Peligra el tratamiento en el Senado del proyecto que prorroga las asignaciones específicas a la producción cultural, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Mientras “Argentina, 1985” de Santiago Mitre cuenta con maestría la historia del Juicio a las Juntas, llena salas y recorre el mundo, el resto del cine argentino corre peligro. En el cierre de esta edición, a cuatro meses de haber logrado la media sanción de Diputados, el Senado de la Nación no trató en el recinto el proyecto de ley de Asignaciones Específicas para Industrias e Instituciones Culturales que prorroga por 50 años dicho financiamiento, con fecha de vencimiento para el 31 de diciembre de 2022.

Durante el gobierno Mauricio Macri, no sólo el Ministerio de Cultura fue degradado a Secretaría, sino que, en diciembre de 2017, se impulsó y sancionó la Ley 27.432, que estipuló que las asignaciones específicas de fondos para la cultura también aquella fecha de caducidad. De concretarse el vencimiento, dichas asignaciones -sostenidas desde el regreso de la democracia- pasarían a Rentas Generales bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo. 

Si el Senado no trata el nuevo proyecto a tiempo significaría, de mínima, el arrasamiento de la autonomía de las instituciones autárquicas de cada sector cultural, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), las bibliotecas populares del programa CONABIP y los medios de comunicación comunitarios. De máxima, la destrucción de la producción de cultura nacional. Sólo en el cine, se estima una pérdida de 700.000 puestos de trabajo en todo el país.

La iniciativa, presentada por el diputado cordobés del Frente de Todos (FdT), Pablo Carro, fue aprobada en Diputados en junio. Consiguió 132 afirmativos, 5 negativos y 92 abstenciones: los votos a favor fueron del FdT, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda de los Trabajadores; las abstenciones, en amplia mayoría, de Juntos por el Cambio; los votos negativos de José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad), Fernando Iglesias y Francisco Sánchez (PRO) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). 

El tratamiento en el Senado se esperaba para el 22 de septiembre, pero un día antes se supo que el asunto había sido sacado del temario. Trabajadorxs del sector, movilizadxs y organizadxs en la coordinadora Unidxs por la Cultura, la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual, la Coalición por una Comunicación Democrática y otros organismos y asociaciones, repudió el manoseo de la información por parte de la Cámara Alta. 

“La posibilidad de votar una ley parche como la de cinco años es darle muerte anunciada a nuestra cultura: en año electoral no habrá posibilidad de volver a tratar la media sanción conseguida por 50 años y el tratamiento de una nueva ley de prórroga para las asignaciones dependerá del próximo gobierno electo…. Cualquier otra opción que no sea la ley de prórroga por cincuenta años es un no a la cultura”, afirma Unidxs por la Cultura en uno de sus últimos comunicados, en relación a otro de los proyectos presentados.

El pasado domingo 23 de octubre, en asamblea federal, representantes de Misiones, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Jujuy, Buenos Aires y CABA y más de 100 espacios de la cultura nacional definieron medidas para continuar y profundizar el reclamo por el tratamiento de la ley en el Senado. Para el miércoles 26 se preparó una Marcha Federal de la Cultura al Congreso Nacional, con radio abierta, proyecciones y la presencia de caravanas de distintas provincias del norte país. 

Entre las columnas provinciales, la de Misiones contó en el acompañamiento de Joselo Schuap, ministro de Cultura, que se mostró confiado de que el Senado aportará los votos necesarios para aprobar la ley hoy jueves 27.

Desde Santa Fe, el cineasta Arturo Castro Godoy explica que lxs distintxs activistas en cada provincia están en contacto con sus legisladores, “pero la verdad es que se va resolver en una negociación en la que entran en juego otros factores y a les ciudadanes de a pie no se nos asegura nada”.

Castro Godoy es el director de El silencio, Aire y la reciente Rinoceronte, que viene de estrenar en el 27° Festival Internacional Schlingel de Alemania y es una de las dos películas argentinas que formarán parte de la Competencia Oficial de la 48° edición del Festival de Huelva, España, entre el 11 y el 18 de noviembre. Integra distintas agrupaciones del sector, entre ellas la Asociación de Productoras y Productores Audiovisuales de Santa Fe (APPAS), que participa del frente Unidxs por la Cultura. 

“Muchos apostábamos a que el cambio de gestión, tanto en el gobierno nacional como en el INCAA, iba a aliviar el desastre de la anterior y la verdad es que no, y llegamos a esta situación gravísima. Lamentablemente, en un país con una agenda super conmocionada, parecería que la cultura, la educación y la identidad nacional no ocupan un lugar de tanta importancia”, afirma el cineasta.

De caerse el proyecto de prórroga por 50 años, señala el realizador, sería “imposible volver a aprobar una ley que funcione tan virtuosamente como la que tenemos que, con todo lo que falta por hacer, garantiza algún tipo de producción nacional tanto en el cine como en teatro y la música, y el sostén de las bibliotecas populares, así como un montón de diferentes aristas imprescindibles para la cultura nacional”.

“En un país en el que se supone estamos tratando de poner al alcance de cada vez más gente bienes culturales, parece mentira llegar a esta situación”, lamenta Castro Godoy, y apunta contra la tergiversación mediática del conflicto: “Si la manera en que la mayoría de la gente se informa sobre las asignaciones al cine es a través de (Luis) Majul, que dice mal el nombre de todas las películas y no se toma el tiempo de saber de qué está hablando, estamos hasta las manos. Si a cualquier persona le ponés en la balanza películas de Adrián Suar u hospitales, un policial negro de La Pampa o escuelas, hasta yo diría ‘bueno, necesitamos más una escuela’, pero esa es una discusión totalmente falseada”, explica. Los impuestos en cuestión son gravámenes específicos que forman parte de un círculo virtuoso para que, por ejemplo, el INCAA sea un ente autárquico y se autofinancie casi en su totalidad. 

En esos términos, la discusión atrasa y deja de lado otras, que podrían generar mejoras para las industrias culturales argentinas, como la de gravar a las plataformas de contenidos para que aporten a un fondo nacional que mejore las condiciones laborales del rubro audiovisual. “Es algo que ocurre en Europa y muchos otros lugares del mundo, no es una locura castro-chavista: las plataformas son una ventana de distribución enorme que le compite al cine independiente de una manera totalmente injusta. No es lo mismo pagar Netflix mensual y poder ver todo su contenido que pagar una entrada por cada película en el cine”, compara.

Otra deuda es la de la cuota de pantalla, en vigencia, pero sin una aplicación regular en todo el país: “Para que nuestro cine nacional se consuma hay que ponerlo al alcance de los públicos, que no llegue sólo la publicidad de las grandes productoras internacionales como Fox y Disney, que ocupan el 80% de las pantallas del país”, afirma el cineasta. 

Castro Godoy agrega: “De fondo, lo que se juega siempre en el arte, es una manera de pensar el mundo y de organizar la realidad que tenemos alrededor. Si estamos acostumbrados a pensar que las cosas son como nos dice Netflix o Marvel, donde las películas no tienen pausas y los buenos son re buenos y los malos son re malos, tenemos una única manera, super tipificada”, marca. 

“Consumir exclusivamente esos productos que vienen de una misma usina, capitalista y norteamericana, que no tiene nada que ver con lo que podríamos construir desde Santa Fe, es una violencia económica y también epistémica”, define el entrevistado.