El colectivo trans busca que se reconozca la persecución sufrida debido a los Códigos de Faltas.

Imaginate ir a comprar el pan al almacén y que te llevan detenida por ser quien sos, por vestir como vestís, por sentir como sentís. O estar una tarde en una plaza con tus amigas y salir corriendo a esconderte porque viene la policía. Entre 1983 y 2010 un sector de la sociedad santafesina no vivió en carne propia la democracia. Los Códigos de Faltas que rigieron durante ese período en la provincia habilitaban a la Policía a detener a las personas trans por el solo hecho de serlo.

Las leyes 13.072 y 10.703 permitían la represión y la persecución política de las identidades trans, penando con arrestos sistemáticos la "ofensa al pudor" artículo 83 (ex 78), la "prostitución escandalosa" art. 87 (ex 81) y el travestismo art. 93 (ex 87). La violencia institucional fue articulada entre los tres poderes del Estado para criminalizar a las travas, para cercenar su existencia, para encerrarlas y ocultarlas de una sociedad que reclamaba moral y buenas costumbres. Terminar en el calabozo implicaba padecer violencia sexual, torturas, tratos humillantes y discriminaciones que las privaron del derecho a habitar el espacio público, a trabajar, a estudiar o a ir a una consulta médica.

Desde Rosario, la activista trans Karla Ojeda sostiene que la violencia sistemática generó que “hoy las personas trans vivamos en la marginalidad, encontrando el sustento en la prostitución y sin acceso a derechos básicos”. Y agrega: “Mientras estuvieron vigentes los Códigos de Faltas hubo una sociedad que avaló lo que ocurría con las personas trans”. Hoy el colectivo travesti trans pelea por una ley provincial que repare lo sufrido en aquellos años.

Presa tres veces en un día

Las detenciones, dice Karla, “pasaban si estábamos a la noche en una esquina o si salíamos a la mañana a comprar el pan”. A la persecución policial se sumaron otras discriminaciones: “No teníamos acceso a la educación por la expulsión que el sistema educativo hacía con nosotras. El acceso al trabajo estaba vedado por no coincidir nuestra imagen con la foto del DNI, por el acotado currículum que podíamos mostrar y por la criminalización constante que vivíamos. Fueron años muy difíciles, muchas compañeras quedaron atrás”.

Como Karla, la santafesina Fabiana González también sobrevivió a aquellos tiempos. Su primera detención fue en 1986, cuando ella tenía 16 años. Ese día había salido de su casa en barrio La Esmeralda y se la llevaron policías vestidos de civil en un auto particular. No recuerda cuántas veces estuvo detenida, pero sostiene que en su cuerpo y en el de sus compañeras aún pesan aquellos años. Y apunta a la complicidad de la sociedad civil con el Estado.

“Había gente que nos denunciaba. Por ejemplo: ibas a una zapatería o a una perfumería y, no sabías cómo, venía un patrullero a sacarte de ahí y a llevarte presa. Después te ibas dando cuenta de que había una complicidad, porque nuestra identidad ofendía a la moral pública. Siempre estaba el cuento de que ‘la sociedad no está preparada’ y mientras tanto nos seguían maltratando, torturando y encerrando en pabellones con violadores, porque eran considerados los presos menos violentos”, se acuerda.

Fabiana llegó a ser detenida tres veces en un mismo día. “Yo vivía en la zona de Larrea y Aristóbulo del Valle. Un día fui a una perfumería y me sacó de ahí un patrullero de la Comisaría Octava por averiguación de antecedentes. En ese momento corrió la humillación de siempre, porque te ponían en el medio entre cuatro o cinco y te hacían desnudar para sacarte las prendas femeninas. Usaban nuestra ropa como prueba para presentarle al juez. De la Octava me trasladaron a la Jefatura, también por averiguación de antecedentes. Estuve unas cinco o seis horas y cuando salí me dieron un acta. Fui a la Plaza del Soldado a ver si algún colectivo me llevaba porque no tenía plata para el boleto. Conocer el centro de Santa Fe para nosotras era como ir a Estados Unidos, porque no lo conocíamos ni en pintura. Cuando esperaba el colectivo me detuvieron policías de la Primera. Les mostré el acta pero me subieron igual al patrullero, me empezaron a revisar delante de la gente. Estuve en la Primera, también supuestamente por averiguación de antecedentes. En general te llevaban para usarte sexualmente. A las horas me liberaron. Me volvieron a detener cuando bajé del colectivo en mi barrio, esa vez la Comisaría Décima. Así teníamos que vivir todos los días”.

