El juicio investiga la represión a la revuelta de trabajadores metalúrgicos conocida como El Villazo, durante los años 70 en Villa Constitución, y las implicancias de las empresas en la persecución a los obreros.

La localidad de Villa Constitución fue, en los años 70, escenario de una revuelta de trabajadores que se opuso a la burocracia sindical de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), en pos de generar mejores condiciones laborales. El hecho fue conocido como el Villazo, una acción que se inscribe en la memoria de la lucha obrera y que fue reprimida por el Estado y por el grupo paramilitar Triple A (Acción Anticomunista Argentina) en el operativo conocido como Serpiente Roja. Los sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos nucleados en la agrupación Memoria Verdad Justicia por el Villazo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario impulsaron una causa judicial por esa represión.

Luego de que la Cámara de Casación Penal reconociera la comisión de los delitos de homicidio y asociación ilícita por parte de organismos estatales y empresariales para reprimir el Villazo, fueron detenidos el ex directivo de Acindar, Ricardo Torralvo, y el ex militar, Bernardo Landa. Por la consiguiente resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario, ambos cumplen prisión preventiva domiciliaria desde el pasado 29 de noviembre.

El juicio que reclama memoria, verdad y justicia para las víctimas y los sobrevivientes del Villazo es clave para identificar la responsabilidad genocida de empresas como Acindar en la dictadura y cómo el terrorismo de Estado fue el brazo ejecutor de un proyecto político y económico que instaló el neoliberalismo en nuestro país.

El pasado 7 de diciembre se realizó la audiencia preliminar en los Tribunales de Rosario. Los sobrevivientes estuvieron representados en la querella por la APDH Rosario. También participan la Liga por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las Secretarías de Derechos Humanos de la provincia y la Nación y la UOM Nacional. Allí se resolvió que para fines de febrero estarán presentadas las pruebas de las partes. Superada esta instancia se pondrá fecha para la etapa testimonial y el inicio de las audiencias. Jorge Víctor Martín, sobreviviente de la represión al Villazo, expresó las expectativas colectivas de que esto pueda ocurrir a partir de abril. Además se pidió que el juicio se lleve a cabo en Villa Constitución.

El tribunal está conformado por Germán Sutter Schneider, Otmar Paulucci y Ricardo Vázquez.

Memoria

En 1974 la organización de base de los trabajadores triunfó ante la burocracia sindical de la UOM –dirigida por Lorenzo Miguel, el sucesor de Augusto Vandor que estuvo al frente del sindicato hasta 2002– y las presiones del gobierno nacional de Perón y de Isabel Martínez.

Martín relató las razones de esa gesta a Pausa: “La intervención de la UOM nacional implicaba que lo que se descontaba de los sueldos a los trabajadores no quedaba en la seccional de Villa Constitución, sino que iba a Buenos Aires y se remitía una suma ínfima. Por eso los trabajadores no tenían ningún beneficio y la obra social prácticamente no funcionaba. El manejo de las seccionales anulaba la lucha de los trabajadores locales frente a las empresas”.

Aún con las prohibiciones de reunirse y de formar listas internas al interior del sindicato, los obreros de Villa Constitución fueron organizándose y generando listas propias para hacer valer sus derechos. Contaban con la inspiración de otras experiencias, como la CGT de los Argentinos y el apoyo de referentes como Agustín Tosco. Su objetivo era tener una comisión directiva local. Para eso pusieron en marcha una serie de tomas de fábricas metalúrgicas, en una huelga que duró un mes y que contó con el apoyo de toda la ciudad, que aportaba alimentos y vestimenta a los trabajadores que llevaban adelante la medida de fuerza. Ese proceso culminó con el llamado a elecciones libres y la victoria de la Lista Marrón –encabezada por Alberto Piccinini– por una amplia mayoría, el 16 de marzo de 1974.

“La UOM nacional no se iba a quedar con esto”, resume Martín. Al año siguiente, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martinez, con la participación activa de empresas del sector metalúrgico como Acindar, Marathon y Metcon, y de la burocracia sindical de la UOM nacional, comenzó el operativo Serpiente Roja. El operativo implicó que las fuerzas represivas atacaran los intentos de democratización sindical en el cordón industrial del Paraná, con arrestos masivos de obreros. Acindar brindó los datos necesarios para esos secuestros, que culminaron con asesinatos y desapariciones.

Villa Constitución fue el epicentro de la persecución. Allí funcionó, por ejemplo, el centro clandestino de detención en el albergue de trabajadores solteros de Acindar, donde Martín estuvo detenido. No es casual que José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía entre 1976 y 1981, fuera miembro del directorio de esa firma.

Verdad y Justicia

Hace un año y medio, la Cámara de Apelaciones de Rosario había dictado la falta de mérito para los hechos de homicidio y asociación ilícita que se denunciaron en la causa conocida como El Villazo. En marzo, la misma se elevó a juicio por 57 casos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Los imputados por esos hechos ascienden a 25; entre ellos se encuentran militares, directivos de Acindar, policías federales y prefectos.

Para el reconocimiento de los delitos más graves –homicidios y privación ilegítima de la libertad– los organismos presentaron sendos recursos de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las figuras desechadas por la Cámara rosarina. Tras las detenciones de Torralvo y Landa, la querella de la APDH y de Memoria, Verdad y Justicia por El Villazo presentaron un escrito al juez federal Marcelo Bailaque para que se unifiquen las causas (las reconocidas originalmente y las confirmadas más tarde) de forma inmediata, a fin de evitar su desmembramiento.

La presentación se explicó en un comunicado: “Es una porción injusta y no representativa de lo ocurrido en la represión en Villa Constitución, antesala del golpe de Estado, que solo se elevara por una parcialidad de delitos menores en relación a los gravísimos hechos y, ante esto, el Tribunal Máximo del país nos dio la razón”.

Los organismos agregaron que los homicidios fueron parte de un plan sistemático, llevado adelante por el gobierno de María Estela Martinez de Perón. De esta línea argumental se desprende la relevancia de la figura de asociación ilícita: los crímenes no fueron hechos aislados, sino que tuvieron la sistematicidad propia del terrorismo de Estado, luego profundizado en la dictadura. “Obviar esos delitos es echar mano al negacionismo y faltar a la Memoria y a la Justicia”, alegaron.

Las once víctimas de homicidio son Rodolfo Mancini, Jorge Chaparro, Julio Palacios, Carlos Ruescas, Concepción de Grandis, Miguel Ángel Lobotti, Juan Ponce de León, Adelaido Viribay, Jorge Raúl Andino, Carlos Thompson y Pedro Reche.

Sobre la audiencia del 7 de diciembre, la APDH Rosario manifestó que no fue "solo fue una jornada 'técnico procesal', sino una jornada de lucha por Memoria Verdad y Justicia, con sala de audiencia llena de público y gente en las afueras del Tribunal Oral de la ciudad de Rosario, acompañando a les protagonistas quienes empujan por romper la impunidad del genocidio desplegado en Villa Constitución".

Ahora, a la espera del inicio de las audiencias, las y los sobrevivientes pidieron que las audiencias se realicen en la ciudad donde ocurrieron los hechos, por la cantidad de testigos que existen. Para ello, la UOM de esa localidad hizo el pedido formal al tribunal y ofreció sus instalaciones.