Los acusan por mal desempeño en sus funciones y parcialidad manifiesta. La decisión fue tomada luego del fallo que favoreció a CABA en el conflicto por la coparticipación y de la filtración de chats entre el vocero del presidente de la Corte Silvio Robles y el ministro de Justicia porteño Marcelo D'Alessandro.

El presidente Alberto Fernández, con el apoyo de doce gobernadores, anunció que pedirá el juicio político para los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda por "mal desempeño en sus funciones" y "parcialidad manifiesta". La decisión surge a partir del fallo del Tribunal que favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por los fondos de coparticipación y de las filtraciones de chats en los que Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti, coordinaba estrategias en relación al litigio con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D' Alessandro.

A través de un comunicado, Fernández y los gobernadores afirman que decidieron "impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional" y también, "respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti".

He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución ⬇️ pic.twitter.com/USZkqnt7eV

— Alberto Fernández (@alferdez) January 3, 2023

Además, le piden "al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación". El escrito está firmado por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Apoyos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria apoyó la decisión de Alberto Fernández y manifestó que el pedido de juicio político "es la vía institucional válida para responder a una degradación que pone en riesgo el sistema republicano". Soria calificó la resolución de la Corte en materia de coparticipación como un "bochorno institucional" que "barrió con las bases del federalismo en la Argentina" y consideró que "el silencio de Rosatti habla a las claras de la promiscuidad y la connivencia".

En el mismo sentido, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich detalló que el Ejecutivo remitirá a la Cámara de Diputados "una multiplicidad de hechos" que van desde "la violación de la Ley de Ética Pública" hasta el mal desempeño "a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080", que guió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura -al que pertenece Horacio Rosatti- durante 16 años y que fue reemplazada por decisión de la Corte, pasando por el reciente fallo que favoreció al gobierno porteño en materia de coparticipación, que, según Capitanich, trasluce una "manifiesta parcialidad".

En relación a este último tema, Capitanich manifestó que las provincias se sienten "damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza" y consideró que los "miembros de la Corte Suprema de Justicia violan clara y contundentemente la Constitución Nacional". Según señaló, el pedido se iniciará en la Comisión de Juicio Político, que tendrá cuatro meses para investigar el tema emitir un dictamen. Para esto, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias.

Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de manera antojadiza sin ningún tipo de fundamentos y argumentos. No es cierto que no nos afecta.

— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) January 3, 2023

Por su parte, el mandatario santiagueño Gerardo Zamora expresó que la situación "se agrava muchísimo" luego de que se dieran a conocer los chats entre el vocero de Rosatti Silvio Robles y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro. Zamora presentó una denuncia por tráfico de influencias e incumpliento de los deberes de funcionario público contra Robles, a quien el juez federal Guillermo Molinari ya imputó. En su cuenta de Twitter, el gobernador denunció que Robles "no quiso entregar sus teléfonos".

El Dr. Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos.

(Sigue...)

— Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) January 3, 2023

D'Alessandro pidió licencia

Debido a los chats, D'Alessandro anunció hoy que pidió una licencia temporaria en su cargo para "ordenar mis cosas familiares" y "preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos". En el último tiempo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño ya se había visto implicado en el escándalo del viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, del que participó junto a jueces, fiscales y empresarios de medios.

La mafia de Lago Escondido: la foto que confirma el conclave en la Patagonia

D'Alessandro aclaró que será "una licencia temporal" y que, por lo tanto, no será designado ningún reemplazante, sino que el área quedará bajo la órbita del jefe de Gabinete Felipe Miguel. "Somos objeto de una operación de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales y las editan queriendo instalar crisis institucionales", señaló.