Por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que avanzará por todos los caminos institucionales –denuncia penal, sumario en el Consejo de la Magistratura y juicio político en la CABA– para hacer justicia sobre el grupo de jueces y fiscales que viajaron a la Patagonia junto a un alto funcionario del PRO y uno de los dueños de Clarín.

El lawfare sí existe, está desnudo y a los gritos y el presidente anunció que va a enfrentarlo con todas las armas disponibles. Como sucedió en Brasil, con el juicio y encarcelamiento a Lula da Silva, requiere del acuerdo entre medios de comunicación, jueces, fiscales, asesores en campañas y ratas de la inteligencia, un bloque de poder destinado a favorecer políticamente a un partido y a perseguir a otro.

"He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido", dijo Fernández en un inusual discurso por cadena nacional, en el que apuntó no sólo a un cónclave en el que participaron jueces y políticos encumbrados del PRO, junto al CEO de Clarín, Jorge Rendo, y uno de sus cortesanos, el director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, Pablo Casey, sino a las filtraciones que se conocieron el último domingo en las que todo el grupo debate cómo fraguar pruebas y victimizarse –tal como intentan hacerlo ahora– en el caso de que la noticia escalara.

Por ello, Fernández anunció las siguientes medidas:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.

Los hechos

"Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica", comenzó Fernández en su discurso.

"Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan", agregó.

"Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia", enumeró.

El 17 de octubre se publicó en Pagina/12 que en la estancia de Joe Lewis –uno de los refugios sureños de Mauricio Macri– se habían reunido en el fin de semana del 13 de octubre, tras viajar en un charter privado, los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques; el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro; el consultor campañas digitales, Tomás Reinke; un ex agente de la AFI, Leo Bergroth.

Esa situación es escandalosa de por sí por la connivencia entre figuras judiciales destacadas, todas vinculadas a la persecución continua y excluyente de peronistas, figuras de la inteligencia y un ministro de la CABA, principal referencia en seguridad para uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Pero el domingo 4 se conoció en Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna una serie de chats filtrados de ese grupo, en los que se devela no sólo que la jarana fue pagada y organizada por el grupo Clarín y que estuvieron presentes Rendo y Casey, sino que se devela toda una serie de mecanismos de obstaculización de la Justicia, que van desde la preparación de facturas truchas a la presión a funcionarios judiciales, pasando por las amenazas simples a funcionarios de seguridad aérea. En todo momento, los chats (que se pueden leer completos aquí y aquí) revelan el fuerte poder que los magistrados tienen sobre un amplio espectro de medios y periodistas.

No importa que Clarín lo haya pagado "con la suya". Eso es corrupción pura y dura. Un juez no puede reunirse con un empresario en unas vacaciones pagadas y organizadas por ese mismo empresario. Va de suyo que ya hace años Clarín no tiene ninguna legitimidad periodística para enunciar nada sobre la Justicia o los valores republicanos. La filtración de estos chats, en los que claramente se ve que Rendo es la autoridad principal del grupo, hace que la situación pase al nivel de la obscenidad.

"Todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido", sintetizo el presidente en su alocución.