La militante santafesina sostiene que “era la vida que nos hacían llevar, también por ser pobres y porque sabían que podían hacer cualquier cosa con nosotras porque éramos ignorantes. No teníamos a nuestros padres que nos acompañen, no teníamos abogados. Nos hicieron creer que nosotras teníamos la culpa y yo lo creí por muchos años”.

Sobrevivientes

La esperanza de vida de las personas trans oscila entre los 35 y los 40 años. Fabiana tiene 53; Karla, 50. Se autodefinen como sobrevivientes. Fabiana dice que la rescató conocer a un antropólogo que le explicó que ella no era culpable de lo que pasaba. “Así empecé a estudiar. A los 35 años conocí lo que decía la Constitución Nacional y me pregunté cómo había podido permitir que me pasaran todas cosas”, relata.

Con la convicción de que había encontrado en la Constitución una salida para ella y sus compañeras, Fabiana hizo unos folletos con los artículos de la Carta Magna que en teoría debían protegerlas. Por repartir ese material fue detenida y golpeada por la Policía. “Me tiraron en la vía, me dijeron que si no dejaba de rechiflar putos y putas me iban a matar”, relata. Era el año 1996. Ante la amenaza se fue a Buenos Aires, pero descubrió que allá pasaba lo mismo.

Para Karla, la escasa esperanza de vida se explica por la violación sistemática de los derechos humanos que sufrieron durante tantos años. “Todo eso significó padecer enfermedades, la inyección de siliconas por la falta de información, el VIH, el no acceso aún al trabajo formal”. Por eso, sostiene, son necesarias políticas públicas integrales para la población travesti-trans. La activista se pregunta: “Si una persona no se pudo formar con los derechos que tuvo el resto, ¿cómo hacemos para seguir viviendo? Esta es una deuda del Estado que se debe resarcir y pagar. Es responsabilidad de toda la sociedad hacerse cargo de lo que nos pasó”.

“Lo que no logró la sociedad, la Iglesia ni la Policía es hacernos creer lo que querían hacernos creer: que vivir por fuera de la heteronorma y del binarismo mujer/varón estaba mal y que éramos una aberración”, reivindica.

Para no repetir la historia

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura santafesina tiene por objeto reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia por las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe contra integrantes de la comunidad travesti-trans.

El mismo fue formalmente presentado por la diputada Matilde Bruera (PJ) pero elaborado por activistas de la Mesa de trabajo por la reparación histórica para las sobrevivientes travesti-trans post dictadura, con el asesoramiento del abogado Matías Gómez. “El proyecto lo hicimos nosotras, lejos de la revictimización. Porque sí: fuimos víctimas de un sistema pero también fuimos creadoras de esta ley como sujetas políticas”, dice Karla. Los Códigos de Faltas -recuerda- se pudieron derogar por la fuerza de esa militancia.

El proyecto propone el pago de una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio y equivalente a la suma de dos haberes mínimos a toda persona travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010 sufrió privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género. También estipula la cobertura médica, para lxs beneficiarixs y sus familiares, a través de la obra social Iapos.

Un aspecto no menor es que la iniciativa promueve el derecho a la verdad. El material probatorio incorporado por las personas trans para acreditar la violencia institucional sufrida (documentación oficial donde se registren las detenciones o testimonios de terceros) se incorporarán al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe. Al respecto, fue crucial el aporte del Archivo de la Memoria Trans que sumó material en ese sentido.

De aprobarse la ley, la provincia de Santa Fe reconocerá su responsabilidad en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población travesti-trans. Esto implica el compromiso de no repetir actos similares en el futuro.

Para Karla, el horror que cometió el Estado contra las personas travestis y trans en plena democracia “no se puede enmendar, pero queremos plasmar en una ley que esto no puede volver a pasar”.

Fabiana es contundente: “Vamos a seguir militando este proyecto de ley porque es una deuda que el Estado tiene con nosotras. No hay una sola comisaría en toda la ciudad que no haya pisado una persona trans. Descansaré tranquila el día que el Estado reconozca lo que hizo”.

Desde Rosario, su compañera agrega: “Creo con mucha convicción que la militancia de las propias compañeras puede subsanar algo de lo que nos deben. Porque si algo queremos es llegar a viejas, ser felices, disfrutar del amor y de una familia”. Esta ley significará, en sus palabras, “un poco de Justicia ante tanta desidia”.