La Cámara Baja comenzó el trabajo en comisiones para llegar a los dictámenes que permitan avanzar en el proceso. Se acusa a Rosatti, Ronsenkrantz, Lorenzetti y Maqueda de mal desempeño de sus funciones.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el debate por el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El objetivo será obtener los dictámenes necesarios (uno por cada acusado) para poder dar el debate en el recinto. 

En la primera reunión de la comisión, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), se estableció un cronograma para tratar los 14 proyectos ingresados sobre este tópico. El debate giró en torno a las posiciones de los diferentes bloques políticos en relación al juicio político. La oposición asegura que se trata de un circo mediático, mientras que el oficialismo defiende la legalidad del proceso.

De acuerdo a lo consensuado ayer, el 2 de febrero se recibirá a los autores de los 14 proyectos ingresados en la Cámara Baja. En tanto, el día 9 se tratará el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria. En dicha etapa se deberán aportar las pruebas ofrecidas en las denuncias.

En caso que el informe de admisibilidad sea favorable, se estará en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto para su votación y pase al Senado. 

En la etapa de comisiones el oficialismo cuenta con los votos necesarios, aunque la situación se revierte al momento de la discusión en el pleno, donde la oposición tiene mayoría y se necesita el voto de dos tercios de los presentes para dar continuidad al proceso.

Ante una consulta del diputado del PRO Álvaro González sobre si se conformará una subcomisión para que continúe con el proceso, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, aclaró que la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por toda la comisión. 

Desde el 2x1 a los genocidas a Lago Escondido

Los 14 proyectos de acusación a los integrantes de la Corte por mal desempeño de sus funciones fueron presentados por diputados, la senadora Juliana Di Tullio, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cinco particulares, entre ellos la santafesina Patricia Isasa, que apunta contra el mal desempeño del ex intendente de nuestra ciudad, Horacio Rosatti.

El proyecto encabezado por el legislador correntino Eduardo Valdés (FdT), menciona entre las causales del juicio político el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley del Consejo de la Magistratura, el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Además se señala a los magistrados por el fallo 2×1 de 2017 y la inacción frente al escándalo de Lago Escondido, el viaje de jueces federales, exespías, funcionarios porteños y empresarios del grupo Clarín. 

Cruces en el inicio del año electoral

Los diputados de Juntos por el Cambio acusaron al Frente de Todos de montar un “circo mediático” con objetivos electorales, mientras que los legisladores oficialistas se ocuparon de dejar en claro que el proceso no es penal y que no se da sobre la Corte como institución sino sobre sus integrantes. Asimismo, destacaron que el procedimiento que se lleva a cabo es legal desde lo constitucional y reglamentario. 

El kirchnerista Leopoldo Moreau fue elocuente en ese sentido, al calificar de “escuálida” a la conformación actual del máximo tribunal: “Se ha ido achicando no solo en números, sino también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

Luego añadió: “No es que busquemos alimentar la grieta. No es culpa nuestra que [la oposición] se haya alineado para defender su Corte, porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido’”. Y alegó: “Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial”

La Constitución Nacional establece, en su artículo 53, que solo la Cámara de Diputados tiene el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos.

Gaillard recordó que “el juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”. Y agregó que garantizará que el trabajo se ajuste a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara y el reglamento interno específico de la Comisión de Juicio Político.