Patricia Isasa es una de las cinco personas que, de manera particular, presentó una denuncia contra el Presidente de la Corte Suprema en el marco del juicio político. A fines de los 90, cuando Horacio Rosatti era intendente de Santa Fe, en su calidad de ex detenida-desaparecida, denunció al represor Eduardo Ramos por su actividad en la dictadura y la comisión de delitos comunes. Ramos era trabajador municipal pero Rosatti culminó su mandato sin darlo de baja.

La Cámara de Diputados dio inicio al debate para elaborar un dictamen sobre el pedido de juicio político para los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Catorce proyectos de pedido de enjuiciamiento fueron girados a la comisión de Juicio Político, que tuvo su primera reunión la semana pasada. Las iniciativas fueron presentadas por legisladores, organizaciones de profesionales del derecho y cinco particulares.

Una de las ciudadanas denunciantes es Patricia Isasa, secuestrada durante la última dictadura. En su pliego acusa a Rosatti de haber encubierto al genocida Eduardo “Curro” Ramos cuando el actual ministro de la Corte fue intendente de Santa Fe, entre 1995 y 1999. Por este motivo, expondrá este 2 de febrero en la mencionada comisión.

Con apenas 16 años, Isasa fue secuestrada el 30 de julio de 1976 por un grupo de tareas y permaneció en calidad de desaparecida hasta fines de 1977. Fue “detenida” sin causa y torturada en las comisarías Primera, Cuarta y en la Guardia de Infantería Reforzada. Su testimonio fue clave durante el juicio de lesa humanidad donde se encontró culpable, en 2009, a Ramos, a Victor Brusa, a Juan Perizzotti, a María Eva Aebi y a Héctor Colombini. 

Durante los 90 la mujer se radicó en España y, a fines de esa década, regresó a Santa Fe. En ese momento supo que los genocidas del circuito de la represión local ocupaban cargos públicos: era el caso de Víctor Brusa (juez federal), Mario Facino (presidente comunal de Rincón), de Colombini (subjefe de Drogas Peligrosas) y de Ramos. Este último se desempeñaba en la Cultura de la Municipalidad de Santa Fe e Isasa lo reconoció como quien la secuestró a cara descubierta en su domicilio y uno de los que la torturó en los centros de detención clandestina donde permaneció secuestrada.

“Para digerir todo aquello hice un trabajo de investigación y en ese trabajo quedó demostrado que Ramos, además de haber participado activamente en la represión en el 76 y en el 77, para finales del 77 armó una bandita de policías que robaban en estaciones de servicio, robaban autos, entraban a moteles y robaban. Y utilizaban la misma metodología de la represión genocida. Esta banda asoló la ciudad, así lo decía el diario El Litoral que clamaba por la detención de esta gente, y a fines de 1977 los detuvieron”, cuenta la entrevistada. 

Al ser detenido —explica Isasa— Ramos reconoció en su declaración que era agente de inteligencia y que participaba del circuito represivo. Pese a esto, fue condenado por los robos  a 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez. Es decir: que si no cometía otro delito, podía permanecer en libertad. En 1985, por decreto 1104, fue nombrado empleado de la Municipalidad.

En 1997, con los documentos de su investigación, Isasa pidió una audiencia con el entonces intendente Horacio Rosatti para comunicarle sus hallazgos. “Aclaro que a esta entrevista la tuve porque cuando llegué a Santa Fe la gente decía que Rosatti lo tenía de matón a Ramos, pero a mi no me gustan los dimes y diretes. Pienso que cualquier persona en cualquier puesto jerárquico puede no conocer a todos sus empleados y, aunque lo conozca de vista, puede no saber su currículum. Me pareció que lo correcto era entrevistarme con el intendente y por eso lo hice, realmente creyendo que él no sabía”, afirma. El encuentro se realizó en los primeros días de febrero de 1998.

—¿Qué ocurrió durante esa entrevista?

—Le mostré a Rosatti toda la documentación sobre la causa de los policías que tenía por mi investigación y que Ramos se ufanó en su declaración —al ser detenido— de ser parte de la represión. También llevé el Estatuto de la Municipalidad, que decía claramente que este hombre no podía ser empleado. Primero, porque uno de los incisos exigía idoneidad y claramente él no era idóneo, por sus antecedentes, para trabajar en la Secretaría de Cultura. Segundo: para estar contratado no tenía que haber sido exonerado de la Policía y él, por la condena que tuvo, fue exonerado. Tercero: no tenía que haber cometido un hecho doloso y él cometió varios que redundaron en una condena. 

