En la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, por fin se aprobó la moratoria previsional, que abarca a 800 mil trabajadores adultos mayores que no hicieron todos sus aportes en su momento. En Santa Fe: peronistas y socialistas a favor, radicales y PRO en contra.

Una ama de casa es una trabajadora. Un albañil con el lomo roto que nunca pudo ser empleado en una empresa es un trabajador. Trabajadores y trabajadoras rurales, de los verdaderos trabajadores, son trabajadores. En Argentina, la parte gruesa de los trabajos más físicos y demoledores está en la economía informal, que representa a un tercio del mercado laboral de forma estable durante las últimas décadas.

El martes 28 de febrero por la tarde, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la moratoria previsional, que reconoce el derecho a la jubilación a unas 800 mil personas, según reporto la titular del Anses, Fernanda Raverta. Inevitablemente, conocés a uno: según un estudio del CEPA, sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria hicieron sus 30 años de aportes y están en condiciones formales de jubilarse. De esas 800 mil personas, 48 mil son de Santa Fe.

El proyecto de moratoria previsional actualiza un sistema que se aplica desde el 2004 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, que fue renovado en el 2014 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y limitado en el 2017, en tiempos de gestión de Mauricio Macri. Macri creó para quienes no alcanzan los aportes necesarios la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que equivale al 80% del valor de la jubilación mínima. Una infrajubilación.

El tratamiento de la moratoria había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo. En la sesión de ayer volvieron a intentar el bloqueo del tratamiento de la ley, pero no pudieron.

La sesión se inició cerca de las 11:00, con la presencia de 129 diputados –el número exacto para el quórum reglamentario– entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FDT), cuatro al Frente de Izquierda, la misma cantidad al Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro al interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando 'Topo' Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).

La votación, con 134 votos afirmativos, sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los y 107 negativos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios.

Así votaron los diputados y las diputadas de nuestra provincia

A favor: Germán Martínez, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, Vanesa Massetani, Magalí Mastaler y Alejandra Obeid (Frente de Todos); Enrique Estévez y Mónica Fein (Socialismo).

En contra: Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y José Núñez (PRO); Mario Barletta, Ximena García y Juan Martín (UCR); Victoria Tejeda (Evolución Radical); Laura Castets (Coalición Cívica).

El derecho a no trabajar en la vejez

La moratoria previsional es el reconocimiento del derecho a dejar de trabajar. Además, quita la obligación de sostén económico a las familias que rodean al adulto mayor que ya encara la fase de descanso de su vida y formaliza su relación con la economía.

Hay dos argumentos generales –que se pronunciaron en el recinto– para oponerse a la moratoria. El primero es de racionalidad económica y el segundo es moral.

El de racionalidad económica versa sobre la "sustentabilidad" del sistema previsional, algo que depende más de la formalidad laboral, su estímulo y control, y de la pura decisión política, no contable, de cómo se usan los recursos corrientes del Estado (los impuestos, la tuya). Es notable, en este sentido, observar las variaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el FGS), el "pozo" de la Anses que es el colchón de recursos último de la seguridad social.

A un año de la estatización de las jubilaciones privadas, en noviembre de 2009, el FGS tenía un colchón equivalente a 35.700 millones de dólares. En diciembre de 2015, ese monto había crecido a 48.177 millones de dólares. Para diciembre de 2019, había caído a 40 mil millones de dólares. Según el último dato, al segundo bimestre de 2022 se había recuperado a 48.770 mil millones.

Por otro lado, el argumento moral versa sobre si tiene o no derecho una persona mayor a jubilarse, en la medida en que "no aportó" en su momento. Un corolario del argumento moral es tratar al segmento más explotado del mercado laboral y, en particular, a las mujeres, como si fuesen holgazanes que pasaron toda su vida rascándose el higo. Esos enunciados suelen salir por boca de diputados como José Luis Espert y afines.

El argumento moral se nutre de una imagen equivocada del funcionamiento de la seguridad social, que es un flujo y no un alcancía. La plata que se aporta no va a una caja y queda guardada para la vejez. A los trabajadores pasivos se les paga con aportes de los trabajadores activos y de los impuestos generales. Los trabajadores registrados que aportan hoy son los que pagan las jubilaciones de hoy. Y es la población en general, a través de sus impuestos, la que decide si una persona que se pasó la vida doblada levantando papa puede, al menos, cobrar la jubilación mínima y descansar un rato antes de morir.