El Movimiento Popular Nuestramérica de Santa Fe estuvo presente en una Misión de Solidaridad y Derechos Humanos en Perú. “Han logrado que gran parte de la población tenga miedo, tenga angustia, tenga dolor”, dijo “Tati” Restagno, integrante de la delegación.

Los últimos dos meses en Perú han estado signados por múltiples movilizaciones y protestas, con el objetivo de reclamar el adelantamiento de las elecciones generales y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, como respuesta a todas las movilizaciones, el Estado peruano avanzó contra los manifestantes con el uso de las fuerzas policiales y recrudeció su política represiva semana a semana, con decenas de muertos y centenares de heridos.

En este contexto, las organizaciones sociales y políticas de Perú convocaron a una Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, de la cual participó Gastón “Tati” Restagno, un santafesino integrante del Movimiento Popular Nuestramérica, que dialogó con Pausa sobre el trabajo que llevaron adelante desde el martes 7 de febrero, junto con otros referentes nacionales.

-¿En qué consiste la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos?

-Nuestro trabajo con la misión fue la de relevar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a través de las denuncias de las víctimas y familiares de los testigos que nos permiten reconstruir los hechos más graves que han sucedido, al menos en la historia de nuestra época reciente.

-¿Qué trabajo llevan adelante en la misión? ¿Qué organizaciones la conforman?

-La Misión de Solidaridad Internacional y de Observación de Derechos Humanos tiene un objetivo prioritario que es visibilizar la situación política en relación a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y también tiene un objetivo político que es presionar con herramientas internacionales al gobierno de Dina Boluarte para el cese de la masacre que está viviendo el pueblo peruano. Arrancamos a hacer estas misiones internacionales a partir del año 2019 cuando (Jeanine) Áñez hace un golpe de Estado en Bolivia, enviamos una delegación un poco más chica, pero que con el correr de las misiones se fue complejizando y profundizando las intenciones que tenemos con estas misiones internacionales. Por eso, primero arrancan en Bolivia en el año 2019 a causa de las violaciones a los derechos humanos por el gobierno de facto de Áñez, y luego tenemos las misiones en Colombia, en Ecuador y esta es la cuarta, en Perú. La conformamos algunas de las mismas organizaciones. Otras siempre nos apoyan. Tenemos desde fuerzas políticas hasta movimientos, gremios, entre otros. Yo milito en el Frente Patria Grande, y había otros gremios como ATE, movimientos populares como el MTE, Nuestramérica, el MP La Dignidad.

-¿Mantuvieron alguna reunión con referentes políticos locales?

-La misión tiene tres grandes etapas: la primera es sobre el diseño y la planificación de la misma, donde nos reunimos con diversas referencias y representantes que nos permitieron un panorama político general que está viviendo el Perú. Una segunda etapa, que tenía que ver más de ejecución y análisis, yendo al territorio donde nosotros viajamos el día 7 y volvimos el 13 a la noche. En este viaje lo que hicimos fue ir al epicentro político donde se estaba dando la mayor cantidad de movilizaciones y poder relevar algunas violaciones a los derechos humanos. Es por eso que en un principio fuimos a Lima con una delegación de 18 personas. Estuvimos en reuniones con diversos organismos. Luego de tres días de trabajo, nos separamos en distintos grupos y fuimos a otros territorios que fueron parte de las movilizaciones más grandes donde se produjeron las peores masacres que fue víctima el pueblo peruano. Las localidades de Ayacucho, Ica, Cusco y Juliaca fueron las centrales de los conflictos. Por eso, el trabajo fue ir a cada uno de los territorios y poder escuchar de primera mano, de los testigos, de las víctimas o familiares de víctimas, qué fue lo que sucedió y cómo es que el Estado desplegó su aparato para reprimir indiscriminadamente y legalmente a la población peruana.

-¿Hasta cuándo tienen previsto continuar con la misión?

-La última etapa es de análisis en Argentina. Nos vamos a tomar unos quince o veinte días para poder hacer un análisis detallado y poder presentarlo a organismos internacionales, como por ejemplo, la ONU, la OEA. Después lo vamos a presentar en la Santa Sede del Vaticano y en el Congreso Nacional de la República Argentina, y estamos viendo de poder presentarlo en el Congreso de Colombia y de Brasil, gracias a la participación de algunos diputados nacionales como Federico Fagioli que nos acompañó en esta misión.

-¿Qué han observado en los primeros días de presencia en Perú?