—¿Qué le contó en relación a su experiencia como ex detenida-desaparecida y a los antecedentes de Ramos como represor?

—Le conté mi historia subrayando la participación de Ramos, porque él me secuestró en mi casa a cara descubierta y me llevó a la Comisaría Primera, que en esa época funcionaba como campo de concentración, como un espacio de “ablande”. Le conté que me pusieron en cuclillas, encapuchada, que por decisión de Ramos estuve más de un día sin tomar agua. Por la cantidad de gente que había ahí ya no usaban esposas sino que nos ataban con trapos. Le conté que Ramos estaba en esa comisaría y que estaba identificado por muchas personas por abusos sexuales, secuestros y torturas. Le conté que el maltrato era muy grande, que nos pegaban y nos gritaban porque sí, que nos humillaban.

—¿Cuál fue su respuesta ante esto?

—Reaccionó con cara de nada, con una frialdad total. No le causó ninguna sorpresa.

—¿Qué hizo Horacio Rosatti entonces?

—No se comprometió a nada. Me dijo “ah, bueno, vamos a ver qué hacemos”. No me dijo nada concreto y Ramos siguió trabajando en la Municipalidad. Lo que se debería haber hecho es un sumario y dejarlo cesante con justa causa. Significaba cero pesos para la Municipalidad y un alivio para la sociedad. Pues no: lo encubrió.

Meses después, la sobreviviente prestó declaración ante el juez Baltasar Garzón, quien desde España había comenzado a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina entre 1976 y 1983. “Le conté quién era Ramos”, afirma. “Garzón me preguntó qué podía hacer por mí y yo le pedí por favor que pida las capturas”, recuerda. 

En octubre de 1998 se pidieron las capturas para Eduardo Ramos, Víctor Brusa, Juan Calixto Perizzotti, Héctor Colombini y María Eva Aebi. Todos fueron imputados en la causa de genocidio, terrorismo de Estado y torturas. A pesar de que el pedido de capturas tomó estado público, Ramos continuó trabajando en la Municipalidad. “Rosatti terminó su mandato en diciembre de 1999 con Ramos como su empleado municipal”, subraya Isasa. 

En el año 2000 se pidió la extradición para los represores y en 2001 se procedió a su detención tras un nuevo pedido de Garzón. “Ramos se dio a la fuga y se entregó en el Arzobispado, cuando el Arzobispado era regenteado por monseñor Storni, otro que también quedó manchado por sus vínculos con la represión”, rememora la entrevistada 

Al entregarse, el intendente Marcelo Álvarez dio de baja el nombramiento del genocida. “O sea que lo podían hacer. Como lo hizo Álvarez y como lo hizo [Roberto] Rosúa, entonces ministro de Gobierno, con Colombini. Rosatti le podía dar la baja a Ramos. No lo hizo porque lo encubrió”, enfatiza Isasa.

—Después de ser intendente, Rosatti fue nombrado Ministro de Derechos Humanos de la Nación en 2004 y tuvo un recorrido como docente en la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué le generaba a usted toda esa situación?

—A lo largo de los años vi cómo él fue cambiando de camiseta política. En el 98-99 era menemista, después se puso la camiseta radical para ser parte de la Universidad Nacional del Litoral, luego se puso la camiseta peronista-kirchnerista para ser primero Procurador del Tesoro de la Nación entre el 2003 y el 2004 y luego Ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005. Dicen que luego Kirchner lo echó porque descubrió que él ya se estaba poniendo la camiseta macrista porque —dicen— él iba muchas tardes a Boca cuando el club estaba dirigido por Mauricio Macri. Me duele mucho que esta gente tenga esos niveles de responsabilidad habiendo gente tan capacitada y tan idónea. Hay mucha gente mucho más capacitada que Rosatti con altísimos niveles éticos y morales. No acuerdo cuando dicen que toda la Justicia es un desastre, hay mucha gente idónea y duele ver cómo esta gente se encumbra. En Argentina nos debemos una Corte Suprema de la que estemos orgullosos y no una Corte que tenga un presidente que entró por la ventana, que se autovotó, que revivió una ley derogada por el Congreso como el 2x1 para dar impunidad a los genocidas. Recordemos que Rosatti también se metió por la ventana en el Consejo de la  Magistratura solamente para paralizarlo. Me parece vergonzoso. No nos merecemos esto porque es una situación que ofende.

