Una joven fue privada del derecho a interrumpir una gestación en 2013, pese a que su vida estaba en riesgo por el embarazo. Ahora su familia reclama ante los organismos internacionales de derechos humanos que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad. El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas del mundo al respecto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la próxima semana el caso "Beatriz", clave en el debate por el derecho al aborto en El Salvador. Beatriz es el nombre con el que se conoce a la joven a la que joven a quien la Corte Suprema de Justicia del país le negó en 2013 la posibilidad de interrumpir el embarazo.

El país tiene una de las leyes más restrictivas en esta materia, al prohibir todo tipo de aborto y castigar con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de ese tipo.

Beatriz tenía 22 años y vivía en una situación de extrema pobreza en el Cantón La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco, El Salvador. Padecía insuficiencia renal, artritis reumatoidea y lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico.

En febrero de 2013 se le diagnosticó un embarazo de once semanas. Días después el personal de salud le informó que existía una malformación congénita del feto con anencefalia, condición incompatible con la vida extrauterina. Se le indicó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de que ella muriera. 

Ante la prohibición de aborto terapéutico en la legislación de El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de Beatriz. La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró “no ha lugar” la demanda ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.

El 3 de junio Beatriz comenzó con trabajo de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea, y el feto anencefálico falleció cinco horas después.  La joven murió cuatro años después, en 2017, en un accidente de tránsito. "El Estado tuvo que haberle garantizado sus derechos y no tuvo que someterla a ese sufrimiento", sostiene la familia.

En el juicio ante los organismos internacionales de derechos humanos, los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad internacional del país por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y por el derecho a la salud.

En la próxima audiencia pública, que se realizará el 22 y 23 de marzo, en la sede de la CIDH en Costa Rica, está prevista la declaración de 42 personas propuestas tanto por los demandantes como por el Estado de El Salvador.

“La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la hemos retomado y vamos a seguir hasta que se haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar", dijo en rueda de prensa el hermano de Beatriz, quien pidió ser identificado solo como Humberto.

El presidente Nayib Bukele descartó en septiembre de 2021 que el proyecto de reformas a la Constitución que entregaría a la Asamblea Legislativa incluiría cambios a los artículos que regulan el aborto, matrimonio y una muerte digna.