-Lo que hemos observado en Perú es una de las peores masacres de la historia reciente de los pueblos latinoamericanos. En nuestro país hermano se ha vulnerado todo tipo de derechos y hay una violencia homicida por parte de las fuerzas públicas de seguridad, como la Policía Nacional y el Ejército, que se ha cobrado más de 70 fallecidos. Hay una violación sistemática de la libertad de expresión, donde todo periodista que piense distinto, es perseguido. Hay una violación sistemática al derecho a reunirse y a la asociación. Hay detenciones arbitrarias de los principales referentes de los movimientos indígenas, campesinos, sindicales y territoriales. Hay un uso indiscriminado e ilegal de las armas de fuego por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad que ha dejado centenares de heridos con impacto de bala, los cuales no están siendo atendidos de forma correcta en los hospitales, porque también los hospitales son perseguidos. Hay allanamientos en instituciones o domicilios particulares de cada persona que se moviliza, de cada persona que se expresa públicamente en contra del gobierno de Boluarte. También nos llegaron denuncias acerca de desapariciones forzadas que nos recuerdan a los peores momentos de América Latina con los gobiernos dictatoriales. A mí me gustaría dejar claro que en Perú hay crímenes de lesa humanidad.

-Teniendo en cuenta las denuncias a nivel internacional sobre violación de derechos humanos, ¿cómo es la situación actual respecto al uso de la fuerza por parte de la Policía en las calles? ¿Hubo una disminución de la violencia estatal luego de los casos de menores heridos durante las protestas?

-La situación actual respecto al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y también del Ejército sigue siendo la represión indiscriminada. En varios puntos de Lima nos llegaron las denuncias de algunos heridos y de varios puntos del Perú, como por ejemplo, en el aeropuerto de Juliaca. Nos siguen llegando muchísimas denuncias de la represión indiscriminada y el uso de la fuerza para prohibir las movilizaciones. Por eso, tal vez hubo una disminución en relación a un mes anterior del aparato represivo; pero no creo que haya una disminución de la violencia estatal, sino que incluso el gobierno de Boluarte la está perfeccionando a través de la persecución ideológica y política a cada uno de los manifestantes, a cada uno de los referentes políticos, sindicales, indígenas y campesinos, que participan y se expresan libremente en las calles.

-¿Cuál es el clima que se vive en las calles? Considerando que es una crisis de larga data.

-En este contexto político donde el gobierno de Boluarte, en consonancia con el Congreso Nacional, con el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación, que buscan prioritariamente el disciplinamiento del pueblo pobre, del indio y del campesino, han logrado que gran parte de la población tenga miedo, tenga angustia, tenga dolor. Todo eso vimos estos días. Hay algunos sectores que nos dicen que van a seguir luchando y van a profundizar sus acciones. Entonces el clima que se está viviendo en las calles con algunas movilizaciones, algunos paros nacionales, no es el mismo con el que arrancó todo. Con ese disciplinamiento han logrado instalar el miedo a expresar las diferencias, el miedo a la participación de las protestas y las movilizaciones, el miedo a expresarse y reunirse libremente como viviríamos en una democracia.

-¿Cuáles son los reclamos que mantienen actualmente?

-Las movilizaciones arrancaron con dos reclamos fuertes, que son la renuncia de Boluarte y adelantar las elecciones. Pero en este último tiempo también se sumó una de las propuestas más renovadoras que fue la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de la época del fujimorismo.

-¿Hay instancias de diálogo?

-Por último, y creo que reforzando lo que venimos charlando, no hay instancia de diálogo. Dina Boluarte, desde el primer día, ha recurrido a las fuerzas públicas para reducir todo tipo de movilización, todo tipo de reclamo legítimo y pacífico del pueblo de Perú. Con el único sector que tiene diálogo Dina Boluarte es con las élites económicas. Incluso, cuando uno la escucha, ella nunca se refiere a los fallecidos como resultado de la represión indiscriminada del Estado, sino que hay un proceso de que las víctimas son consideradas como terroristas. Eso es algo que se ve comúnmente en Perú. Uno cuando se moviliza, se expresa diferente, ya es acusado de terrorista. Incluso, cuando nosotros pisamos Lima, apenas llegamos nos acusaron de terroristas y hay una anulación de toda persona que piensa distinto. No es que no hay instancias de diálogo, es que no existe la posibilidad de dialogar por parte de Dina Boluarte.