Una pelea desigual contra la inflación

Los sindicatos del sector público endurecen sus medidas en reclamo de la reapertura de las paritarias. La suba firmada en marzo quedó desactualizada y el gobierno mantiene su postura de no aumentar.

Cuando se cerraron las primeras paritarias entre enero y marzo de este año, los sindicatos más “favorecidos” consiguieron firmar aumentos salariales, en cuotas, por un total anualizado de entre el 50 y el 60%. Otros sectores, como los trabajadores públicos santafesinos, lograron acuerdos del 46%, también divididos en cuotas a lo largo del año.
Ya en la primera mitad del año todas las previsiones quedaron cortas ante el avance implacable de la inflación, que acumuló un 36,2% a nivel nacional y un 35,6% en la provincia de Santa Fe en el primer semestre de 2022. Y todavía falta conocer los datos de julio, que todas las consultoras estiman como un nuevo récord en materia de aumento de precios.

En Santa Fe, solo considerando a los gremios del sector público, durante la primera mitad del año la pérdida del poder adquisitivo fue superior al 5%. El acuerdo fue por un 46% anual dividido en cuatro tramos: 22% en marzo, 8% en mayo y otras dos cuotas de 8% en agosto y septiembre. El incremento cobrado efectivamente dentro del primer semestre quedó cinco puntos por debajo de la escalada de precios. Lo que viene en materia de inflación –producto del cimbronazo desatado a partir de la renuncia de Martín Guzmán y la disparada del dólar– asoma como más sombrío aún.

Por ello, desde inicios de agosto los sindicatos públicos de Santa Fe vienen realizando medidas de fuerza para exigir que se adelante el aumento pendiente y que se reabra en forma anticipada la discusión salarial para tratar de cerrar un nuevo incremento que permita que los sueldos, a fin de año, al menos le empaten a la inflación. El gobierno provincial reitera que ese es el objetivo, pero no ha dado señales hasta ahora sobre la posibilidad de anticipar la revisión salarial prevista para septiembre.

En se marco, los docentes de Amsafe y Sadop ya realizaron dos medidas de fuerza de 48 horas y sus colegas de UDA dos de 72 horas. Los estatales de ATE y UPCN también llevan dos paros de 48 horas en las primeras dos semanas de agosto y la misma situación se registra en el sector salud, donde se suceden semana a semana huelgas de los sindicatos Amra, Siprus y Aspi.

Ante el endurecimiento de los gremios –que tuvieron paciencia en los dos años de la pandemia– y la intransigencia del gobierno de Omar Perotti, la salida del conflicto parece lejana.

Perder con Macri y con Alberto

La pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores no es un fenómeno abrupto, sino que viene de larga data. La caída de la jubilación y el salario real desde 2018 en adelante ya acumula, según los sectores, hasta un 30%. Las proyecciones no son alentadoras: el último Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas estima que, a fin de año, la suba de precios será del 90,2%. El mismo relevamiento, a fines de enero de 2022, proyectaba la inflación minorista anual en torno al 55%.

Las previsiones para los próximos dos años siguen en niveles muy altos. “Se elevó el pronóstico de inflación para 2023 hasta 76,6% (12 puntos más que en el relevamiento previo) y proyectaron una inflación de 60% para 2024 (9,8 puntos más que un mes atrás)”, dice el informe del Banco Central.

El poder adquisitivo cae en los trabajadores no registrados y se mantiene en los registrados

Con ese trasfondo, desde julio –y sobre todo a partir de la primera semana de agosto en adelante– recrudecieron las medidas de fuerza de los sindicatos públicos santafesinos que tienen dos demandas centrales: el adelantamiento del tercer y el cuarto tramo del aumento salarial firmado en marzo, que se pagará con los sueldos de agosto y septiembre, y la reapertura inmediata de las paritarias para volver a discutir la política salarial para lo que resta del año.

Hasta ahora, el gobierno provincial se mantiene inconmovible y reitera, una y otra vez, que las negociaciones se reabrirán recién en septiembre, tal como se acordó en el –ahora lejanísimo– mes de marzo.

