En momentos de crisis de nuestros ecosistemas, se hace imprescindible recuperar conceptos y debates actuales en torno al ambiente. La especialista Gabriela Merlinsky propone argumentos para la reflexión.

Incendios de bosques y humedales, contaminación con agroquímicos, monocultivos, deforestación. Estamos destruyendo el ambiente y él “se está rebelando”: una seca impiadosa arrecia campos y cursos de agua y, paralelamente, sobrevienen precipitaciones inusuales. Estamos padeciendo la ola de calor más grave de las últimas décadas.

La doctora en Ciencias Sociales Gabriela Merlinsky lo advierte, con cifras, en su libro Toda ecología es política: “En 2020 el fuego avanzó sobre humedales y bosques en 22 provincias argentinas, y afectó a una superficie de 900 mil hectáreas. Entre 2017 y 2020 el país perdió 8 millones de hectáreas de bosques por la agricultura y la ganadería intensivas. La deforestación agrava las situaciones forzantes del cambio climático y genera fenómenos extremos como sequías y fuertes tormentas. Es por eso que, en la Argentina, la amenaza permanente que pesa contra bosques y humedales debe considerarse una alerta mayor. Se trata de un punto crítico de no retorno”.

Las luchas ambientales se vuelven imprescindibles y la batalla debe darse también en las teorías y los discursos.

Naturaleza y ontologías

Merlinsky dialogó con Pausa con ocasión de la realización del simposio Ecologías políticas y ontologías del agua, en noviembre pasado, en la FHUC (UNL). “Esto de las ontologías del agua es un poco desafiar nuestras discusiones”, reconoció la coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSC- UBA). Es cierto: el término ontología, muy utilizado en filosofía, “tiene que ver con el estatuto de la realidad”. Trasladarlo al ámbito de la sociología ambiental implica revisar ese estatuto.

“En los temas ambientales hay una ontología de la Modernidad que dice que la naturaleza es una cosa y lo humano es otra. El hombre domina el mundo con la razón. Y ese es, precisamente, el gran drama de la Modernidad”, sostiene la investigadora. Y asevera: “Hasta el siglo XX lo podíamos creer y sostener. En el siglo XXI lo seguimos sosteniendo pero es imposible ya creerlo. Porque los grandes cambios que se vienen dando nos demuestran que es la Tierra la que se rebeló, como dice (el sociólogo francés Bruno) Latour”.

La concepción de ambiente como ‘entorno’ ya no es sostenible. Porque “el ambiente se rebela” y eso implica la existencia, en él, de “actores que tienen interferencia en nuestras vidas”. Actores de la naturaleza. No vamos a poder salir de este laberinto que nos conduce a más crisis si pretendemos que la vida continúe tal como la conocemos.

—¿La vida en general?

—En general. La vida de las plantas, la nuestra, la de los ríos. Hay una discusión ontológica: hasta que no modifiquemos esa forma de mirar y dejemos de pensar que eso es un escenario, hasta que no lo consideremos como algo activo, no va a cambiar esta ontología dual que tenemos.

Justicia ambiental

La investigadora principal del Conicet rescata un detalle de las últimas dos movilizaciones globales de jóvenes contra el cambio climático: la aparición de un cartel que rezaba ‘Justicia ambiental es justicia social’. De Perón en adelante, los argentinos tenemos internalizado el concepto de justicia social. Pero en el resto del planeta, su irrupción es disruptiva porque marca el inicio de “un cruce entre las agendas” de la cuestión social y la de la cuestión ambiental.

“Cuando la gente reclama justicia ambiental está diciendo dos cosas. La primera, que así como hay una discusión distributiva en economía, sobre cómo en una sociedad se redistribuye el ingreso, también hay un elemento redistributivo en lo ecológico. Ellos plantean, por ejemplo, que los flujos del agua se mueven en relación a los flujos del poder. Vos agarrás cualquier mapa de agua potable y saneamiento en cualquier ciudad de la Argentina y vas a tener que las clases medias y altas tienen cobertura del 100%, y los sectores populares de un 40 o un 50. Que el agua vaya en la dirección del poder es una injusticia ambiental, no solo económica. Cualquier actividad económica tiene carga sobre el ambiente. La pregunta es cómo se distribuye esa carga: a quién le toca. En América Latina, los sectores populares tienen la mayor carga de los pasivos ambientales”, afirma.

El otro eje gira en torno al debate por el reconocimiento. “Aunque las cuestiones distributivas son importantes, no son el único tema central del discurso por la justicia ambiental”, explica Merlinsky en Toda ecología es política. Así, en los movimientos ambientalistas “la definición de los agravios se relaciona también con diferentes formas de exclusión social, económica y política, con cuestiones de raza, género, clase e identidad y con distintas modalidades de imperialismo cultural. Por eso, lo que impulsa a las personas a movilizarse en un reclamo por justicia es su destitución como actores con derecho a intervenir en asuntos que los implican individual y colectivamente”.

