Cinco años sin Santiago Maldonado

A cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1° de agosto de 2017, su hermano Sergio señaló que la causa está "paralizada hace dos años en la Corte Suprema" a la espera de la designación de un juez que "investigue de verdad" lo que le pasó al joven artesano. La testigo de identidad reservada que perteneció a Gendarmería podría ser clave para el avance de la causa. 

"No se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como 'desaparición forzada' y que se designe otro juez", afirmó en declaraciones a Télam Sergio Maldonado en referencia a la causa que investiga la muerte de su hermano, quien fue hallado sin vida luego de haber estado 78 días desaparecido tras una represión ejecutada en agosto de 2017 en Chubut por agentes de la Gendarmería. A la fecha, el expediente "no tiene culpables ni responsables condenados".

Sergio Maldonado se refirió además a la última presentación efectuada en octubre pasado frente al máximo tribunal, y en la que se reclamó la designación de un nuevo juez que "investigue de verdad", ante la falta de celeridad en la resolución del expediente a cargo del magistrado Gustavo Lleral.

"A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017, apelamos para que se designe a otro juez, él se agarra de eso para decir 'No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya dí mi fallo' ", sostuvo Maldonado.

Lleral había cerrado la causa en noviembre de 2018, luego de dictaminar el ahogamiento como causa de muerte del joven y de eximir de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017.

"El no tomarle declaración a la nueva testigo, por ejemplo, es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar", refirió Maldonado acerca de la reciente declaración de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel.

Sergio señaló que la testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni, a quien relató que al día siguiente de la represión en la Pu Lof "asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo", comentando que "habían detenido en la zona del campo de Benetton" a una persona a la cual se referían como "el hippie".

En una publicación reciente en sus redes sociales, Maldonado expuso que la testigo, en su declaración a Baquioni, refirió haber escuchado que "Ahumadita se había mandado la cagada del siglo" y que al parecer "Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado".

"Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información para seguir sumando y destrabar esto, pero ¿cómo hacemos para seguir volcando testimonios si no hay un juez que investigue?", cuestionó Sergio.

Además, el hermano de Santiago Maldonado recordó la multiplicidad de irregularidades que se dieron durante la investigación: libros de actuación de Gendarmería adulterados, grabaciones incompletas del operativo, la quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes, entre otras.

Tampoco puede hacerse a un lado "la paradoja" de que el cuerpo sin vida de Santiago haya aparecido el 17 de octubre de 2017, en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, en el mismo lugar donde más de 400 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad –con helicópteros, drones y perros rastreadores– no habían encontrado nada.

Asimismo, no se puede entender la desaparición y muerte del joven sin ubicarlas en el contexto de la represión violenta que implicó la persecución a balazos de goma a los miembros de la Pu Lof, y de un contexto más amplio y de larga data vinculado al acceso al territorio de los pueblos indígenas de la Patagonia.

Todas las otras veces que no mataron a Santiago

La testigo

"Lo que expresé en mi declaración coincide con lo relatado por algunas personas de los pueblos originarios que se encontraron en el lugar del hecho", señaló la testigo protegida en diálogo con Página 12. La mujer declaró en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado el 3 de mayo de 2022. Una mujer que no existe, según la exfuncionaria Patricia Bullrich.

"El primero de agosto del 2017 fue un día especial que quedo grabado en mi memoria para siempre, comenzaron las situaciones y secuencias que viví en el escuadrón de Gendarmería de Esquel, por un procedimiento realizado en el corte de la Ruta 40", recuerda al referirse a la protesta de la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen que entre el 31 de julio y el 1 de agosto se manifestó contra el encarcelamiento de varios de sus integrantes en Bariloche, y de su lonko Facundo Jones Huala en la Unidad 14 de esa localidad chubutense, y a todo lo que ocurrió los días posteriores entre los de uniforme verde olivo que participaron del violento operativo que reprimió a los mapuches, en medio del cual desapareció Maldonado.

En su declaración, la mujer -hija y sobrina de gendarmes, que era referente de género dentro de esa fuerza-, brindó un extenso y detallado testimonio -con precisión de nombres, apellidos, fechas, lugares y circunstancias- en el cual afirmó que en su consultorio varios gendarmes comentaron el operativo del 1° de agosto en la Pu Lof de Cushamen, y dijeron que "había un detenido, se referían a él como el 'hippie', lo habían detenido en la zona del campo de (Luciano) Benetton", y que quería sacarle información pero "se les fue".

Esta profesional civil de Gendarmería dio su nombre, apellido y datos personales ante la fiscalía. Sin embargo, al ser contactada por Página 12 pidió reserva de su identidad y mencionó que se encuentra en un programa de testigos protegidos. De acuerdo al relato, la testigo afirmó que al día siguiente el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, le pidió que escondiera en su casa una caja -donde había un arma, celulares y un trapo ensangrentado-, pero ella se negó. En otro tramo de la declaración, dijo que el marido de una enfermera le había comentado que "había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo". Y afirmó que el comentario los días siguientes en el escuadrón era que Escola dio la orden y Andrés Ahumada lo mató. Ahumada fue el gendarme que admitió haber entrado armado a la Lof, desmintiendo a los funcionarios de Mauricio Macri.

Para la familia de Santiago esta declaración "conecta todas las piezas".

La opinión del CELS

En este sentido, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Tufró, señaló que no se cumplen los derechos que se han reconocido en la Constitución y en diferentes leyes de que los pueblos tienen que acceder a sus tierras ancestrales, y que "los Gobiernos provinciales y muchos intereses privados obstaculizan esta posibilidad de acceso".

A su vez, Tufró remarcó a esta agencia que "la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado" por el Gobierno de Mauricio Macri para "reprimir a la comunidad mapuche".

"El Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades", señaló.

Asimismo, Tufró hizo referencia a investigaciones posteriores sobre cómo se actuó durante el operativo represivo, como la realizada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) e incluso una revisión que hizo el propio Ministerio de Seguridad, ya bajo otra gestión, que arrojaron que "ese día hubo un montón de irregularidades y situaciones de violencia excesiva".

"Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo", indicó.

Tufró expresó la necesidad de que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para "poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo".

En tanto, cuando Sergio Maldonado dice que "no se hizo nada" se refiere a lo que fue expedido en septiembre de 2019 a través del fallo de la Cámara de Casación Penal sobre cuatro puntos del informe pericial que debían ser explicados y ampliados, pero que aún no fueron investigados.

Esos cuatro puntos clave son: la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas, que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión, y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

Maldonado sostuvo que "pasa el tiempo y nos alejamos cada vez más de la verdad, se van perdiendo pruebas, no sabemos dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, si las cuidaron", y agregó que "si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas".

"Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial", sentenció.

Santiago hubiera cumplido 33 años este 25 de julio. A cinco años de su muerte sobran dudas y faltan respuestas. Este lunes desde las 17, en la quinta conmemoración de su desaparición, la familia y amigos, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, se concentrarán en Plaza de Mayo para reclamar, una vez más, justicia y verdad.