por infundada y arbitraria.

Repudios

Como era de esperar, los organismos de Derechos Humanos se hicieron eco rápidamente de este nuevo favor concedido a un genocida y se expresaron en contra. Entre ellos, en un comunicado emitido por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe se asegura que indudablemente "se trata de un fallo con un trasfondo político, que se enmarca en el festival de prisiones domiciliarias conque ese tribunal sigue beneficiando a los perpetradores del genocidio dictatorial".

El comunicado completo, que también puede leerse acá: