El 10% de la población argentina vive en barrios populares sin acceso a los derechos básicos. En 2018 conquistaron la Ley de Barrios Populares y ayer el Senado aprobó su actualización, con el objetivo de prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años.

En nuestro país existen 5687 barrios populares en los que viven aproximadamente cinco millones de personas. Son territorios signados por la precariedad de las viviendas, el hacinamiento y la falta de urbanización, en los que habita más del 10% de la población argentina. En el 68% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene conexión eléctrica formal; en el 89% la mayoría no tiene agua corriente; en el 98% la mayoría no tiene red cloacal y en el 99% la mayoría no tiene gas natural.

Estos números surgieron a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), presentado en 2017 y actualizado este año, que permitió mapear por primera vez la totalidad de los barrios populares del país y recopilar datos acerca de las condiciones de vida de sus habitantes, acostumbrados a que sus barrios ni siquiera aparezcan en Google Maps. En 2018, el ReNaBaP sirvió de sustento para la sanción de la Ley nº 27.453 de Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, conocida como Ley de Barrios Populares, una norma surgida bajo dos sencillas premisas: una, que las problemáticas de los barrios populares son estructurales y que su solución requiere políticas públicas específicas; y dos, que es imposible diseñar políticas públicas sin relevar y conocer el territorio que se pretende transformar.

La mayor parte de las familias que viven en los barrios populares no tiene un título de propiedad de la tierra, aunque lleven habitándola por generaciones. Por eso, uno de los puntos salientes de la ley fue la entrega de certificados de vivienda familiares y la suspensión de los desalojos, que vencía este año. Ese fue uno de los principales motivos por los que los movimientos sociales y territoriales dedicaron el 2022 a luchar por la actualización de la norma, que prorroga la suspensión de los desalojos por diez años más, y que ayer fue aprobada definitivamente por el Senado.

Natalia Zaracho, diputada de Patria Grande por el Frente de Todos y la primera legisladora cartonera en la historia argentina, exhibió el pasado 12 de octubre durante el debate en Diputados, en el que la reforma obtuvo media sanción, el certificado de su vivienda en Villa Fiorito. "Con la ley de 2018 conseguimos que se suspendan los desalojos y también algo muy importante que son los certificados de vivienda. Hoy traje el mío, que me llena de orgullo", expresó. "La integración sociourbana no es solamente tener luz, agua y cloacas: es discutir cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio y para eso se necesita una planificación a largo plazo", manifestó Federico Fagioli, también de Patria Grande, que vive en Pueblo Unido, un asentamiento nacido a partir de una toma de terrenos.

La actualización de la ley vigente incluye además la renovación del ReNaBaP, que constató la existencia de 1271 barrios populares más que los 4416 que se habían relevado en 2018, fijando el número en 5687. Además, declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental por dos años, crea una tarifa social para el acceso a los servicios e incorpora la perspectiva de género como criterio primordial para la adjudicación de las viviendas.

Manos a la obra

En los cuatro años que pasaron desde la sanción de la ley de 2018 se realizaron 764 obras de infraestructura y equipamiento social que beneficiaron a más de 670.000 personas y generaron 163.000 puestos de trabajo. Los trabajos se adjudicaron en un 25% a cooperativas y trabajadores de la economía popular. Además, se sigue ejecutando la línea de financiamiento Mi Pieza, un programa de ampliación y refacción de viviendas dirigido a mujeres que ya impactó en la vida de 173.000 familias en todo el país. “Hoy las obras llegaron a los barrios y esta experiencia permite también que la gente vuelva a creer en la política, en la política que transforma”, dijo Natalia Zaracho en el Congreso de la Nación. Quizás, en un presente en el que los discursos antipolítica crecen y son capitalizados con pericia por los sectores de derecha, la mejor forma de convencer sea tan sencilla como esa: hacer cosas concretas para transformar la vida de la gente.

La autoridad de aplicación encargada de planificar las obras y monitorear su realización es la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al frente del organismo aparece, nuevamente, una vecina de un barrio popular, que construyó su capital político en la militancia territorial. Fernanda Miño nació y se crió en Villa La Cava, San Isidro. Empleada doméstica desde los doce años, comenzó a trabajar por la urbanización de su barrio y se sumó luego al Movimiento de Trabajadores Excluidos, desde el cual llegó a concejala de su distrito y, luego, a la SISU. Las obras se financian a través de tres vías: un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, fondos del presupuesto nacional y el Fondo de Integración Socio Urbana, que se configura a partir de un porcentaje del Impuesto PAIS. También se utilizó el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario, implementado por única vez en 2021. “El próximo paso será garantizar un fondo plurianual que otorgue continuidad a las obras que se están realizando en más de 700 barrios y las nuevas que vendrán”, detalló Fernanda Miño.

La experiencia santafesina

Detrás de estos números hay muchísimas historias. Transformaciones en la vida de un barrio, de una familia, de personas que lucharon toda la vida para materializar un pedazo de la dignidad que les arrebataron las políticas económicas. Viviana Analía Garnica nació y se crió en la calle, y hoy vive en barrio La Ranita, en el extremo norte de la ciudad de Santa Fe. La Ley de Barrios Populares le permitió acceder a su primer certificado de vivienda y refaccionar su casa, en la que también funciona el comedor del barrio. “Nos sentimos felices, porque por primera vez sentimos que nos tuvieron en cuenta. Yo, que soy una mina de la calle, por primera vez dije ‘tengo algo que es mío’”, relató emocionada.

La Ranita es uno de los 68 barrios populares de la ciudad de Santa Fe y uno de los 408 de la provincia, que hace un mes adhirió a la ley nacional. “A partir de esto se abre un camino de responsabilidad compartida, en el que la provincia asume el compromiso de llevar adelante esta política de Estado lograda por las organizaciones sociales, que cumplen un rol de coordinación y seguimiento de los procesos de urbanización”, evaluó Dámaris Pacchiotti, diputada provincial de Ciudad Futura.

El 17 de septiembre, la ciudad de Santa Fe fue sede del primer Foro Provincial de Barrios Populares, del que participaron más de 1200 vecinas y vecinos de más de 60 barrios de distintas localidades de la provincia. El principal propósito del encuentro fue la puesta en común de las problemáticas de cada territorio, muchas veces compartidas, y la creación de una caja de herramientas para abordarlas a partir del relato de las estrategias que cada barrio supo construir.

“Hicimos un racconto de las prácticas militantes y de laburo que se llevan adelante, y cerramos con los deseos y la proyección de qué soñamos para los barrios”, sintetizó Pacchiotti, que adelantó que ya se está pensando en la realización del segundo foro el año que viene en Rosario.

Gastón Restagno, referente de Nuestramérica, resaltó: “Necesitamos la unidad para abordar la emergencia, porque si tiramos todos juntos por el mismo objetivo, que es la integración sociourbana, será todo muchísimo más fácil". José María Escobar, vecino de Nuevo Alberdi, Rosario, y militante de Ciudad Futura, sintetizó el espíritu del Foro: "Los barrios populares siempre fuimos postergados de la mecánica de la política. Venimos a romper con ese molde y hacernos visibles para luchar colectivamente y empoderar nuestros territorios".

Multitudinario encuentro de barrios populares en Santa Fe

El Foro fue un encuentro histórico que puso sobre la mesa la fortaleza de un sujeto político cada vez más sólido. Un sector capaz de construir leyes, de diseñar políticas públicas y de ejecutarlas, mientras sigue abriéndose camino para ganarse un espacio en la discusión pública, hasta que la integración sociourbana sea una realidad.