Prestadores y familias de personas con discapacidad reclaman por falta de pagos y recortes en los servicios de salud. Hasta que se resuelvan las trabas burocráticas, esa población estará a la deriva.

“No al ajuste en discapacidad” se lee por estas semanas en las redes sociales y se escucha, también, en las calles. Es que las familias, profesionales de la salud y transportistas que trabajan brindando servicios a personas con discapacidad estuvieron movilizándose en diferentes ciudades del país reclamando por una serie de medidas que han afectado el acceso a la salud de esta población.

“En el mes de agosto no recibimos ni un peso, se cortó la cadena de pagos”, comentaba Marina Latta, psicopedagoga, durante la marcha de antorchas que realizaron a modo de protesta el miércoles 7 de septiembre. “Esto viene desde hace mucho tiempo, nosotros trabajamos de manera precarizada desde que nos recibimos, y hay algunas obras sociales que nos pagan cada 60 días y otras que nos deben desde marzo o abril, pero esto tiene que cambiar, necesitamos que los pagos empiecen a girar”.

Ante estos reclamos, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) informaron que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a las obras sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud realiza sus pagos con regularidad.

“Dicen que los pagos no se cortaron, que están en un lado, en el otro, pero el tema es que no están en el bolsillo de los prestadores. Nosotros necesitamos una respuesta en cuanto a esto pero también una solución de base del sistema. Somos profesionales que trabajamos en estas condiciones precarias, el sueldo no nos llega o nos llega si las obras sociales quieren pagarnos y eso no es así, nosotros brindamos un servicio y un trabajo de manera mensual”, señalaba Latta.

El sistema y su burocracia

Pero entonces ¿dónde está la plata? ¿La Nación realizó efectivamente un ajuste en las partidas destinadas a las personas con discapacidad? Para entender si hubo recortes, dónde y cómo, primero hay que entender cómo funciona y se distribuye el presupuesto destinado a personas con discapacidad en nuestro país.

La ley 24.901, sancionada en 1997, es la que estableció el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esta normativa establece cuáles son las prestaciones alcanzadas, la población beneficiaria, la obligatoriedad de cobertura total de estas prestaciones por parte de las obras sociales y garantiza, además, que el Estado brindará, a las personas con discapacidad que no tengan obra social, los mismos servicios que quienes sí cuentan con ellas.

Por otro lado, el pago de las prestaciones básicas se realiza a través del Fondo Solidario de Redistribución, el cual no cubre todas las prestaciones sino aquellas definidas por un nomenclador especial, está administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud y es recaudado por la Afip.

El Decreto N° 904/16, a su vez, es el que creó el mecanismo llamado “Integración” que estipula el pago de las prestaciones. Este decreto establece que las obras sociales deben remitir a la Superintendencia las facturas de las prestaciones realizadas (en cada liquidación se presenta la facturación de hasta cuatro meses previos) para que se procese ahí esa información. Luego la Superintendencia informa a la Afip –organismo que realiza la recaudación del Fondo– el detalle de los pagos que debe realizar a cada obra social. Finalmente son las obras sociales las que bajan ese dinero a las y los prestadores.

Todo este proceso fue detallado desde el gobierno nacional en un comunicado en el cual, además, aclaraban que “el proceso no ha sufrido ninguna modificación ni ha mediado ninguna situación que atente contra el derecho de acceso a las prestaciones de las personas con discapacidad”. ¿Y entonces?

Todo el sistema está mal

Sobre esto le consultamos a Gabriela Bruno, subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe e histórica activista de esta población. “Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, la ley 24.901 establece la garantía de que las obras sociales paguen lo que indica el Certificado Único de Discapacidad y después recuperen esa plata a través de los fondos que ingresan por la Superintendencia. Lo que pasa ahora es que las obras sociales nacionales esperan a recibir el dinero de la Superintendencia y recién ahí efectúan el pago. Ya no pagan antes, con lo que se retrasa el desembolso de esos fondos tanto sea para los prestadores como para los centros de día, educativos, terapéuticos, hogares, a los transportistas, como así también a las y los profesionales terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogas y psicólogas, entre otros”.

