Coparticipación: el gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte

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Pausa
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Luego de reunirse con 14 gobernadores, Alberto Fernández anunció que va a recusar a los miembros del tribunal y a pedir la revocatoria de la cautelar que obliga a la Nación a pagarle el 2,95% de los fondos coparticipables a CABA.

Luego de reunirse con 14 gobernadores, Alberto Fernández anunció que no va a acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Nación a pagarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a CABA. . En un comunicado, el presidente anunció que "ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".

El escrito habla de un "fallo político en contra de las provincias argentinas", "incongruente" y "de imposible cumplimiento", que "le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe". También considera "falsa" la idea de que la decisión de la Corte Suprema "no afecta a las provincias argentinas", ya que "esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación". "En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA", afirma el comunicado, que resalta el hecho de que el presupuesto 2023 aprobado por el Congreso no contempla "crédito presupuestario para tal finalidad".

El anuncio surgió luego de una reunión que mantuvo ayer el presidente junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raul Jalil, el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora, el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto. También intervinieron en el encuentro de forma virtual el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, el fueguino Gustavo Melella, el misionero Oscar Herrera Ahuad y la santacruceña Alicia Kirchner. Todos ellos firman el comunicado, que expresa que las provincias, "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación 'in extremis' de la misma".

"El fallo es de imposible cumplimiento"

En declaraciones al canal de televisión C5N, Alberto Fernández sostuvo que "el fallo es de imposible cumplimiento" y afirmó que "los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder, y esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia". Además, recalcó que, más allá de su voluntad de cumplir con la decisión de la Corte Suprema, eso requeriría la redacción de "un nuevo presupuesto" que especifique "de dónde vamos a sacar los fondos" y si será con "impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento". Finalmente, consideró que la situación es "un choque de poderes"

Los gobernadores jugaron un papel clave

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet resaltó que el fallo de la Corte Suprema "aumenta arbitrariamente los recursos de la Nación destinados a Ciudad de Buenos Aires y reduce el presupuesto para obras y políticas públicas en la Argentina" y se expresó a favor de "la defensa del federalismo y la justa distribución de los recursos del Estado nacional".

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella manifestó que el fallo de la Corte "tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país", y consideró que su objetivo es "beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su Jefe de Gobierno, en desmedro de todas las provincias argentinas".

En el mismo sentido, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora expresó la necesidad de "defender al federalismo contra el atropello y la subestimación del centralismo porteño".

También se manifestó en contra de la decisión de la Corte el mandatario chubutense Mariano Arcioni, que consideró que se trata de "un fallo que atenta contra el federalismo y el desarrollo equitativo del país".

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, evaluó que la decisión del máximo tribunal "profundiza las desigualdades y pone de manifiesto que la tensión entre unitarios y federales esta mas viva que nunca", e instó "a los diputados de JxC, Orrego y Laciar, como a sus intendentes, defender a la patria chica y no a sus jefes porteños".

En la previa del encuentro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof había calificado de "una verdadera inmundicia" al fallo de la Corte Suprema, al considerar que representa un "atentado al federalismo, la democracia y la República". "Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país", afirmó.

Asimismo, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela había manifestado que la medida es "inconstitucional" y "va en contra del federalismo". "Fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros", señaló. Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora había considerado que el federalismo se veía "pulverizado" con el fallo de la Corte, al que calificó como una "burla" por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "la más rica del país".

Finalmente, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner había afirmado: "Un sombrío día para nuestra República. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia arrasa los límites entre los poderes, quebrantando el federalismo. Un sesgo autoritario que nuestro país no debe revivir. Nuevamente la balanza se desequilibra".

El fallo

El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló la cautelar del gobierno porteño y dispuso que la Nación debe pagarle a CABA el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Esto se dio en el marco de una disputa que ya lleva años, a partir de la decisión del gobierno de Macri de elevar en 2016 el porcentaje que le correspondía a la Capital Federal debido al traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. El ex presidente aumentó la coparticipación del 1,4% al 3,75%, monto que fue deducido del porcentaje de coparticipación que correspondía al gobierno nacional.

En septiembre de 2020, en el marco de las protestas que llevaba a cabo la Policía de la Provincia de Buenos Aires por malas condiciones laborales, el gobierno de Alberto Fernández redujo el porcentaje al 2,32%, medida que fue recurrida por el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, que reclamó que Nación pagara los "fondos retenidos" desde septiembre de 2020 más intereses.

Sobre este reclamo se expidió la Corte Suprema, aunque la decisión, tomada de forma unánime por los cuatro miembros del tribunal -Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda-, no resolvió la cuestión de fondo, sino que se limitó a dar cauce a la medida cautelar interpuesta por el Gobierno porteño y suspender la Ley 27.606 que establecía el porcentaje de 2,32%. El pago del 2,95% se deberá llevar a cabo "en forma diaria y automática" a través del Banco de la Nación Argentina.

 

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