La referenta social cumple hoy 2556 días detenida. Mientras su situación de salud se agrava, Gerardo Morales pide que vuelva a cárcel común y Alberto Fernández no accede al pedido indulto alegando motivos de jurisdicción.

Hace siete años, Milagro Sala fue detenida en Jujuy por participar de un acampe. La Corte Suprema de la Nación resolvió por unanimidad -en diciembre pasado y luego de revisar el expediente durante 23 meses- la pena de 13 años de prisión. De esta manera, convalidó la condena del Poder Judicial jujeño y rechazó el recurso interpuesto por los abogados de la dirigenta de la agrupación Tupac Amaru. La decisión de la Corte dio pie a que el gobernador Gerardo Morales insista en reclamar que Sala sea trasladada a una cárcel común.

La referenta social cumple hoy 2556 días detenida, desde el 16 de enero de 2016, poco menos de un mes después de que Mauricio Macri asumiera como presidente. A lo largo de este tiempo, su situación generó acciones por parte de organismos de derechos humanos, que hoy esperan un indulto por parte del presidente Alberto Fernández. "Que use la lapicera, que tenga valentía", pidió Sala.

La causa por la que Milagro Sala está detenida es conocida como "Pibes Villeros", por el nombre de la cooperativa por la que fue condenada a 13 años de prisión por el delito de integrar una asociación ilícita. Tras el fallo de la Corte, la vía judicial continuará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se espera que se realice el control de constitucionalidad que la Corte argentina no hizo.

Ante la reciente insistencia de Morales respecto a la prisión en cárcel común, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntó que Sala ya cumplió más de la mitad de su condena en prisión preventiva, ya sea en cárceles provinciales o en domiciliaria. Destacó, además, que las autoridades judiciales de Jujuy no pueden desconocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2017 le exigió al Estado argentino adoptar ‘las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud’ de la dirigenta social. 

Los hechos

En diciembre de 2015 el gobernador Gerardo Morales anunció que las organizaciones sociales debían empadronarse en un registro de cooperativas. Ante esto, diversas agrupaciones pidieron reuniones al mandatario provincial, pero nunca se concretaron. La situación devino en un acampe frente a la gobernación, por el que el gobernador dictó un decreto que disponía la suspensión de la personería jurídica y otros derechos de las organizaciones que se quedaran en el lugar. Milagro Sala y la Tupac Amaru mantuvieron el acampe. En ese contexto, fue apresada.

Casi dos semanas después, se ordenó su excarcelación. Pero antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención por otra causa. “Así comenzó un ciclo de denuncias que la mantiene encerrada hasta el día de hoy”, denuncia el CELS. A Sala se la investigó por defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita.

El CELS señaló los obstáculos que tuvo Sala para poder ejercer una defensa adecuada, los problemas constitucionales derivados de una acusación imprecisa en base a la figura de “asociación ilícita” y las limitaciones que sufrió para producir pruebas de descargo. El organismo remarcó que, durante el juicio, la acusada fue excluida del debate durante más de dos meses, lapso en que hubo 19 audiencias y declararon 70 testigos. 

Asimismo, agrega: “El hostigamiento ejercido estuvo acompañado por situaciones de humillación pública y privada, como haber recibido notificaciones judiciales cuando estaba en la cama de un hospital durante una internación. Ningún varón que participe en política vive el grado de persecución, intimidación y acoso que transita Milagro Sala, con el afán de limitar su influencia y acción. La búsqueda por menoscabar su construcción popular, se cruza con la violencia política por razones de género que se ejerce contra ella y la racialización de la que es objeto”.

Apresada en el gobierno de Macri, ¿indultada en el de Fernández?

El 12 de enero pasado, contando con apoyos de legisladores y funcionarios, el Comité por la Libertad de Milagro Sala le reclamó a Alberto Fernández la firma del indulto. “Lo que estamos pidiendo en este momento lxs ciudadanxs es que la autoridad presidencial defienda a su sociedad de la discrecionalidad, la injusticia y el abuso de poder”, manifestaron. 

Para argumentar el pedido a la Presidencia, desde el Comité recordaron el rol que cumplió Fernández al condenar el lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva visitándolo en prisión o al brindar ayuda humanitaria a Evo Morales tras el golpe de Estado de 2019. En esa línea, le reclaman que actúe en consecuencia frente a la situación de Sala, cuya detención describen como arbitraria e ilegal. El mandatario, en tanto, argumenta razones de jurisdicción: dice que al ser una causa originada en la justicia provincial jujeña, no tiene las competencias para intervenir en ese fuero.

“Se esperaba que la Corte Suprema cumpliera su rol de control de la legalidad y revisara las nulidades presentadas por la defensa dando cuenta de las manifiestas irregularidades que rodearon el proceso. Por el contrario, una vez más la Corte, —en la que debería descansar la seguridad jurídica de la Nación—, actuó subordinada a intereses político partidarios subalternos situando a la Argentina en condiciones de ser reconvenida por organismos internacionales”, escribieron desde el Comité.

En el pedido a Fernández, la organización le recordó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación —dirigida por Horacio Pietragalla Corti, quien visitó a Sala en diciembre— declaró que la Corte había convalidado el lawfare al confirmar la condena en la causa Pibes Villeros. 

Por otra parte, destacaron el dictamen de Gabriela Carpineti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que sostuvo que, al intervenir la Corte en el caso, se federalizó la cuestión, lo que habilitaría al Presidente a realizar el indulto.

“La Corte resolvió una de las causas que llegaron sobre Sala. Y dictó sentencia. Si a esto le sumamos que la CIDH tiene una función contenciosa en la causa, en tanto actuó como supervisora y que falló la Corte, es urgente la intromisión legal del Presidente. No cabe duda de que es cuestión federal”, fundamentó.

Además alegó que las cuestiones que se impugnan respecto a ese proceso, en términos constituciones, son los que están cometiendo quienes la juzgaron, la persiguieron y condenaron. Al respecto, mencionó “los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos” y el “agravamiento de las condiciones de salud”. Este señalamiento va en consonancia con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el agravamiento del estado de salud de Sala por la persecución judicial.

De no indultarla —dijo Gabriela Carpineti—, el Estado nacional argentino podría estar en un “riesgo inminente de ser condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

El deber del Estado de garantizar su derecho humano a la salud

Mientras se define si habrá indulto presidencial o no, el médico de Milagro Sala (el dirigente peronista Jorge Rachid) alertó sobre la salud de la referenta. Al respecto, pidió su traslado a un centro de salud de alta complejidad. Sala sufrió una nueva "trombosis venosa" y deberá ser operada, otra vez, de una de las piernas. El profesional de la salud que la acompaña pidió que la mujer reciba “una cobertura que humanice la situación”. Y añadió: “Hago responsable al Gobernador Gerardo Morales por la salud de Milagro Sala”.

El CELS, por su parte, alertó sobre la “profundización del hostigamiento” contra Sala y destacó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que confirmó una condena en su contra “no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El organismo, junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), denunció ante el sistema interamericano la sistemática persecución del gobernador Gerardo Morales contra la referenta de la Tupac Amaru.