El fiscal Carlos Stornelli deberá explicar por qué ordenó discontinuar la investigación sobre los chats filtrados en que los Silvio Robles (secretario de Horacio Rosatti) y el ministro de Seguridad porteño hablaban sobre causas judiciales como "Coparticipación" y "Consejo de la Magistratura".

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará este martes el proceso de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En ese marco, los diputados que integran la comisión citaron al fiscal federal Carlos Stornelli para que exponga por qué dispuso el cierre de la causa en la que se investigaban los presuntos chats filtrados que se enviaban Silvio Robles, secretario de Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. En dichos mensajes se mencionaban causas como "Coparticipación" y "Consejo de la Magistratura".

Además se convocó a la titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, María Roteta, al ex senador nacional por la Unión Cívica Radical y ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla, y al secretario judicial número 4 de la Corte, Sergio Napoli.

La citación a Stornelli fue solicitada por el presidente del bloque del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez, tras las exposiciones realizadas en la Comisión por los jueces federales Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata y Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Comodoro Py. Finalmente, el llamado a declarar fue votado el pasado jueves.

Desde Comodoro Py, Sebastián Ramos archivó una denuncia vinculada a los chats que involucran a D'Alessandro con Robles. El pasado 23 de febrero, cuando le tocó prestar declaración ante la Comisión de Juicio Político, afirmó haber actuado a instancias de Stornelli. El argumento utilizado por el fiscal en su dictamen sobre la investigación fue que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Además de Ramos Padilla y Ramos, en la primera audiencia testificaron Sergio Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Cristian Abritta, ex titular de la Secretaría Judicial N° 5; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios; Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N° 2 y Roberto Saggese, vocalía de Rosatti.

¿Asistirá Stornelli?

Por estas horas se desconoce si Carlos Stornelli declarará ante la Comisión de Juicio Político. Tras los rumores de que podría no presentarse, la titular de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó a través de Twitter las consecuencias que implicaría para el funcionario judicial no responder a la citación del Congreso.

"El juicio político está regulado en la Constitución Nacional, en los arts. 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de la Cámara de Diputados y por el Reglamento Interno de la Comisión. Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio", señaló la legisladora.

Y completó: "Si no lo hicieran, se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Ministerio Público Fiscal sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda correspondan".

El juicio político está regulado en la CN en los arts. 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de @DiputadosAR art.90 y por el Reglamento Interno de la Comisión.
Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 26, 2023

Tras la apertura de las sesiones ordinarias

La reunión del próximo martes continuará el proceso iniciado a fines de enero, cuando la Cámara de Diputados comenzó a tratar el pedido de juicio político motorizado por Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Se prevé una reunión tensa desde el punto de vista político: el PRO presentó un proyecto de repudio a las declaraciones de Alberto Fernández en la reciente Asamblea Legislativa. Por su parte, el peronismo de Consenso Federal pide que se deje sin efecto lo actuado en el proceso en relación a la causa de Coparticipación.

En el acto del pasado miércoles ante el Congreso, el mandatario volvió a criticar a los ministros de la Corte por el fallo sobre coparticipación que favorece de la ciudad de Buenos Aires. Al respecto expresó: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró, mediante cautelar, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria".

En esa línea, agregó: "La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado nacional".

Debido a esos dichos Graciela Ocaña, legisladora del PRO, presentó un proyecto para que de repudio del discurso presidencial. El bloque de Juntos por el Cambio leyó los dichos de Fernández como "un apriete del Ejecutivo sobre investigaciones ligadas a la corrupción en el Gobierno" y un "ataque desesperado del Frente de Todos".

El texto plantea: "Expresar su más enérgico repudio ante el discurso emitido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con motivo de la apertura de las Sesiones ordinarias. Las expresiones vertidas configuran una intromisión inadmisible en asuntos judiciales en trámite, expresamente vedada por el artículo 109 de nuestra Constitución".

Por su parte, el integrante de la Comisión de Juicio Político, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal) presentará —informó el medio Parlamentario— una solicitud de nulidad de lo actuado en el expediente 6905D2022, en lo referente a la causa de Coparticipación.

El bonaerense Rodríguez aseguró que el presidente "se inmiscuye en el trámite y pretende condicionar el resultado" del proceso de juicio político. Sostiene que el primer mandatario no puede usar las atribuciones que le da el cargo y, con su accionar, "pretende influir en el resultado del proceso".