Los conflictos y su productividad

Para Merlinsky, lejos de ser algo a intentar evitar, “el conflicto es una forma de sociabilidad política”. Y son, más temprano o más tarde, productivos. Esa productividad gira en torno a tres grandes temas: los lenguajes de valoración, los comunes y las políticas del conocimiento.

“En todo conflicto, los actores afectados te dicen ‘yo estoy defendiendo este territorio porque tiene una historia, porque mi comunidad es parte de esa historia, porque este cerro no es intercambiable con otro, no se puede trasladar ni destrozar’. No están dispuestos a traducir a dinero los lenguajes con los que se nombra ese territorio”. Eso son los lenguajes de valoración. “Se trata de la vida definida desde una trayectoria, desde una tradición, desde un mundo de vida común. Son otros lenguajes, no crematísticos (no relacionados con el dinero)”.

Los comunes, en tanto, se definen como aquello que “no puede ser objeto de propiedad privada, porque pertenece a las generaciones futuras y a la comunidad en su conjunto”. “El agua es un común: un río no puede ser propiedad de una persona; ni siquiera del Estado. Las semillas deberían ser comunes, aunque están patentadas. Los bosques, que no pueden ser talados para plantación forestal o para soja”.

Finalmente, las políticas del conocimiento convocan a abrirnos al nuevo “juego de disciplinas”. De lo contrario, “nunca vamos a poder entender” los procesos que se vienen dando en materia ambiental. Esos procesos no son “del dominio de la biología, de la sociología, ni siquiera del dominio de las dos juntas, porque todo esto nos muestra la importancia del conocimiento transacadémico”.

—¿No son a veces los activismos ambientales sólo conflicto?

—Eso se cruza con el otro campo, que es esta corriente de análisis llamada ecología política. Nuestros temas están siempre muy disputados. Para la ecología política, se trata de analizar de qué manera hay fuentes de poder social en la economía, en la biología, en la construcción de los Estados, que tienen incidencia sobre la vida, la protección de las especies y los ecosistemas. No es mirar los ecosistemas como si fuéramos biólogos ingenuos: estudiamos las plantitas, las clasificamos, descubrimos que una plantita se está extinguiendo, hacemos un aviso. La ecología política juega con los sistemas de poder que hacen que la plantita se esté extinguiendo. ¿Por qué se extingue? Porque hubo una deforestación ahí, se dio el avance de un proyecto extractivo. Entonces, cuando vos me decís ‘todo es conflicto’, no es que somos caprichosos. Hay elementos estructurales que lo generan. Una puede decir ‘discuten todo el tiempo’, pero para que haya cambios hay que poder intervenir en el sistema político”.

En este punto, Merlinsky rememora la causa Mendoza, surgida en 2004, en la que un grupo de vecinos de provincia y ciudad de Buenos Aires, encabezados por Beatriz S. Mendoza, presentaron una acción judicial contra la Nación, la mencionada provincia y CABA, reclamando daños y perjuicios por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En 2008, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó al Estado a dar respuesta a esa grave situación socioambiental, basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ello fue posible, argumenta, porque habían “cambiado las relaciones de fuerza y es la Corte la que leyó que era un momento político oportuno para intervenir. A partir de entonces, se genera una causa colectiva y se puede ir a la Corte y decir ‘el Estado no cumplió en proteger el ambiente’. Se instituye un campo de política ambiental. Eso pasó porque hubo conflicto ambiental.No pasó de arriba a abajo, pasó de abajo para arriba, como todas las transformaciones sociales, en general”.

—Otorgarle agencia a la naturaleza, ¿no implica una cuota de misticismo?

—Cuando la gente que lucha contra las quemas dice ‘somos el humedal’, le está dando agencia al humedal, porque se da cuenta de que no hay otra manera. No está siendo escuchada ni por la política.

—Es la forma de posicionarse.

—Totalmente. Para los pueblos indígenas no es algo extraño. Tienen otro lenguaje de valoración. Lo que pasa es que el lenguaje de la economía neoclásica domina, junto con el capitalismo, nuestra forma de valorar. Pero hay otros lenguajes, que no son crematísticos, que incorporan otras agencias, otros sentidos de la vida, y en esas otras agencias también está la naturaleza sentida de otro modo. Como algo en lo que lo humano y lo no humano tiene continuidad: ‘yo son con’. Nosotros no lo podemos ver porque somos modernos. Pero sí podemos volver a esa discusión, retomarla donde quedó. Porque de los dos millones de hectáreas de humedales que hay en esta región, ya se quemó un millón. ¿Podemos seguir viviendo sin los humedales? ¿Podemos seguir postergando la discusión? No creo que por mucho tiempo más.