Una entrevista con Lucero Sosa Sánchez, militante feminista de la región de Puno, una de las más asediadas por la represión policial en Perú. La falta de legitimidad de Dina Boluarte y del Congreso, las diferencias territoriales en torno a las protestas y una movilización popular que se levanta contra la desigualdad basada en el racismo.

La crisis política en Perú no encuentra aún un principio de solución. Tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre, masivas manifestaciones —sobre todo en el sur del país— comenzaron a reclamar la convocatoria urgente a elecciones. La respuesta del Gobierno, presidido por Dina Boluarte, fue una represión policial que dejó, hasta el momento, más de 50 muertes.

La convocatoria a elecciones ya fue discutida por el Congreso el 20 de diciembre pasado y la fecha elegida fue abril de 2024. Pero las y los manifestantes exigen que la presidenta y el Congreso sean removidos por falta de legitimidad. Las protestas se concentran en los departamentos del interior del país, sobre todo en el centro y en el sur: Ayacucho, Cusco, Puno y Juliaca.

Lucero Sosa Sánchez vive en Puno, en el sur peruano y a 43 kilómetros de su Juliaca natal. Es una de las regiones más asediadas por la represión policial. El lunes 9 la Policía Nacional del Perú asesinó a 18 personas durante una manifestación en Juliaca. Por esos hechos, la Defensoría del Pueblo de ese país pidió que se investigue lo ocurrido y le recordó a la Policía y las Fuerzas Armadas que “tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, respondiendo a los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, para evitar incurrir en responsabilidades”.

Como activista feminista y LGBT, Sosa Sánchez refiere que a lo largo de los gobiernos, los derechos de las mujeres y personas LGBT fueron vulnerados. En medio de la crisis política, la situación continúa. Recientemente, el Congreso no aprobó la inhabilitación de un congresista acusado de violación y desestimó, en comisiones, el proyecto que legalizaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La militante agrega: “Conflictos como la masacre de Juliaca afectan también nuestras emociones y sentimientos. Solo imaginar que podría primar un gobierno dictatorial abiertamente transgresor de nuestros derechos es ponernos abiertamente en una situación de vulnerabilidad”.

Entrevistada por Pausa, la militante sostuvo que Dina Boluarte es “la continuidad de lo que está mal a nivel político en el Perú”. Al respecto explicó que, para que haya un cambio real, ella y el Congreso deben renunciar: “Su gobierno no es legítimo porque el pueblo siente que está viviendo una dictadura y está ejerciendo su derecho a la insurgencia contra una autoridad con la que no se siente representado”.

—¿Por qué, tras la destitución de Castillo, se comenzó a pedir el llamado a elecciones y la renuncia de Boluarte y del Congreso?
—Dina Boluarte asumió el poder luego del juego político que terminó con la destitución de Castillo. Ella era parte del mismo partido, Perú Libre, pero cambió completamente su discurso al asumir la presidencia. Pedro Castillo fue electo democráticamente pero se vio enfrentado a un Congreso que en su mayoría es opositor, muy moralista y católico. Es la derecha bruta y achorada, como se le dice vulgarmente. Desde que inició su gobierno, Castillo ha tenido trabas. Él cometió el error de presentar la propuesta de anular el Congreso y eso hizo que exploten con más fuerza las protestas, porque nosotros ya veníamos protestando contra el Congreso.

—¿Por qué considera la decisión de Castillo como un error?
—Se notaba que había una oposición que no quería que Castillo permaneciera en el poder y eso fue lo que pasó. Y él no tenía una base sólida porque no era parte de un partido con bases sólidas y fuertes. Era una situación insostenible. Pero al momento que lo hace no tenía respaldo e hizo que la derecha se envalentone.

Castillo permanece detenido desde el 7 de diciembre, aunque este lunes 16 se conoció que la Justicia peruana aceptará un pedido de hábeas corpus por parte de la defensa. Sosa Sánchez expresa: “Lo que le pasó a Castillo no deja de tener un tinte racista. Con él la Justicia actuó rápido al detenerlo, cuando en otros casos no vemos que se comporte de esa manera. Eso le ha dado más fuerza a la oposición para llevar adelante esta dictadura, porque lo que está haciendo el Congreso, con una mayoría de partidos de derecha (Alianza por el Progreso, Renovación y Renovación Popular), ya cuadra dentro de una dictadura. El hecho de que Boluarte cambie completamente su discurso al asumir la presidencia la convierte en una figura que está avalando la dictadura del Congreso. En Perú hoy no hay democracia”.

Una encuesta de Ipsos Perú informó que el 85% de la población peruana exige cuanto antes un adelanto de elecciones generales y que el 62% de la ciudadanía consultada está a favor de una reforma política antes de realizarse los próximos comicios. Por otro lado, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el 71% de la ciudadanía desaprueba al gobierno de Boluarte y el 88% desaprueba al Congreso de la República.