Una paradoja nunca vista

A nivel nacional, según los últimos datos disponibles del Indec, hasta mayo las y los trabajadores registrados, públicos y privados, en promedio venían recuperando poder adquisitivo y habían quedado empatados con la inflación de 2022, pero los datos de junio y julio –aún no informados– echarán por tierra esa tendencia.

Considerando la inflación y los aumentos de salarios acumulados, en los primeros cinco meses de 2022, los salarios privados y públicos registrados tuvieron aumentos que empatan exactamente a la inflación, pero los no registrados quedaron bien para atrás, con una merma del poder de compra de 5,4%.

La foto actual es mucho peor y en los próximos meses, si no hay un cambio abrupto en cuanto a las políticas salariales y de asistencia a los sectores informales, se profundizará la paradoja que se viene observando desde la salida de la pandemia: cada vez hay más empleo y los sueldos cada vez alcanzan para menos.

La mayor pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Alberto Fernández se observa en quienes tienen salarios no registrados, que acusaron el impacto de la segunda ola de la pandemia. Los no registrados perdieron el 7,7% de su poder adquisitivo desde 2019, los privados registrados están empatados y los públicos registran una pérdida del 1,9%.

Pese a que ahora los no registrados son los que peor la pasan, son los trabajadores públicos los que más poder adquisitivo perdieron durante más tiempo, sobre todo desde junio de 2020, en promedio y a nivel nacional.

La creación de trabajo registrado con Fernández casi quintuplica a la del macrismo

Pese a todo, hay más trabajo

La gran diferencia respecto del modelo macrista es que ahora el empleo crece, la desocupación cae y –como efecto directo de la disparada de precios– al mismo tiempo se pulveriza el poder adquisitivo de los salarios.

Durante la gestión de Mauricio Macri, alrededor de 105 mil personas alcanzaron un empleo registrado, cifra que sube a 487 mil en los primeros 30 meses de la presidencia de Alberto Fernández.

Además de cuantitativa, la diferencia es cualitativa: el principal impulso proviene del trabajo privado y los monotributistas. Esto se debe, principalmente, a que el macrismo fue una máquina de destruir empleo privado, contra lo que postulaba públicamente. Y, puntualmente, dentro del empleo privado, el principal empuje lo está dando la industria, un sector cuya caída fue continua y sistemática durante los cuatro años macristas.

El empleo registrado en general crece hoy a un promedio de 16 mil trabajadores nuevos por mes, contra los poco más de dos mil mensuales que se sumaron durante el macrismo. Así, pese a una caída de casi 400 mil trabajadores entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, el pico de la pandemia, hoy ya el signo es positivo en más de 487 mil nuevos trabajadores registrados.

Las principales fuentes de nuevo empleo registrado provienen de los monotributistas y del sector privado. Los monotributistas autónomos, no sociales, crecieron a un ritmo de 8300 personas nuevas promedio por mes con Fernández, contra 3400 con Macri. Hoy hay más de 1.872.000 monotributistas, se sumaron más de 251 mil con Fernández. Es un sector en pleno crecimiento, de alta precariedad y que no recibe políticas de apoyo específicas.

Pese a que sólo unas 76 mil personas consiguieron un trabajo registrado privado durante el gobierno de Fernández, es esa la fuente de nuevo empleo cualitativamente distinta respecto del macrismo. ¿Por qué? Con el modelo de Juntos por el Cambio más de 233 mil personas perdieron su trabajo privado registrado: una retracción del 3,7%.

El principal motor del crecimiento del sector privado ahora es la industria. Allí es donde más se revelan las diferencias. Con el macrismo se destruyó más del 13% del trabajo registrado industrial. Son casi 169 mil obreros menos. A la inversa, con Fernández van más de 58 mil nuevas incorporaciones en ese sector.

Otra de las principales fuentes de trabajo registrado para las clases populares es la construcción. Aquí también el achicamiento en la cantidad de trabajadores registrados durante el macrismo fue feroz: una retracción del 8,3%. Con Fernández lleva un 1,3% de crecimiento.