Foto: Luan - colectiva fotográfica

Siete mujeres mapuches están presas hace dos días sin saber por qué, luego del desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu. Cuatro de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires; de las tres restantes, dos son madres de bebés y la otra está embarazada de 40 semanas. Organismos de derechos humanos repudiaron el accionar del gobierno.

Siete mujeres mapuches permanecen detenidas desde el martes, luego del desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu dictado por la jueza federal Silvina Domínguez y llevado a cabo por un Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuatro de ellas fueron trasladadas a la Cárcel de Ezeiza; de las tres restantes, dos son madres de bebés de uno y cuatro meses respectivamente, y la otra está embarazada de 40 semanas. En la causa interviene, además, la fiscal Cándida Etchepare. Las detenidas no pueden contactarse con sus abogados y no saben qué delitos se les imputan, porque la jueza Domínguez mantiene el secreto del sumario. El pueblo mapuche y los organismos de derechos humanos repudiaron el accionar violento del gobierno y exigen su liberación.

Las detenciones se produjeron a partir de un operativo llevado a cabo por un Comando Unificado del Ministerio de Seguridad el martes pasado, luego de que Domínguez ordenara el desalojo de nueve lotes habitados por la comunidad del lof Lafken Winkul Mapu en las cercanías de Villa Mascardi, Río Negro. Las apresadas son todas mujeres: la machi Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil, Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo, Romina Rosas -que está embarazada de 40 semanas- y dos bebés de 4 meses y 1 mes.

Al día siguiente, Domínguez ordenó el traslado de Jaramillo, Despo, Melo y Vera al Complejo Penitenciario Federal IV en Ezeiza, Buenos Aires, fundamentando su decisión en que en la región patagónica no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres. Nahuel y Huenumil permanecieron en Bariloche debido a que sus bebés se encuentran en edad de lactancia, mientras que Rosas fue trasladada de urgencia al hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Desde su comunidad afirmaron que no permitieron el ingreso de ningún acompañante al lugar, y denunciaron que el acto viola la Ley 25.929 de Parto Humanizado y constituye un caso de violencia obstétrica. Al día de hoy, ninguna de las detenidas sabe por qué delito se las imputa. 

En una conferencia de prensa realizada este mediodía, la vocera de la Lof Quemquemtrew y representante de la comunidad mapuche Soraya Maicoño expresó: "Se llevaron violentadas, humilladas, arrastradas a nuestras lamgen y a nuestra machi. Siete hermanas mapuche, madres, dos de ellas amamantando,. No sabemos cuáles son los cargos de los que se las acusa. Su único delito es el de ser mapuche. Tenemos cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires, supuestamente en Ezeiza, pero no sabemos nada de ellas. Dos de ellas ni siquiera vivían en la lof. Betiana Nahuel está encerrada junto a su bebé de 3 meses. Hay cuatro lamgen secuestradas por el Estado argentino sin ninguna causa".

El Estado en la mira

El pueblo mapuche también cuestionó la falta de apoyo por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que aún no se pronunció oficialmente. Quien sí realizó declaraciones fue la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que esta mañana expresó que la situación es "sumamente preocupante" y resaltó que "todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho". Además, Alcorta manifestó: "Nosotras como Ministerio no somos parte del expediente judicial. Nuestro rol es resguardar a todas las mujeres, y en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos, y estamos ante un caso de esas características".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se defendió frente a las acusaciones resaltando que el operativo se había desarrollado sin "armas letales", y destacó: "Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo". El INADI solicitó en un comunicado dirigido a la jueza Domínguez que "se resguarden los derechos de las personas detenidas en la zona de Villa Mascardi para evitar se ejerza violencia de género, institucional y, en particular, obstétrica hacia la mujer que cursa un embarazo avanzado".

El repudio de los organismos de derechos humanos

El caso motivó un rechazo generalizado por parte de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus en representación de las cuatro mujeres trasladadas "de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada". El director de Litigio y Defensa Legal del Cels, Diego Morales, resaltó que "no se sabe la razón por la que se ordenó el desalojo y la detención de estas mujeres", y amplió: "No conocen los cargos estas mujeres. No tuvieron declaración indagatoria, el primer momento en el que uno puede defenderse. No han tenido contacto con sus abogados. Es una medida extremadamente violenta, deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial y está basada en su calidad de mujeres y en su identidad cultural mapuche".

En un comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, entre otros organismos, reclamaron que "la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas". En el mismo sentido, la Mesa Ni Una Menos repudió "el operativo represivo y la violencia que están ejerciendo hacia nuestras hermanas lamngen del pueblo Mapuche y sus hijes", y denunció "violencia institucional, violencia machista y patriarcal, violencia de género, de raza y de clase".

 

 

 

 

 

 

 

 

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