Desde Casa Rosada piden que se investigue al funcionario porteño por posibles irregularidades en licitaciones de servicios. "La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y de grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", afirman.

Por instrucción del Presidente de la Nación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó ayer una denuncia penal en la Justicia contra Marcelo D'Alessandro, el titular de la cartera de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es que se investiguen penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas en la última semana, que dieron cuenta de irregularidades en licitaciones llevadas a cabo por ese organismo.

De corroborarse la hipótesis que motiva la denuncia —afirman desde Casa Rosada— se comprobarían "graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública". Soria requirió además la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes.

La presentación de la Nación solicita que se investigue puntualmente al ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales. Estas figuras están contempladas en los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.

Los hechos a ser investigados involucran a empresarios contratistas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani. En concreto, se trata de la licitación del servicio de grúas, de playas de estacionamiento y de destrucción de chalecos antibalas en la órbita de la Capital Federal.

El escrito presentado por el ministro de Justicia nacional plantea que, de confirmarse las revelaciones periodísticas de los últimos días, "demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho".

Además, Soria mencionó a través de Twitter que la jueza federal María Eugenia Capuchetti —a cargo de la causa por el atentado a Cristina Kirchner— está contratada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar al Ministerio de Seguridad que conduce D'Alessandro. "Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", dijo el ministro nacional. Además, recordó que los magistrados judiciales solamente pueden ejercer cargos de docencia y que toda otra actividad remunerada constituye una incompatibilidad con sus funciones.

Para el gobierno de Fernández, "la promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y de grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas".

Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros. pic.twitter.com/TrTYtc1hiQ

— Martin Soria (@MartinSoria_) January 6, 2023

Grúas y chalecos

Actualmente, y desde octubre de 2022, el servicio de acarreo de autos mal estacionados en Buenos Aires está a cargo del gobierno porteño. Pero entre 1990 y el año pasado, ese servicio público estuvo a cargo de dos empresas: Dakota-STO, de Marcelo Violante, y BRD-SEC, de Bernardo Pérez. Ambas operaban para la ciudad desde 1990. La contratación estuvo a cargo del entonces intendente Carlos Grosso (PJ), desplazado de sus funciones por corrupción. Sus contratos habían vencido en 2001.

En 2014 se hizo pública una serie de irregularidades: el gobierno del PRO les transfería sumas millonarias en conceptos de "alquiler de vehículos", pago de cuotas fijas y de las multas de los autos que quedaban abandonados en los galpones. Las empresas se llevaban además el total de lo abonado en concepto de multas por quienes iban a recuperar sus coches. A cambio de estas ganancias, Dakota —por ejemplo— pagaba a la ciudad solo un canon de 55 mil pesos por mes.

En el marco de la denuncia contra D'Alessandro, el gobierno nacional argumenta que ese canon fue "decisión política" del gobierno de la Capital Federal, pese a que la Auditoría General de la dicha jurisdicción emitió varios informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual no tenía sustento. El canon vigente en 2022 estaba sin actualizar desde 2014.

Por esto, la gestión de Fernández pide que se investigue la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, lo que podría explicar la no actualización de los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A.

Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia del gobierno nacional, se requiere el secuestro del aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro —y de todos los que en el devenir de la investigación resulten implicados en los hechos denunciados— y la realización una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad.

Además Soria pidió que se realicen las pesquisas pertinentes respecto a transparentar las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte de D'Alessandro. Los hechos acontecieron en 2022 y su investigación involucra a la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.