Durante el trámite de las causas judiciales 1371 acusados fallecieron sin llegar a  la sentencia. Mientras que 725 personas están detenidas, la gran mayoría con arresto domiciliario, hay 1514 que actualmente son investigadas y están en libertad. Los prófugos suman 21.

Tras la reapertura de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad relacionados a la última dictadura cívico militar, se condenó a 1088 personas. Los datos, actualizados al 9 de septiembre, refieren que la cantidad de personas absueltas en estos procesos es 166. Fallecieron durante el trámite de los procesos 1371 personas sin llegar a obtener sentencia. Un dato sobresaliente es que 725 personas permanecen detenidas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 1514 individuos investigados por este tipo de crímenes se encuentran en libertad.

Las condenas fueron dictadas en 286 sentencias de tribunales federales de todo el país, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Actualmente se tramitan 14 juicios y otras 63 causas se encuentran a la espera del inicio del debate. En la fase de instrucción tramitan 274 causas judiciales. Las personas procesadas son actualmente 495, mientras que 135 se encuentran con falta de mérito para procesar o sobreseer y 95 fueron sobreseídas. Los imputados por el Ministerio Público Fiscal ascienden a 577 -es decir, personas aun no convocadas a declaración indagatoria- y los prófugos son 21.

De las 725 personas detenidas, 551 se encuentran en arresto domiciliario, 113 en establecimientos penitenciarios y 61 en otras dependencias, cuya mayor proporción refiere a las personas que están alojadas en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia actual y permanente del Ejército- la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no lo considera un establecimiento penitenciario.

Las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.