El presupuesto presentado por el Frente de Todos elimina la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial. La iniciativa fue apoyada por miembros de la oposición y se debatirá el martes en la Cámara de Diputados.

El Frente de Todos presentó el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados y consiguió dictamen de mayoría. Entre otros puntos, el proyecto elimina la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Según cálculos del oficialismo, el monto del cual se privaría el Estado en 2023 por este privilegio alcanzaría los 237 mil millones de pesos. La propuesta tuvo el apoyo del resto de la bancada del Frente de Todos y también de miembros de la oposición, y se debatirá el próximo martes en la Cámara Baja en una sesión especial.

El proyecto se trató durante cuatro horas en la comisión de Presupuesto. El pedido fue llevado adelante por Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos y secretario de la Comisión de Presupuesto, que trató el proyecto durante cuatro horas. Casaretto señaló que este año el Estado se privaría de recaudar 129 mil millones de pesos porque los jueces no tributan el Impuesto a las Ganancias, y que el año próximo esta suma ascendería a 237 mil millones. El legislador  remarcó que “en la actualidad solo pagan el tributo aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017", y aclaró que lo hacen solo por una parte de sus remuneraciones.

🧑🏻‍🎓 QUE LOS JUECES PAGUEN GANANCIAS. Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los Jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales no pagan. El Presidente de la Nación y sus Ministros, y los Legisladores, PAGAMOS pic.twitter.com/3FQ3tI3gjt

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) October 20, 2022

El monto equivale al 0,16% del PBI, y se podría usar, entre otras cosas, para incrementar en un 25% el presupuesto destinado a salud -que prevé una asignación de casi 1,2 billones de pesos-, para elevar en más del doble la inversión del programa Progresar -138.240 millones de pesos- o para aumentar un 50% la inversión en programas de ciencia y tecnología -500.921 millones de pesos-. El gobierno enfatiza, además, que la exención del tributo "no contempla una política pública asociada a este beneficio" y que "influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados".“ Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.

La iniciativa establece que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación,la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”. Lisandro Nieri, de la UCR, afirmó: “Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer, ya hubo muchos intentos y después se retrocede”. El radical Ricardo Buryaile también se mostró a favor de la propuesta, y recordó que no sólo los jueces están exentos de pagar Ganancias, sino todos los funcionarios del Poder Judicial.

Además de la obligación de que los jueces paguen Ganancias, el presupuesto prevé más de treinta modificaciones planteadas por diputados del oficialismo y la oposición, y se espera que sea aprobado por todos los bloques. La iniciativa se discutirá el próximo martes en una sesión especial prevista para las 12.30 para luego ser enviada al Senado.

El proyecto prevé un gasto total de casi 29 billones de pesos y una recaudación aproximada de 22 billones y medio, lo cual provocaría un déficit de 6,3 billones de pesos. Entre los puntos principales destaca la inclusión de una cláusula de revisión de la ley frente a un aumento exponencial de la inflación, a fines de rediscutir la distribución de los recursos. "Si al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria", detalla.