Se sumaron dos capítulos a lo que ya es un leitmotiv de la contienda política argentina de los últimos años: la judicialización de la política por medio de la persecución a Cristina Fernández de Kirchner.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Justicia ordenó que cese la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 9 de marzo, se publicaron los fundamentos de su condena en la causa Vialidad, donde explícitamente los jueces dicen que no hay pruebas, sino sólo indicios.

Dos días intensos de lawfare contra CFK, impulsados por un conjunto de magistrados de inquebrantable línea macrista.

Acá no ha pasado nada

Los camaristas federales Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi instaron el 8M a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral por el intento de asesinato de la vicepresidenta. Los camaristas ordenan así cerrar las investigaciones en curso, que apuntaban tanto al financiamiento de los acusados como a la relación con el diputado nacional Gerardo Milman, ex segundo del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Llorens es un integrante del equipo de fútbol Liverpool, que juega en la liga que tiene lugar en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. En el mismo equipo también está el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal, son los responsables de haberlo sobreseído en la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan, además de haber validado como prueba y de innumerable cantidad de fallos cortados todos por el mismo criterio: a favor de Macri, en contra de CFK.

En el tratamiento de la causa por el intento de asesinato a CFK, estos camaristas ya había negado la recusación de la jueza Capuchetti, sosteniéndola en la causa, y en noviembre del año pasado habían liberado a los integrantes de Revolución Federal e instado también a la elevación a juicio.

Cabe recordar, la investigación del intento de asesinato a CFK comenzó con el borrado del celular de Fernando Sabag Montiel, que pasó por manos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Quedarían así como únicos acusados Sabag Montiel –quien gatilló–, Uliarte (la novia de Sabag Montiel) y Carrizo (el que les dio los copos de azúcar para vender). La Justicia así refrenda la teoría de los “loquitos sueltos”, que rápidamente se instaló en los medios de comunicación

Pruebas... ¿para que?

De entrada nomás, los fundamentos del fallo de la causa Vialidad advierten: no hay pruebas fehacientes, sólo indicios. Ni siquiera el diario La Nación lo puede ocultar, y lo expresa de este modo: “Si bien en la causa no hay una prueba que acredite por sí sola que la vicepresidenta ordenó las maniobras de estafa al Estado, los jueces afirmaron que su responsabilidad surge con “evidencia” del análisis de la “película completa” de los hechos analizados en este caso”.

Con indicios y el análisis de sólo tres obras de 51 en total –todas con irregularidades menores y normales en todas las obra públicas– le alcanzó a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso para condenar a seis años de prisión y proscribir a CFK.

Como el fiscal de la causa, Diego Luciani, Giménez Uriburu integra las huestes de Liverpool, un equipo de fútbol que juega en una liga de la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.

En la apelación, a CFK la esperan los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Borinsky y Hornos son los jueces que fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, acusación por la que fueron sobreseídos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Decía que iban a jugar al paddle. Tras ellos está la Corte Suprema, también ejemplo de coherencia en los fallos favor del macrismo. De allí que se entienda: la proscripción no es algo que deba leerse en clave jurídica, sino política.

El delito, administración fraudulenta, sólo puede ser cometido por niveles inferiores del organigrama del Estado: en primer lugar, el funcionariado provincial de Santa Cruz y, como máximo, el ministro responsable de área y el Jefe de Gabinete.

Rompiendo la cadena de responsabilidades –establecida en la propia Constitución– los jueces consideraron que el tema era la relación entre el contratista –Lázaro Báez– y la presidenta; relación que tampoco pudieron probar nunca. De hecho, utilizan como fundamento los alquileres –registrados y a precio de mercado–, que Báez hizo de los hoteles de la familia Kirchner, un elemento que no forma parte de la causa Vialidad y por los que CFK ya fue sobreseída (causas Hotesur y Los Sauces).

Además, usando como única “prueba” chats de celular pinchados que sí se admitieron en otro juicio y que el fiscal introdujo de prepo en el alegato, los jueces consideraron que sí existió una reunión en Santa Cruz posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, entre “funcionarios y empresarios” de la cual dieron por probado que participó CFK, pese a que su defensa lo negó con prueba documental periodística audiovisual durante el juicio oral. CFK había estado en otra parte. A los jueces esto les importa en nada y no sólo vuelcan explícitamente la duda en contra de la acusada, sino que descartan la necesidad e importancia de tener prueba del encuentro donde se habría operado la limpieza de pruebas.

Copiamos y resaltamos en extenso esta desvergüenza, clave en la comprensión de cómo se justifica a sí mismo el lawfare.

No hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Las “hipótesis” pasan a ser pura realidad. Eso quiere decir analizar la “película completa” cuando no hay una sola prueba y sólo un conjunto de “indicios”, refutados por la defensa como en el caso de este encuentro decisivo. La “película” es un cuento. O un relato, un relato macrista. Los propios jueces parecen decir, como en un fallido, que estamos ante un gran cuento, que no es nuevo en Sudamérica y que ya se vio cuando encarcelaron a Lula Da Silva.