—Usted mencionó el 2x1. ¿Qué reflexión hace sobre esa medida y la reacción popular que generó?

—Esa fue la medida de la ignominia, de la ofensa y del quantum de la herida social que le infringieron a toda la sociedad. Una sociedad que se puso de pie y dijo “basta, esto es demasiado”. Así fue como salimos todos a las plazas con un pañuelo blanco en la cabeza. En ese momento también dije que la actitud de Rosatti no me sorprendía. Estuve en C5N contando toda esta historia. Digo para que no digan que yo me acordé ayer de que hace 25 años le denuncié cara a cara a Rosatti quién era Eduardo Alberto Ramos y él no hizo nada que no fuera encubrirlo. 

—¿Por qué Rosatti incumple, como juez de la Corte Suprema, sus deberes de funcionario público?

—Esto no solo es incumplimiento de los deberes de funcionario público, es mal desempeño. Y el mal desempeño no es solo contradecir la ley escrita, como dijo Joaquín V. González, sino que también tiene que ver con una conducta proba de los jueces, con no contradecir pautas de conducta social. Él las contradijo en su historia como intendente al encubrir a un genocida y luego en la Corte votando el 2x1.

Plaza repleta contra el 2x1 en la ciudad de Rosatti

—¿Qué opina sobre el proceso de juicio político que se está desarrollando en el Congreso?

—Los juicios políticos son muy útiles para el país porque permiten la remoción de jueces de distintos niveles que no tienen una conducta acorde a su cargo. Yo lo viví con Víctor Brusa cuando pedí su juicio político y realmente me parece que fue un aporte a la sociedad. Esto no es un juicio penal. Es un juicio político donde se le exige a la persona una idoneidad que, a mi entender, Rosatti no tiene para el cargo.

—¿Cómo ve el rol de la oposición, que argumenta por ejemplo que esto es un “circo mediático”?

—Me parece peligroso que la oposición se autobastardee y que bastardee los espacios en los que participa. Esas groserías, esa chabacanería, esa cosa bizarra al estilo Durán Barba que tienen habla muy mal de ellos. No creo que todos sean así, no creo que toda la oposición sea tan burda. Están esos tres o cuatro que gritan en la comisión, que no dejan hablar, que no exponen sus ideas. Necesitamos una oposición, que también creo que la hay, que debata y que exponga ideas. Como ciudadana quiero escuchar eso, no quiero escuchar que esto sea algo propio de Tinelli. No nos merecemos eso como sociedad y los propios opositores tampoco se merecen bastardear la comisión de esa manera porque ellos mismos la integran. Quizás ellos tengan algún público muy bizarro que está muy fanatizado y entonces se regodea con esas aseveraciones, pero considero que la oposición también tiene que tener el rol de educar a su propia gente y de mostrar sus ideas. Lamento que lo que reluzca ahí sean tres o cuatro que gritan groserías, cuando creo que tienen gente capacitada para exponer sus ideas.

—A 40 años de democracia, ¿ve necesaria una reforma judicial?

—Como todo, las cosas duran un tiempo. Una persona usa un chupete un tiempo. Si ves a un chico de diez años con chupete ya es algo extemporáneo, ya no sirve. Pero ese chupete sí le sirvió en un principio para destetarse. Qué quiero decir con esto: no hay nada que dure mil años. Las cosas van cambiando. Lo que ayer era maravilloso hoy ya no sirve y necesita un ajuste. Creo en eso y creo que es posible y necesario. Hoy hay otros temas que la Justicia tiene que contener. Temas constitucionales, como el juicio por jurados. También hay otros temas que fueron surgiendo y hay que incorporar: la perspectiva de género en los delitos contra las mujeres y en el incumplimiento en cuestiones de Familia. Además, hay que darle más relevancia a los temas ambientales. A mi entender, debería haber salas constitucionales dedicadas a este tema porque es clave en la actualidad. Por otro lado, no es posible que cualquier juez pueda establecer el control de constitucionalidad de una norma votada por el Congreso. Podríamos tener ese control con salas y estructuras que se dediquen específicamente a eso. Si no, tenemos una inestabilidad muy grande, una debilidad como democracia. Finalmente, que los jueces no solo puedan ser removidos sino también elegidos. Como se eligen en Estados Unidos, por ejemplo. Esta cosa cortesana del siglo XVII ya no va. Hay que tener nuevos diseños.