Otra de las patas de este conflicto, según explica Bruno, es la que tiene que ver con el programa Incluir Salud, que es el programa federal de salud dependiente de la Andis que da cobertura a quienes perciban la pensión nacional no contributiva. “La Agencia empezó a plantear que hay muchos transportistas, por ejemplo, que están excedidos en el monto que pasan por los recorridos. Ellos señalan que un mismo transporte que lleva ocho o 10 pibes en un recorrido similar, factura ocho o 10 veces el mismo recorrido. Ahí se armó un nudo y lo que se hizo fue dar de baja algunas coberturas en transporte, que es un grupo de prestadores”.

El tema del transporte no es menor y la baja en esa prestación desencadena un efecto dominó sobre las demás: si no está el transporte para llevar a las personas a sus terapias o a los centros educativos, terapéuticos o de día, eso impacta directamente en la atención que esos pacientes necesitan recibir y no reciben.

Lo que remarca la funcionaria municipal es que en vez de revisar estas situaciones particulares, se cortó directamente el pago del servicio. “Esto se asemeja a lo que hizo Macri en 2016: un gran recorte de pensiones con el fundamento de que estaban mal otorgadas. Acá pasa algo similar, en vez de revisar primero y ver quién no estaba cumpliendo, quién estaba haciendo alguna trampa, lo primero que se hizo fue cortar todo. Ahora se está revisando o se revisará, pero mientras tanto ya los pibes y las pibas están sin la cobertura”.

Otras de las patas de la problemática tiene que ver con los montos que se pagan a prestadores y profesionales y la actualización de los mismos. “Esos aranceles se establecen desde el Ministerio de Salud de la Nación a través de un nomenclador oficial, que suele ajustarse dos veces al año”, explica Bruno. “Este nomenclador regula cuánto sale la hora de kinesiología, de la terapia ocupacional, la asistencia domiciliaria, cuánto vale un centro de día categoría A, B o C, cuánto se paga el hogar o cuánto se paga el kilómetro que hace la persona entre su casa y la institución donde asista a hacer el tratamiento, y esos montos están desfasados; entonces más que un recorte lo que hay es una desactualización, y lo que reclaman los prestadores es una actualización de los montos para que se ajuste a la inflación”.

La situación provincial

En Santa Fe, al atraso en el pago a los prestadores que hace que peligren esas prestaciones básicas, se suma la situación particular del Iapos. Según señalan desde la Unión de Entidades de y para Discapacitados de la Provincia de Santa Fe (Uendisfe), una red de más de 30 organizaciones civiles dedicadas a trabajar por la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el Iapos está pagando un 40% menos de lo que está fijado como arancel según el nomenclador nacional “a pesar de que esta obra social exige la misma calidad en la prestación del servicio y funcionamiento de las instituciones”, señalaron desde la red a través de un comunicado.

Además, informaron que los pagos de dichas prestaciones se realizan a los 120 días y no a los 60. “El servicio brindado y facturado se cobra a los cuatro meses”, agregaron.

“Iapos, al no tener ese recupero de Nación que ingresa a través de la Superintendencia de Salud para las obras sociales nacionales, no está obligado a pagar lo mismo que indica el nomenclador, sino que puede poner el monto que le parezca”, explica Gabriela Bruno. “En la gestión del Frente Progresista fue una decisión política pagar exactamente lo mismo que pagaba Nación porque entendíamos que era una forma de jerarquizar, reconocer y dar sostenibilidad a las instituciones y a todos los prestadores. Hoy hay una decisión de pagar menos y con 120 días de demora, lo cual impacta directamente en la calidad del servicio porque hay muchos profesionales que no pueden esperar y se dan de baja, que no les conviene trabajar con pacientes de Iapos”.