El 2022 fue definitivamente un año de ejemplos sustantivos de lo que conocemos como lawfare. Los vínculos entre sectores de la política y el Poder Judicial en medio de una causa por administración fraudulenta.

Según la Constitución, la responsabilidad por la administración del Estado corresponde a la Jefatura de Gabinete. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por administración fraudulenta, un delito que no puede cometer, en la Causa Vialidad.

Vialidad fue instruida por Julián Ercolini, uno de los visitantes de Lago Escondido junto a otros magistrados, el fiscal y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y dos jefes de Clarín, que pagaron la partusa. En la Fiscalía y en el tribunal que hizo la sentencia hay dos futbolistas de la liga que juega en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. En la Cámara que aguarda la apelación hay otro jugador. A su alrededor, sobran jueces que jugaban al paddle en Olivos entre 2015 y 2019.

Mientras tanto, el celular del tipo que quiso volarle la cabeza a Cristina Kirchner fue borrado inmediatamente después del atentado. Pese a que hay indicios de la participación del diputado PRO Gerardo Milman y del holding macrista Caputo, a casi cuatro meses apenas hay un puñado de perejiles detenidos.