El secretario de Derechos Humanos de la Nación habló ante Naciones Unidas sobre la situación nacional en materia de derechos humanos. Mencionó la "guerra jurídica" como una de las barreras al respecto, junto con los discursos de odio y el aumento de la pobreza producto del endeudamiento externo. La respuesta oficial del organismo internacional se conocerá este viernes.

El Gobierno denunció ante Naciones Unidas el "lawfare y la pérdida de legitimidad del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos que tiene Argentina para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos", informaron fuentes oficiales. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, brindó un discurso este lunes en Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El funcionario se refirió lo hecho en la materia en nuestro país en términos de políticas públicas y a los desafíos pendientes.

La presentación se realizó en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo en el que cada país repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de los compromisos internacionales asumidos. Pietragalla presentó un informe que se realizó con el aporte de más de 30 áreas gubernamentales y que contó con el respaldo del presidente Alberto Fernández. Allí no solo refirió al Poder Judicial, sino también a los discursos de odio y al impacto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.

La "guerra jurídica"

Pietragalla señaló que la defensa de los derechos fundamentales es "la columna vertebral" del gobierno nacional y que el "lawfare" o "guerra jurídica" es uno de los "principales desafíos" en la materia. Aludió a la degradación institucional que el rol del Poder Judicial encarna en nuestro país, en particular del sistema republicano de división de poderes. Como ejemplo, citó la persecución judicial de la que es víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el informe presentado ante la ONU por nuestro país se lee: que la práctica del lawfare  —impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático— constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública.

También indica que en las causas judiciales como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, "bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".

"Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente [Mauricio Macri], lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país", agrega. Sobre este punto, como así también sobre el abordaje de la deuda y de los discursos de odio, Pietragalla solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos.

Fuentes del Gobierno informaron posteriormente que la exposición fue "muy bien recibida" por los otros países miembros, quienes felicitaron a la Argentina y destacaron sus en materia de derechos humanos, además de realizar una serie de recomendaciones. El proceso finalizará el próximo viernes, cuando el Consejo emita una primera devolución acerca del informe.

La tapa del matutino Clarín de hoy titula "Dura respuesta de la ONU al Gobierno: debe respetar la independencia de la Justicia". Pietragalla hizo alusión a esta falsa noticia en sus redes sociales, al subrayar que la respuesta oficial de Naciones Unidas recién se conocerá el próximo viernes.

El informe argentino

En 2022 Argentina inició su cuarto informe para el mecanismo EPU (ya se presentó en 2017, 2012 y 2008). El mismo releva el estado de implementación de las 175 recomendaciones recibidas en materia de derechos humanos. Alude específicamente a las medidas adoptadas por el país en materia de Memoria, Verdad y Justicia, prevención de la violencia de género y de la violencia institucional, erradicación de la pobreza, acceso a la salud y a la educación y situación de los pueblos originarios, entre otros ejes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió, además, informes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de expertos y grupos de trabajo independientes.

Entre las principales medidas implementadas en los últimos años, el Estado argentino resaltó el impulso del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad; la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la campaña de vacunación contra el Covid 19. Además destacó su compromiso para mejorar el acceso universal a la educación y la política migratoria y de protección de derechos de personas refugiadas.

En cuanto a materias pendientes, Argentina se comprometió ante la ONU a seguir impulsando las siguientes leyes: contra la violencia institucional, un nuevo marco regulatorio para los derechos de las personas con discapacidad y la creación legal de un sistema integral de cuidados. Además, informó su intención de avanzar con la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica.

Pietragalla también mantuvo una reunión con la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Al-Nashif. Las temáticas del encuentro fueron el rol de Argentina en la región en materia de derechos humanos, los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y la situación de los pueblos originarios.