Sin embargo, el sábado 14, la mandataria adelantó que no renunciará a su cargo: “Mi compromiso es con el Perú”, afirmó. Cinco ministros presentaron su renuncia irrevocable desde que ella asumió. Además, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra ella y tres ministros (el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez) por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Acerca del adelanto de las elecciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dijo a RPP Noticias que “si el Congreso de la República, que ya hizo una primera votación para que las elecciones sean en el mes de abril del 2024, decide hacerlas en el 2023, obviamente bajo una decisión plena, autónoma, que es la que tiene el Legislativo para legislar, podría hacerlo”.

Sosa Sánchez sintetiza: “El pueblo ha hablado y se está haciendo escuchar. Es importante que sea el pueblo el que diga lo que es bueno para sí mismo”.

Una movilización desde el “Perú profundo”

El domingo 15 de enero el gobierno estableció el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua.

La medida se extenderá por 30 días Durante ese tiempo, dice el decreto, no se podrá "participar en manifestaciones utilizando medios o armas que puedan poner en peligro la integridad de otras personas, realizar actos de vandalismo, agredir a la Policía o resistirse a una intervención de la Policía". La medida incluye cinco rutas nacionales para evitar los cortes.

Otra decisión de la presidencia es la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en la región Puno. Durante 10 días, todas las personas deberán permanecer en sus domicilios desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.

Lucero Sosa Sánchez expresa que “Dina Boluarte está haciendo oídos sordos y no está escuchando lo que pasa en el interior del país”. Y agrega: “Sus dichos están teñidos de racismo porque como estas cosas pasan en Juliaca, en Puno, en Cusco y en Ayacucho parece que fueran muertes que no importan”.

—¿Qué rol juega Lima en este proceso de movilización popular?
—En Perú todo está centralizado en la capital. Hay mucha indiferencia por parte de Lima, aunque hay organizaciones allí que están a favor de la lucha del pueblo. Pero parece que si las cosas no pasan en Lima, el gobierno no voltea a ver lo que sucede. Ese es el sentir de la población: que hay que ir a la capital y decir “acá estamos y esto es lo que reclamamos”.

—¿Por qué motivo son las poblaciones no centrales las que se están manifestando de forma más contundente?
—Porque hay una gran desigualdad asociada al racismo y a la discriminación. Las personas que estamos lejos del centro, que somos del campo, vivimos en un sistema desigual y somos conscientes porque comprendemos la realidad del país y queremos cambios reales para que haya mayor bienestar en Perú. Eso se reflejó con la elección de Pedro Castillo, porque era un personaje que venía del campo, es una persona racializada. Era un representante para nosotros, más allá de los errores que haya cometido. Él llevaba la intención del Perú profundo de hablar, de hacerse escuchar, de hacerse ver porque siempre hemos sido ciudadanos de segunda.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló —el viernes 15, cuando culminó su visita a Perú— la necesidad de que “la salida a esta crisis debe pasar por el diálogo, acuerdos y respeto al Estado de derecho”. El vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón, agregó que “se requiere de un diálogo amplio, genuino, inclusivo, con enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos donde todos los actores de la sociedad se sientan representados”. El comisionado añadió que se “constató un clima de extrema polarización social y política”, así como “una fuerte estigmatización por factores étnicos y regionales”.

La entrevistada señala además la estigmatización de las protestas que se reproducen por parte del Gobierno y del Congreso: “Nos terruquean”, afirma. Y explica: “Cuando nos tachan de terrucos quieren decir que protestar es sinónimo de violencia, que estamos armados y que buscamos atentar sobre la propiedad privada como empresas o bancos, o sobre propiedades del Estado como las comisarías. Asumen que un manifestante hace eso. La palabra terruco alude a una herida grande del país, de las épocas en que había terrorismo por parte de los partidos extremistas y del gobierno. Utilizan eso para sembrar miedo y dividir la población”.

—¿Por qué Perú es un territorio en disputa?
—Lo que está pasando en Perú no es reciente. Van varios años en los que hay enfrentamientos a nivel político con la derecha. No hemos tenido un gobierno cuyo mandato dure cinco años en el último tiempo. Somos parte de América Latina, que vivió un proceso de colonización y desde esos procesos hay prácticas de discriminación y racismo. Este es un país muy herido que tuvo que sobrellevar sus diferencias y ya no es posible vivir de esta forma. Por eso estamos constantemente en la lucha contra estas injusticias, contra el abuso de poder de grupos económicos y políticos. Esto no es algo aislado, es un proceso que estamos viviendo a nivel regional.